13 de diciembre de 2023, 8:47
@jgonzalezok |
El gobierno de Javier Milei, que asumió la presidencia argentina el pasado domingo, anunció este martes las primeras medidas económicas con las que comienza su andadura. No se trata de un plan económico, son diez medidas que van en la dirección del fuerte ajuste que se preveía.
Anunciadas en un mensaje grabado por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, son las siguientes:
- El dólar oficial sufrirá una fuerte devaluación, de más del 100%, pasando su cotización de 336 a 800 pesos.
- Se reducirán los subsidios a la energía y el transporte. Aunque no se sabe cuándo entrarán en vigor, fuentes periodísticas aseguran que será a partir de febrero. “Los argentinos ya se dieron cuenta que esos subsidios se pagan con inflación, lo que se regala en el boleto se paga en el supermercado”, afirmó Caputo.
- No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Esto busca evitar la práctica habitual de incorporar amigos y familiares antes de un cambio de gobierno. Según elDiarioAR, esto puede afectar a unos 10.000 trabajadores que tiene el Estado, pero pueden llegar a los 30.000 como consecuencia de las fusiones de ministerios o la desaparición de ciertas dependencias, como el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
- Se suspende por un año la publicidad estatal en los medios, lo que puede suponer la sentencia de muerte para muchos que se beneficiaron en el último gobierno con una publicidad que no se correspondía con el nivel de audiencias o difusión de los mismos, pero que eran oficialistas. El último año se gastaron 34.000 millones de pesos (más de cien millones de dólares al cambio antes de la devaluación) en este concepto. “No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”, dijo Caputo.
- Se reduce el número de ministerios, de 18 a 9, y de secretarías, de 106 a 54. “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34 % de los cargos políticos totales del Estado Nacional”, justificó el ministro.
- Se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del estado central a las provincias, que se usó tradicionalmente para premiar o castigar a gobernadores afines o adversarios.
- No se licitarán más obras públicas y se cancelarán aquellas que hayan sido aprobadas pero no haya comenzado su ejecución.
- Se mantiene el plan Potenciar Trabajo (plan social con unos 160.000 beneficiarios), pero sin actualización. Ahora cobran el 50 % del salario mínimo a cambio de alguna contraprestación.
- Se aumenta, por el contrario, la Asignación Universal por Hijo (principal programa social de los últimos años), en un 100%; y en un 50% la Tarjeta Alimentar (con la que se pueden adquirir alimentos).
- Se elimina el control de importaciones, que hasta ahora estaban sometidas a un estricto control del gobierno.
Minutos después de hacerse públicas las medidas, el Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado de apoyo: “Estas audaces acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y fortalezca el régimen cambiario”.
Las reacciones en la oposición también fueron inmediatas. Juan Grabois, dirigente de una organización social y muy próximo al kirchnerismo, fue especialmente duro, señalando que el ministro de Economía presentó “un asesinato social sin inmutarse, como un psicópata a punto de masacrar a sus víctimas indefensas”. La ex candidata presidencial por la izquierda trotskista Myriam Bregman aseguró que se está “ante una nueva y monstruosa transferencia desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía”. Y el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni ratificó la convocatoria para marchar el 20 de diciembre a la Plaza de Mayo, asegurando que “al Rodrigazo que anunció Milei-Caputo se lo derrota luchando”.
EL RODRIGAZO
El durísimo plan de ajuste de Milei tiene dos antecedentes: el conocido como rodrigazo (1975), por el nombre del ministro Celestino Rodrigo, durante el gobierno de Isabelita Perón, y el de Ricardo López Murphy (2001), bajo la presidencia de Fernando De la Rúa. En ambos casos fracasaron y acabaron con la rápida renuncia de los ministros. El primero resistió 49 días, el segundo solamente tres. La diferencia es que en ambos casos se implementaron las medidas de ajuste con gobiernos sumamente desgastados y en crisis profunda. Milei, por el contrario, está comenzando su gobierno, cuenta con el aval del 55,69% del electorado y está haciendo lo que había prometido en campaña.
