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En el cierre de la asamblea de Sumar del 23 de marzo Yolanda Diaz afirmó: “Somos una fuerza de Gobierno, pero con los pies en las calles, en las casas, en los supermercados…”. Por su parte, Iñigo Errejón en su discurso en esta asamblea sólo se refirió a la gestión de gobierno de Sumar.
No entiendo muy bien el “pero” (quizás sería mejor “con”), ni el sentido de los “pies” (¿individuales, uno/a a uno/a, desde la calle-casa-supermercado de cada cual, o colectivamente en organizaciones sociales?), y me preocupa la aparentemente exclusiva visión institucional del portavoz parlamentario. Por ello he ido a buscar en las ponencias política y organizativa aprobadas cómo se aborda el carácter de la “organización” y su relación con los correspondientes borradores sometidos previamente a discusión y enmienda, con las enmiendas (las esenciales referidas al concepto de “organización” política “de lucha y de gobierno”) presentadas (algunas a través del grupo de “trabajo decente”) asumidas o rechazadas. No he encontrado una respuesta clara al interrogante, por lo que, para lo que me importa comentar ahora, me sirve el discurso de Yolanda y su referencia al “Gobierno” y a “las calles”, aunque me hubiera gustado que tales “pies” estuvieran también explícitamente “en las fábricas, en los centros de trabajo, …”.
Se está especulando en este momento, y no es una cuestión secundaria, sobre la coherencia política, social y territorial de este proyecto
Lo importante es lo que destila el discurso y sobre todo la práctica política en marcha. Una práctica, insisto, de necesaria acción colectiva para su eficacia, superando la actual inercia hacia la suma de voluntades e iniciativas individuales y que la referencia a “calles, casas y supermercados” parece apuntar de nuevo a que se piensa en personas, lo que está bien, pero sin integrarlas en colectivos sociales con intereses comunes y solidarios.
Se está especulando en este momento, y no es una cuestión secundaria, sobre la coherencia política, social y territorial de este proyecto, Sumar. Y sobre su entidad para incidir con eficacia y con responsabilidad en la coalición de Gobierno de España del que forma parte. Pero no me parece suficiente. La ASAMBLEA del 23-M y el desarrollo de sus planteamientos deben aportar respuestas y mayores perspectivas.
Para todo ello el concepto de organización política “de lucha y de gobierno” (sin miedo a las palabras pero atentos a los conceptos) no es una cuestión menor. Fue acuñado por el PCE (y con él por el PSUC), en la lucha por las libertades contra el franquismo y en la Transición, para subrayar la voluntad permanente de contribuir a la transformación de las condiciones colectivas de vida y de trabajo, de reconocimiento de derechos materiales y políticos, de nuevas conquistas al respecto y de su ejercicio. A la voluntad de trabajar desde el gobierno si tal era el resultado del ejercicio democrático-electoral de la ciudadanía, así como, en cualquier coyuntura, desde la sociedad y desde la acción social colectiva, desde la activa participación en los movimientos sociales. Con voluntad de dar soporte a las iniciativas de progreso desde el Gobierno o para combatir las reaccionarias si fueran éstas las planteadas desde la Administración Pública. En cualquier coyuntura para contribuir a la directa negociación de las organizaciones sociales con sus contrapartes y las instituciones, para ir avanzando en la eficaz práctica de los derechos conquistados y en la definición de nuevos derechos, para contribuir además así, desde el gobierno o desde la oposición, a una nueva definición institucional, legislativa, de los derechos de ciudadanía.
Si no se consigue, y pronto, los corporativismos locales harán estallar el proyecto tras una etapa de irrelevancia y de desintegración
Este último aspecto de la acción social como definitoria de la institucional es el que en este momento más me interesa. No sólo por las incertidumbres de las próximas convocatorias electorales sino, sobre todo, porque esta incidencia en la acción social colectiva es esencial cualquiera que sea su desenlace. Tanto desde el gobierno como desde la oposición, siempre desde la sociedad, lo que supone una necesaria, y consciente, voluntad de “hegemonía”.
La hegemonía social como objetivo para en su prioritario ejercicio conseguir también su proyección política, es hoy una evidente carencia en el espacio progresista. El PSOE renunció a ello hace ya tiempo, instalado como está en su estructura relativamente estable de redes de adherentes y votantes de ámbito territorial, sin un eficaz y activo proyecto de incidencia social. Se trata ahora de comprobar si Sumar sigue este esquema o es capaz de enlazar con la tradición de lo que se ha venido en llamar la “izquierda transformadora”, una rica tradición del PCE en particular. A ello parecían apuntar las primeras proclamas de un “proyecto para 10 años y más”, pero hoy no está tan claro.
Entiendo por otra parte que sólo una permanente iniciativa política, estrechamente ligada a una acción social continuada, permitirá resolver una cuestión pendiente, como es la de ir homogenizando en las formas y en los contenidos este conjunto heterogéneo de organizaciones. Un conjunto en el que hasta ahora se ofrece muy escaso espacio a las personas que, sin pertenecer a ninguna de las organizaciones coaligadas, ni pretenderlo ahora, pensábamos que teníamos espacio en Sumar desde cualquiera de los ámbitos sectoriales sociales y de los territorios de esta España plurinacional. El esquema 70-30 de lo colectivo a lo particular y corporativo (aprobado en la asamblea) parecía que iba en este sentido, aunque los acuerdos con algunas fuerzas locales parecen ir en sentido contrario. ¡Ojalá me equivoque!
Partido, organización, “de lucha y de gobierno”, con voluntad de “hegemonía”, supone características específicas en su definición política, en sus propuestas, en sus reivindicaciones. Pero no sólo. Supone también, lo que no es lo mismo aunque se parezca, una concreta política de organización, así como de criterios de trabajo para orientar, para participar en los movimientos sociales, para impulsar su incidencia en la vida colectiva de la ciudadanía, y ello particularmente para el movimiento obrero y su acción políticosocial, para la acción sindical como uno de sus elementos permanentes.
Para ello, además de preparar candidaturas y programas electorales para las convocatorias vasca, catalana y europea, entiendo que hay que trabajar desde ahora, y muy activamente, en dos frentes:
- En la definición de la política partidaria hacia los movimientos sociales, el movimiento obrero en particular, con voluntad de intervenir en ellos desde el pleno respeto a su funcionamiento democrático, y
- En las formas de organización y de trabajo “partidario” que a ello contribuyan. En la organización política del colectivo Sumar en cada uno de los ámbitos, sectoriales y territoriales, de organización social.
De no avanzar en este sentido, a muchos, a mí entre ellos, se convertirá en una propuesta que no nos interesa.
Las próximas semanas serán decisivas para comprobar cómo se desarrolla el nuevo curso de Sumar tras su asamblea. La intensa etapa de trabajo que se ha abierto no sólo no es un impedimento para el planteamiento de estas cuestiones, sino que abre nuevas posibilidades por el estímulo colectivo que las convocatorias electorales plantean. Si no se consigue, y pronto, los corporativismos locales harán estallar el proyecto tras una etapa de irrelevancia y de desintegración.
