@Montagut5
Planteamos a los amables lectores y lectoras un ejercicio histórico sobre las amnistías en la España contemporánea, y sobre la relación que con las mismas han tenido los socialistas.
Amnistía
La amnistía es una decisión política ejercida por el poder público por la cual se deja sin efecto una ley penal o su aplicación a un individuo o un grupo condenado por delitos políticos o fiscales. Al derogarse una ley, la amnistía adquiere también el carácter de ley.
Las amnistías por delitos políticos se suelen emplear como un instrumento para hacer efectiva una reconciliación política y restablecer una normalidad institucional.
En los inicios de la España liberal las amnistías se otorgaban por la Corona a través de decretos firmados por el ministro de Gracia y Justicia. La Constitución de 1869 estableció un cambio importante porque si el monarca quería conceder una amnistía necesitaba que fuera aprobada por una ley específica. La Constitución de 1931 quitó al poder ejecutivo la competencia para amnistiar, ya que pasó al poder legislativo.
Las amnistías más destacadas son la que se dieron en 1976 y 1977 para políticos y sindicalistas perseguidos por la dictadura franquista
Aunque hay más casos en la Historia de España, las amnistías más destacadas son la que se dieron en 1976 y 1977 para políticos y sindicalistas perseguidos por la dictadura franquista, aunque no incluyeron algunos delitos de leyes franquistas no derogadas, y no se aplicó a los militares sancionados por pertenecer a la Unión Militar Democrática.
La amnistía ha sido cuestionada muchos años después por gran parte del movimiento de la memoria histórica porque habría servido para proteger jurídicamente también a los miembros de las instituciones franquistas que habrían perseguido en distintas formas a ciudadanos y ciudadanas que habían combatido la dictadura, por lo que impediría juzgar los crímenes del franquismo. En todo caso, se ha generado una gran polémica porque otros sectores consideran que derogar La ley de Amnistía de 1977 sería terminar con el espíritu de reconciliación de la Transición.
Otra amnistía importante en la Historia contemporánea fue la que se produjo con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 en relación con los condenados por los hechos de la Revolución de octubre de 1934.
La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones.
Sobre delitos de opinión y amnistías: reflexionando con Álvarez Angulo
En esta pieza reflexionamos con Tomás Álvarez Angulo, con su texto titulado “Amnistía reparadora” del año 1912.
Pero antes, cuatro notas sobre nuestro contertulio desde el pasado. Álvarez Angulo fue un madrileño y periodista, funcionario de correos, empresario cinematográfico y teatral, intenso colaborador en las publicaciones socialistas, llegando a ser fundador con Meliá de Vida Socialista, de donde hemos sacado el artículo mencionado, activo socialista, y que llegó a ser diputado por Jaén. Polifacético y brillante fue Álvarez Angulo, sin lugar a dudas.
Decía nuestro protagonista en enero de 1912 que las cárceles españolas estaban llenas de obreros y periodistas presos por delitos, que solamente lo eran en países como el nuestro con un “concepto tan estrecho de las libertades públicas y del derecho moderno”. No me dirán ustedes, amables lectores, lo sugerente de esta frase de hace 109 años desde nuestro presente.
Es más, a la puerta de los tribunales esperaban el fallo de los mismos un buen puñado de ciudadanos, incluido el propio Álvarez Angulo, y no se olvidaba de los que se habían ido de España para evitar entrar en prisión por este tipo de condenas.
Así pues, los condenados, los que esperaban condenas y los que huían eran, a su juicio, “honrados delincuentes o no son siquiera culpables”.
Se encerraba por una simple caricatura sobre un hecho del momento o sobre el jefe del Estado, o cuando se ridiculizaba un dogma. Y se condenaba a años y años por palabras sobre una institución o sobre el monarca, por convencer a un compañero en período de huelga, o por ensañamiento del patrono, que tuvo la habilidad de presentar un delito sin existir.
Reclusión por artículos escritos por otros, aunque se demostrase que no se era autor, por pasquines, por un grito, por un “tumulto insignificante, que ni aun los honores de motín merece”.
Por favor, amable lector, está usted leyendo conmigo un texto de enero de 1912, no se le olvide, no venga a acusarme de ser un polemista en la primavera de 2021.
