@Montagut | Después de la intensa persecución ejercida tanto desde el Estado como desde la Iglesia en el reinado de Fernando VII contra los miembros de las sociedades secretas y de la masonería, la reina Gobernadora promulgó el día 26 de abril de 1834, a los pocos meses de fallecido el monarca, un real decreto que concedía la amnistía a todos los que habían pertenecido a sociedades secretas, aunque imponía también penas a quienes en lo sucesivo perteneciesen a las mismas.
El poder seguía considerando a las sociedades secretas como algo peligroso, por el mismo hecho de su condición, pero también era consciente de que el régimen anterior era distinto, sin libertades y parecía conveniente practicar la magnanimidad, pero, una vez que se estaban reconociendo y promulgando libertades ya se consideraba legítimo que se castigara a quien tomase la decisión de pertenecer a alguna de estas sociedades porque dicho ejercicio no sería ya excusable.
Se promulgó la amnistía a todos los que habían pertenecido a sociedades secretas, aunque imponía penas a quienes en lo sucesivo perteneciesen a las mismas
Las penas por pertenecer a las sociedades secretas ya no serían tan extremadamente duras. Los que formasen parte de ellas o colaborasen a su sostenimiento serían inhabilitados para el desempeño de cargos públicos, y se establecían penas de privación de libertad de entre dos y seis años para los responsables de las mismas, es decir, sus jefes o dirigentes, y de destierro para los que simplemente perteneciesen a las sociedades. Las penas se endurecían en caso de reincidencia.
Esta amnistía y el establecimiento de un nuevo marco represivo en los albores del Estado liberal planteaba un cambio importante en relación con el Antiguo Régimen. El Estado ya no apelaba a la alianza del Altar y el Trono. La Iglesia podía seguir condenando a las sociedades secretas, y a la masonería en concreto, pero al poder político esto ya no le interesaba en sí, sino la posibilidad de que estas asociaciones pudieran atentar contra la seguridad y el orden público. Ahora se iniciaba un tipo de represión más policial, más judicializada y técnica, sin la carga ideológica religiosa del pasado.
La Iglesia podía seguir condenando a las sociedades secretas, y a la masonería en concreto, pero al poder político esto ya no le interesaba en sí
Por fin, tenemos que entender esta amnistía en el difícil contexto del inicio de una nueva era, seriamente amenazada por el desafío carlista. Si se estaban amnistiando a los liberales, para que pudieran regresar a España y/o participar en la nueva realidad política a cambio de prestar ayuda a una niña reina a la que se estaba cuestionado su derecho al trono, parecía lógico hacerlo también con miembros de las sociedades secretas y de la masonería porque, además, muchos de ellos tenían también una ideología liberal. Vendría a ser, en este caso concreto, un “borrón y cuenta nueva”, pero no una licencia para seguir fomentando la creación y existencia de las sociedades secretas ni de la masonería.