Era el 4 de junio de 1975, cuando Celestino Rodríguez, decretó una megadevaluación del 160%. El aumento de los servicios públicos y transporte fue de más de un 100% y los combustibles aumentaron un 180%. Los salarios subieron solo un 80%. Al anunciar el plan, Rodrigo dijo: “Si no hiciéramos esto, la mejor industria del país sería la importación de máquinas para fabricar papel moneda. Mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien (…) Los argentinos no tomamos conciencia de la crisis mundial y seguimos un camino dislocado de irrealismo, continuando con la falsa ilusión enfermiza de prosperidad”.
Celestino Rodrigo había llegado al gabinete de la mano del Brujo José López Rega, el personaje más polémico del gobierno. Una semana después del anuncio de las medidas, la CGT rechazó el paquete. El gobierno dijo que no autorizaría aumentos de salarios por encima del 38%, pero a los pocos días se muestra dispuesto a subir al 45% y distintos gremios superan enseguida esa barrera: los metalúrgicos llegan al 80% y los textiles más del 100%. Tres semanas después de los anuncios hubo una gran manifestación en la Plaza de Mayo. La presidenta no estaba en la Casa Rosada, se encontraba en la residencia de Olivos almorzando con López Rega. El edecán naval se comunicó con éste y le informó: “La mitad de la plazas lo putea a usted y la otra mitad a Rodrigo”. Entre las consignas que se escuchan estaban las que pedían la salida de López Rega: “Isabel, coraje, al Brujo dale el raje”. El 1 de julio el gabinete en pleno presentó su dimisión, aunque Rodrigo continuará aún unos días. La CGT declaró un paro general de 48 horas, el primero que le hacía a un gobierno peronista. El destino de Rodrigo estaba sellado y presentó su dimisión el día 19. Pedro Bonani, su sustituto, durará solo 21 días en el cargo.
En el gobierno de Fernando De la Rúa, Ricardo López Murphy también propuso un plan durísimo de ajuste, con un recorte del gasto público de 1.962 millones de dólares en el 2001 y de 2.485 en el 2002. Los principales sectores afectados serían salud, educación, asistencia social, ayudas regionales y transferencias a las provincias. Las universidades públicas perderían el 20% de su presupuesto en el 2001 y un 30% en el 2002. Contemplaba una reducción del 30% de la planta de empleados del Estado y continuar con las privatizaciones pendientes (Banco Nación, Casa de la Moneda, Lotería). Y profundizar la reforma laboral. El gobierno señaló que las clases más desfavorecidas no se verían perjudicadas, ya que se mantenían los planes sociales. Inmediatamente renunciaron en desacuerdo tres ministros y numerosos cargos del segundo escalón del gobierno. A los tres días era López Murphy el que se iba.
La situación previa que vivía Argentina antes de estos feroces planes de ajuste era parecida. En 1975 la inflación fue del 334,8%, el PBI cayó un 1,4%, la emisión de moneda se multiplicó por 14 entre 1973 y 1976; el dólar, que en 1973 se podía comprar por 1.000 pesos, en el momento del rodrigazo se cotizaba a 35.000 pesos. Y esto en medio de una situación de violencia descontrolada, con 3 muertos diarios por motivos políticos.
En el 2001, la tentativa de López Murphy fue el penúltimo capítulo antes de la crisis de diciembre de ese año, con el “corralito” que confiscó los ahorros de los argentinos, el default más grande de la historia mundial y una caída del 20 % de la economía. La crisis provocó la renuncia del presidente De la Rúa a mitad de su mandato. Comparando la situación entonces y ahora, López Murphy destacó que la situación actual es peor: “Cuando yo era ministro había dos millones de empleados públicos y cuatro millones de jubilados; ahora hay cuatro millones de empleados públicos, diez millones de jubilados y cinco millones de planes sociales”.