Además, nuestro autor recordaba casos semejantes de caricaturas en la prensa internacional donde se hablaba de reyes con más libertad, y no pasaba nada.
Solamente en Rusia y en España (¡por favor, ¡en Rusia!, era la zarista, pero hoy, ¿y en la de Putin?, ay, de verdad, que estamos en 1912, disculpen), se consideraban delitos “ciertos excesillos del lápiz ó la pluma”, eso sí, Angulo opinaba que más en la primera que en la segunda.
Por eso, Angulo, por entender que se padecían persecuciones por la justicia por delitos que solamente en España lo eran por el espíritu “medioeval de nuestras leyes y (…) por nuestras costumbres no menos añejas e inquisitoriales”, pedía una amplia y “justiciera amnistía”.
Recordemos que en la España de Alfonso XIII, a través de la Ley de Jurisdicciones, había que tener mucho cuidado con emitir opiniones o dibujar caricaturas sobre la patria, el ejército y el jefe del Estado, sin olvidar la legislación referida a asuntos relacionados con la religión y la Iglesia. Insistimos, en la España de Alfonso XIII, por favor, no se le olvide, amable lector.
Si le interesa el artículo directamente, lo puede leer en el número del 28 de enero de 1912 de Vida Socialista.
Las socialistas por la amnistía de los condenados por la huelga general de 1917
Los socialistas se movilizaron de forma exhaustiva para que se concediese la amnistía a los condenados por la huelga general de agosto de 1917. Recordemos que a finales de septiembre fueron condenados en consejo de guerra a la pena de cadena perpetua por el delito de sedición, Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit, Julián Besteiro y Daniel Anguiano, miembros del Comité de Huelga, siendo conducidos al Penal de Cartagena.
En este artículo nos acercamos a la contribución de las mujeres socialistas en esta campaña que no descansó hasta que fueron elegidos, junto con Pablo Iglesias e Indalecio Prieto, como diputados dentro de la Alianza de Izquierdas en las elecciones generales de 1918, hecho por el que tuvieron que ser amnistiados en mayo de ese año.
Las mujeres socialistas organizaron un mitin en la Casa del Pueblo de Madrid, que se celebró en la tarde-noche del sábado 17 de noviembre de 1917, como informaba el número 3.034 de El Socialista. Al parecer, consiguieron movilizar a muchas personas y el local se llenó. El acto fue presidido por Dolores Fernández, que explicó, como era habitual en los mítines socialistas, el sentido del acto. Siguieron en el turno de oradoras María Merino y Ana Posadas para explicar el sentido de la justicia de la amnistía. Merino ejerció distintas responsabilidades en la Agrupación Femenina Socialista, y representó a la misma en el Congreso del PSOE de 1918.
Otilia Solera, destacada sindicalista en el ramo de las modistas madrileñas de la UGT, y secretaria de la Agrupación Femenina Socialista de la capital, intervino para explicar su vivencia personal cuando estuvo presa, afirmando la licitud de la huelga, por lo que el Comité había cumplido con su deber. La amnistía, en su argumentación, era, por tanto, una justa reparación.
La principal oradora fue Carmen de Burgos, Colombine, la gran escritora, la primera periodista de España, y gran luchadora de los derechos de la mujer. Carmen de Burgos ingresaría en el grupo de mujeres socialistas en 1910, para reingresar después, precisamente en agosto de 1917, aunque luego tendría problemas y sería expulsada en 1919 por asuntos relacionados con su afiliación, aunque mantuvo su vinculación socialista en el tiempo, terminando en las filas radical-socialistas. Colombine realizó un discurso en el que ensalzó la labor de las mujeres socialistas, incluyendo en la que estaban inmersas en ese preciso momento. Analizó la realidad política española y anunció que si se hacía bien se conseguiría la amnistía. Al terminar sus palabras, Bernardo Nieto leyó unos versos.
