miércoles. 19.06.2024
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A primera hora de la mañana del pasado lunes 29 de mayo, nadie sabía nada del adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. Sin embargo, muy poco después, todo el mundo parecía conocer las razones que había tenido el presidente Sánchez para adoptar esa decisión. Esto no es más que una modesta prueba de la densidad de politólogos por metro cuadrado que somos en este país.

Y no es que deban de estar equivocadas la mayoría de esas razones. Yo estoy seguro de que, en el catálogo de escenarios que manejaba Moncloa, no faltaba el de una posible debacle para el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Por eso, ya habrían valorado la posibilidad de tener que adelantar las elecciones generales y las ventajas que, eso, tendría en términos de controlar la agenda política, dificultar los pactos entre PP y VOX, activar inmediatamente al partido socialista en modo electoral y acelerar la convergencia de los grupos de izquierda, previsiblemente necesarios en una futura coalición. Por supuesto que todo eso lo debían tener analizado. Si todos los demás hemos sido capaces de darnos cuenta de ello, es inimaginable que en Moncloa no lo hubieran pensado antes.

La iniciativa se trata de una potestad personal para la que no tiene que consultar con su partido, ni con su gobierno ni, siquiera, con el jefe del Estado

Seguramente, también, habrán tenido en cuenta la extraña composición de lugar que se hacen muchos cargos públicos. Al igual que Florentino Pérez ha dicho alguna vez que hay grandes jugadores de fútbol que han nacido para jugar en el Real Madrid, hay quien piensa que ha nacido para ocupar el cargo público que ocupa y que, por consiguiente, le pertenece por derecho natural. En el PSOE, por tanto, puede haber quien crea que Pedro Sánchez es responsable de haberle hecho perder su cargo municipal o autonómico pero no le reconozca ningún mérito en 2019 para acceder a ese mismo cargo cuando el viento soplaba a favor.

Todo lo anterior es entendible, pero quedarse ahí sería olvidar las dos razones principales para adelantar las elecciones generales y es que, el presidente Sánchez, podía y, posiblemente, debía hacerlo.

El presidente del gobierno puede, según el artículo 115 de la Constitución Española, disolver las cortes y convocar elecciones generales en cualquier momento. La iniciativa se trata de una potestad personal para la que no tiene que consultar con su partido, ni con su gobierno ni, siquiera, con el jefe del Estado. Lo otro, la deliberación de un consejo de ministros designados por el presidente, el decreto del jefe del estado, si no borbonea, y la publicación en el BOE no son más que formalidades constitucionales.

Y, respecto del deber de convocarlas, el tema puede ser más discutible. El anterior presidente del gobierno, por ejemplo, ante la tesitura de ser censurado por el Parlamento o convocar elecciones, tiró por la calle de en medio: se fue de copas. Pero, desde un punto de vista democrático, según los usos que se estilan en eso que se llama los países de nuestro entorno, cuando un gobierno sufre un revolcón como el que, indirectamente, ha recibido el actual gobierno español, debe solicitar la confianza, como mínimo del parlamento y, mejor aún, del electorado.

La convocatoria de elecciones en dos meses parece un ejercicio obligatorio por parte del presidente del Gobierno censurado

Porque, ojo con las elecciones municipales. Un apunte histórico nos llevaría al 14 de abril de 1931, cuando los grupos monárquicos obtuvieron un número de concejales inferior, pero no mucho, a los de los partidos republicanos en las elecciones municipales celebradas ese día. Pues bien, eso, que se interpretó como un plebiscito sobre la monarquía, ocasionó el exilio del rey de España, la proclamación de la Segunda República y la convocatoria de elecciones generales, constituyentes, para dos meses después.

Ahora salvemos todas las distancias existentes entre abril de 1931 y mayo de 2023. En el plebiscito indirecto sobre el gobierno de Pedro Sánchez, resulta que los grupos que apoyaron su investidura han obtenido más concejales, pero no mucho, que los partidos de la oposición. Sin embargo, la distribución geográfica de esos concejales y, sobre todo, el número de votos para obtenerlos, favorece claramente a la derecha y posibilita la lectura de un auténtico varapalo al gobierno. Es cierto que se van a defraudar los que quisieran el exilio de Sánchez y de, obviamente, los que desearan la proclamación de la Tercera República. Pero la convocatoria de elecciones en dos meses parece un ejercicio obligatorio por parte del presidente del gobierno censurado.

Que no encarguen el alboroque porque no hay, todavía, ningún cadáver que celebrar. El moro no está muerto

Y hacerlo cuanto antes. Los que han acusado siempre a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo, no deberían, ahora, criticarle por las prisas en convocar esas elecciones. Tienen la posibilidad de irse ya preparando para acceder al poder por el que tanto suspiran. Los supuestos descontentos del PSOE pueden ir haciendo acopio de dimisiones en la ejecutiva para forzar un congreso extraordinario, aunque habría que estar seguros de que Sánchez les facilitaría las cosas con su más que probable dimisión en el caso de que se confirme la censura. Al fin y al cabo, ambas situaciones no serían nuevas. Y los interesados en la gobernabilidad del país saben que un nuevo ejecutivo va a disponer de tiempo suficiente para preparar los presupuestos generales de 2024. Incluso, Europa va a disponer de un presidente semestral no "interino" hasta diciembre de este año. Por todo eso, Pedro Sánchezdebía convocar esas elecciones de manera inmediata.

Pero, que nadie crea que la oposición al sanchismo es ahora como dar lanzada a moro muerto. Y que no encarguen el alboroque porque no hay, todavía, ningún cadáver que celebrar. El moro no está muerto.

De un 14 de abril a un 28 de mayo