Era el 4 de junio de 1975, cuando Celestino Rodríguez, decretó una megadevaluación del 160%. El aumento de los servicios públicos y transporte fue de más de un 100% y los combustibles aumentaron un 180%. Los salarios subieron solo un 80%. Al anunciar el plan, Rodrigo dijo: “Si no hiciéramos esto, la mejor industria del país sería la importación de máquinas para fabricar papel moneda. Mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien (…) Los argentinos no tomamos conciencia de la crisis mundial y seguimos un camino dislocado de irrealismo, continuando con la falsa ilusión enfermiza de prosperidad”.
Celestino Rodrigo había llegado al gabinete de la mano del Brujo José López Rega, el personaje más polémico del gobierno. Una semana después del anuncio de las medidas, la CGT rechazó el paquete. El gobierno dijo que no autorizaría aumentos de salarios por encima del 38%, pero a los pocos días se muestra dispuesto a subir al 45% y distintos gremios superan enseguida esa barrera: los metalúrgicos llegan al 80% y los textiles más del 100%. Tres semanas después de los anuncios hubo una gran manifestación en la Plaza de Mayo. La presidenta no estaba en la Casa Rosada, se encontraba en la residencia de Olivos almorzando con López Rega. El edecán naval se comunicó con éste y le informó: “La mitad de la plazas lo putea a usted y la otra mitad a Rodrigo”. Entre las consignas que se escuchan estaban las que pedían la salida de López Rega: “Isabel, coraje, al Brujo dale el raje”. El 1 de julio el gabinete en pleno presentó su dimisión, aunque Rodrigo continuará aún unos días. La CGT declaró un paro general de 48 horas, el primero que le hacía a un gobierno peronista. El destino de Rodrigo estaba sellado y presentó su dimisión el día 19. Pedro Bonani, su sustituto, durará solo 21 días en el cargo.
En el gobierno de Fernando De la Rúa, Ricardo López Murphy también propuso un plan durísimo de ajuste, con un recorte del gasto público de 1.962 millones de dólares en el 2001 y de 2.485 en el 2002. Los principales sectores afectados serían salud, educación, asistencia social, ayudas regionales y transferencias a las provincias. Las universidades públicas perderían el 20% de su presupuesto en el 2001 y un 30% en el 2002. Contemplaba una reducción del 30% de la planta de empleados del Estado y continuar con las privatizaciones pendientes (Banco Nación, Casa de la Moneda, Lotería). Y profundizar la reforma laboral. El gobierno señaló que las clases más desfavorecidas no se verían perjudicadas, ya que se mantenían los planes sociales. Inmediatamente renunciaron en desacuerdo tres ministros y numerosos cargos del segundo escalón del gobierno. A los tres días era López Murphy el que se iba.
La situación previa que vivía Argentina antes de estos feroces planes de ajuste era parecida. En 1975 la inflación fue del 334,8%, el PBI cayó un 1,4%, la emisión de moneda se multiplicó por 14 entre 1973 y 1976; el dólar, que en 1973 se podía comprar por 1.000 pesos, en el momento del rodrigazo se cotizaba a 35.000 pesos. Y esto en medio de una situación de violencia descontrolada, con 3 muertos diarios por motivos políticos.
En el 2001, la tentativa de López Murphy fue el penúltimo capítulo antes de la crisis de diciembre de ese año, con el “corralito” que confiscó los ahorros de los argentinos, el default más grande de la historia mundial y una caída del 20 % de la economía. La crisis provocó la renuncia del presidente De la Rúa a mitad de su mandato. Comparando la situación entonces y ahora, López Murphy destacó que la situación actual es peor: “Cuando yo era ministro había dos millones de empleados públicos y cuatro millones de jubilados; ahora hay cuatro millones de empleados públicos, diez millones de jubilados y cinco millones de planes sociales”.
