“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. No lo digo yo. Es lo que dice el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Una afirmación rotunda y que parece debiera cumplirse para poder considerar que un poder público es legítimo y democrático. Sin embargo, los ejemplos concretos de su incumplimiento, justamente en los países que más alardean de ser los grandes defensores los derechos humanos, se podrían contar por cientos o miles.
Voy a poner tan solo uno referido a lo que está ocurriendo en Gaza.
Una encuesta realizada en Estados Unidos el 18 y 19 del pasado mes de octubre mostró que el 66% de los votantes estadounidenses están “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con la siguiente afirmación: Estados Unidos debería pedir un alto el fuego y una reducción de la violencia en Gaza.
Sin embargo, el gobierno de Biden no sólo no reclama ese deseo de la gran mayoría de su pueblo sino que ha negado taxativamente cualquier posibilidad de que haya alto el fuego o de que Estados Unidos lo reclame.
Una encuesta en Israel en julio de este mismo año mostraba que una mayor parte de su población estaba a favor de acuerdos de paz basados en una solución de dos Estados
En el Reino Unido, el porcentaje de los ciudadanos que desean el alto el fuego es aún mayor que en Estados Unidos: el 76%, según otra encuesta. El gobierno de Rishi Sunak no sólo no ha hecho suyo ese deseo sino que ni siquiera votó a favor del envío de ayuda humanitaria a Gaza en Naciones Unidas.
En Canadá, el 35% de la población cree que debería pedirse un alto el fuego temporal para ayuda humanitaria y otro 30% uno total e inmediato. Al menos, su primer ministro, Justin Trudeau, ha reclamado una pausa humanitaria lo suficientemente larga como para volver a encaminarse hacia una solución de dos Estados.
En Gaza, el 62% de la población estaba en contra de que Hamás rompiera el alto el fuego y la mitad pensaba que debería dejar de pedir la destrucción de Israel y aceptar una solución permanente de dos Estados basada en las fronteras de 1967.
Las potencias que podrían instaurar la paz en Gaza, así como el de Israel y Hamás, están actuando en contra de la voluntad de sus pueblos
Una encuesta realizada en Israel en julio de este mismo año mostraba que una mayor parte de su población estaba a favor, entre otras cosas, de acuerdos de paz basados en una solución de dos Estados, establecer un mecanismo de coordinación conjunto israelí-palestino-jordano para evitar la escalada y reducir las tensiones en los lugares sagrados de Jerusalén, o de cooperar con los palestinos para afrontar mejor la crisis climática. Sólo un 11% prefería seguir con la situación actual: luchar por la disuasión militar junto con el alivio económico, a cambio de calma.
Desconozco si hay más encuestas sobre este tema en otros países. Las que he mencionado me parece que son suficientes para mostrar que los gobiernos de las potencias que podrían instaurar la paz en Gaza, así como el de Israel y Hamás, están actuando en contra de la voluntad de sus pueblos. Lo mismo que en muchas otras cuestiones también de gran importancia.
Los gobiernos no toman en cuenta lo que desea la mayoría de la población de sus países cuando adoptan las grandes decisiones de las que depende nuestro bienestar, la vida en el planeta y la paz. Si cumplieran con lo que dicen las leyes que ellos mismos han elaborado y dicen defender, y con las declaraciones, compromisos y tratados internacionales que han firmado, el mundo sería de otro modo, creo que mucho mejor. Muy posiblemente, ni ahora habría guerra en Ucrania, ni Hamás hubiera realizado su criminal matanza terrorista, ni Israel estaría cometiendo un genocidio en Gaza.