Virginia González fue la siguiente oradora. Estamos hablando de una de las mujeres socialistas más importantes en la Historia de España por su intenso compromiso sindical, su labor periodística, su papel en la incorporación de la mujer al Partido Socialista, además de desempeñar las responsabilidades más altas para una mujer en dicha formación política y en la UGT, aunque terminara siendo una de las fundadoras del PCE, para morir al poco tiempo. Virginia González hizo un repaso histórico de los hechos de la huelga general, incidiendo en que el proletariado había entrado en una nueva etapa en España. También atacó a los católicos por su campaña a favor de que se castigara duramente a los huelguistas. Recordó que los socialistas no eran profesionales de la política, sino que luchaban por un ideal, frente a los gobernantes que, en su opinión, vivían indignamente de la política. Terminó animando al compromiso de la lucha de las mujeres.
En el acto también intervino el abogado Pedro Rico, que en tiempos de la República sería el alcalde más importante de Madrid, aunque militaba en las filas del republicanismo, y que trató sobre los aspectos jurídicos sobre la amnistía.
Cerró el acto Andrés Ovejero, catedrático y fundamental líder socialista, que sería diputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE. En primer lugar, alabó la postura tomada por Pablo Iglesias sobre proponer a los miembros del Comité de Huelga para la candidatura de las próximas elecciones. Luego ensalzó la labor de la mujer proletaria en labor de la regeneración de España. Citó a Rosa Luxemburgo y a otras mujeres revolucionarias. Ovejero terminó reclamando la amnistía para todos los presos por delitos “políticos y sociales”.
El acto terminó con la lectura de las tradicionales adhesiones al mismo, destacando las cartas de Miguel de Unamuno, Luis Araquistáin y Jaime Vera. Unamuno calificó el fallo del Consejo de Guerra como uno de los “mayores disparates que conozco”.
La amnistía de febrero de 1936
El 19 de febrero de 1936, Portela Valladares presidía el que sería su último Consejo de Ministros. En la reunión se dio cuenta del deterioro del orden público porque se habían producido algunos motines en distintas cárceles españolas. Al parecer, en Zaragoza los disturbios en la calle habían sido de importancia. La manifestación que había ocupado unos días antes la Puerta del Sol madrileña había sido un grito por la amnistía. Portela creía que todo esto era obra de los líderes del Frente Popular, victorioso en las elecciones del 16 de febrero. Portela decidió que había que dimitir y no esperar al proceso legal, ni a los plazos para el relevo del poder. Así pues, Alcalá-Zamora se vio obligado a encargar a Azaña la formación de un nuevo gobierno, aunque sabemos que éste hubiera preferido que se hubiera cumplido la legalidad. Era consciente de que las condiciones en las que se produjo el relevo no eran las más adecuadas.
Formado el nuevo gobierno, se comenzó a actuar. En este trabajo nos referiremos a la amnistía aprobada a los pocos días.
La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones:
“A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas".
Debe tenerse en cuenta que esta amnistía fue demandada desde la calle desde el primer momento en el que se produjo la victoria electoral de la izquierda, como hemos señalado. Era evidente que el encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.
El Decreto-ley fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por Santiago Alba. Se produjo por unanimidad. Constaba de un solo artículo, y se tuvo que debatir de forma muy rápida, con una convocatoria del día anterior hecha por telegrama, provocando que no pudieran acudir todos los diputados, aunque los no asistentes mandaron votos favorables. Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público, y porque era evidente que había sido una demanda que había ganado en las elecciones. La disposición fue la siguiente:
DECRETO-LEY
Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en qué están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes, Vengo en disponer lo siguiente: Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.
Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.
Niceto Alcalá-Zamora y Torres
El Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña Díaz
Por su parte, también tuvo que actuar el Tribunal de Garantías para aplicar el Decreto, habida cuenta de que esta alta institución había condenado a los consejeros de la Generalitat y a otras personalidades políticas.
Se calcula que la amnistía afectó a unas treinta mil personas, una cifra muy importante.
Pero, además, en el programa del Frente Popular se planteaba en un segundo punto:
“Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados".
Así pues, los alcaldes y concejales fueron repuestos en sus cargos en los consistorios. Muchos Ayuntamientos habían sido gestionados desde finales de 1934 por gestoras administradas por ediles de la derecha. Otro tanto se hizo con los Ayuntamientos vascos.
A finales del mes de febrero el gobierno decretó la readmisión de los trabajadores despedidos por los motivos señalados, y se ordenaba a las empresas que indemnizasen a los trabajadores por los salarios no recibidos. Esta medida generó el rechazo y la preocupación de la derecha y los empresarios.
Pues bien, la última de las medidas tomadas para terminar con los efectos de la represión ejercida hacia los protagonistas de los hechos de Octubre de 1934, tenía que ver con Cataluña. Después de que salieran de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalitat, en aplicación de la amnistía aprobada, el 1 de marzo un Decreto reponía las funciones del Parlament y a Companys en su puesto de presidente, así como a sus consejeros. Debemos recordar que había sido una de las principales reivindicaciones del programa político del Front d’Esquerres, que había triunfado en las circunscripciones electorales catalanas.
¿Libertad de presos o amnistía?: la postura socialista en 1976
Nada más comenzar el año de 1976, y recién enterrado Franco, el PSOE se pronunció públicamente por la libertad de los presos políticos y sindicales, al considerar que era un clamor en España. Los socialistas proclamaron que todas las organizaciones de oposición al régimen, movimientos populares, colegios profesionales, etc. se estaban movilizando para conseguir este objetivo. Todas las personas que se encontraban privadas de libertad, que tenían disminuidos sus derechos cívicos, que tuvieron que expatriarse para eludir la cárcel y quizás algo peor, tenían derecho a que en España se alcanzara el derecho a que nadie pudiera sufrir persecución por sus ideas, “siempre que éstas no se o
pongan al bien de la comunidad democrática”, es decir que desde el primer momento los socialistas ponían un límite a la tolerancia, y que no era otro que el de que se debía aplicar a los intolerantes.
Pero los socialistas querían manifestar una serie de lo que denominaron puntualizaciones sobre la forma de llevar a cabo la petición de libertad, y tenía que ver con el concepto de amnistía. Los socialistas afirmaban que cuando unos pedían amnistía y ellos pedían libertad, todos pretendían lo mismo, pero, insistían, había matizaciones. Nos parece sumamente interesante recuperar esta posición del PSOE dentro del debate que en nuestro presente se entabla sobre las amnistías que se produjeron en la Transición.
Los socialistas afirmaban que cuando el ordenamiento penal español contemplaba la amnistía lo hacía al estudiar las formas de extinción de responsabilidad penal, haciendo desaparecer la pena y sus efectos
Los socialistas afirmaban que cuando el ordenamiento penal español contemplaba la amnistía lo hacía al estudiar las formas de extinción de responsabilidad penal, haciendo desaparecer la pena y sus efectos, es decir, reconociendo que previamente se había llevado a cabo una actividad delictiva. Pero los socialistas no reconocían haber cometido delito alguno que fuera necesario amnistiar.
Pero, además, tampoco la amnistía, en sí misma, suponía, y siempre para los socialistas, un cambio sustancial en la situación de todos aquellos que durante años venían constituyendo la oposición al régimen. De nada serviría extinguir una responsabilidad penal si, previa o coetáneamente, no se hacía desaparecer la legislación que dio lugar a que se produjera la condena. Un amnistiado podría ser de nuevo detenido por los mismos motivos por los que en su día había sido condenado.
Así pues, según lo que había aprobado el XIII Congreso del PSOE lo que se pedía más que amnistía era la liberación de todos los presos políticos y sindicales, como hemos indicado en el comienzo del artículo.
Debía derogarse la legislación que restringía o limitaba las libertades a que tendrían derecho todos los ciudadanos, recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociéndose explícitamente la libertad de partidos políticos, la libertad sindical, la libertad de reunión y expresión, y el derecho de huelga y manifestación. Estos reconocimientos llevarían inmediatamente aparejada la liberación de todos los presos y detenidos por motivos políticos o sindicales porque al desaparecer la figura delictiva igualmente caía por su base el hecho del encarcelamiento. La libertad debía ir acompañada, además, por la cancelación completa de los antecedentes penales y policiales.
Los socialistas ponían ejemplos sobre la libertad de presos políticos. Al terminar la Guerra Mundial ni en Italia, ni en Francia o Alemania se había amnistiado a los perseguidos por el fascismo y el nazismo. Simplemente, se abrieron las cárceles y a nadie se le ocurrió pedir una amnistía. Y eso mismo había hecho la dictadura en 1939 al abrir las puertas de las cárceles.
Lo que se pretendía se resumía en una palabra, “libertad”.
Hemos trabajado con el primer número de enero de 1976 de El Socialista.
