La ciudadanía de nuestro país, tras cuatro décadas de desarrollo de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos democráticos, tal y como establece la Constitución de 1978, conoce el importante papel que tienen estas instituciones.
La casi totalidad de las políticas de bienestar social, con la excepción del sistema de pensiones y de prestaciones al desempleo, están gestionadas por las Autonomías y Ayuntamientos, más allá de la financiación parcial y de la regulación de algunos aspectos básicos en los presupuestos del Estado y en la legislación que puedan aprobar las Cortes Generales o la Administración General del Estado.
Ello supone un juego de evidentes equilibrios entre las tres Administraciones Públicas (cuatro si tenemos en cuenta las Diputaciones Forales y Consejos Insulares), de forma que ninguna de ellas es plenamente decisoria en materia de educación, sanidad, servicios sociales, atención a la dependencia, apoyo a las familias y la infancia, normalización de la vida de las personas con discapacidad, protección de la pobreza y la exclusión social, impulso de la vivienda social, integración de la población emigrante, etc.
Las políticas de bienestar social, salvo pensiones y prestaciones al desempleo, están gestionadas por las Autonomías y Ayuntamientos
En otras palabras si queremos mantener y mejorar esos derechos sociales, debemos tener muy en cuenta quienes gobiernan en cada uno de esos ámbitos territoriales.
La experiencia nos esta enseñando con una claridad absoluta que el gobierno del Estado puede aprobar normativa básica y presupuestos, que despues en su ejecución concreta resultan en mayor o menor medida aplicados con criterios muy diferentes cuando no contrarios y aunque en teoría en los procesos de transferencias del Estado a las Autonomías se contemplaron el mantenimiento de la llamada “Alta Inspección del Estado”, en la practica o no ha funcionado o ni siquiera los diversos gobiernos estatales se lo han planteado, para evitarse conflictos políticos considerados engorrosos.
Es cierto que en algunas ocasiones, ante la aprobación de normativa autonómica, que el gobierno del Estado considera que infringe abiertamente las competencias estatales o/y el texto constitucional, es posible impugnarla acudiendo al Tribunal Constitucional. Vía que igualmente pueden utilizar los gobiernos autonómicos, si consideran invadidas sus competencias por el gobierno del Estado. En ambos casos la lentísima tramitación de estos recursos (salvo contadas excepciones), convierten a menudo este procedimiento en poco eficaz.
Debemos tener muy presente lo que nos estamos jugando en estas elecciones
A partir de todo lo dicho y ante el actual proceso electoral en todos los ayuntamientos y la mayoría de las Comunidades Autónomas, debemos tener muy presente lo que nos estamos jugando en estas elecciones.
Gobiernos de derechas (incluyendo los nacionalistas conservadores) y mas aun si cuentan con la inclusión o el apoyo externo de la extrema derecha, pueden eludir o deteriorar en mayor o menor medida una política progresista del gobierno del Estado. Ejemplos tenemos suficientemente claros en Autonomías como la de Madrid, Andalucía, Castilla León, Murcia, Galicia.
O en ayuntamientos como los de Madrid, Santander, Zaragoza, Málaga, Oviedo, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, y otros muchos que no son capitales de provincia.
Dicho de otra forma, la garantía de consolidar y mejorar las políticas de bienestar social viene muy condicionada porque haya una amplia mayoría de gobiernos progresistas en las instituciones autonómicas y locales, que respalden y ayuden a aplicar y desarrollar los programas progresistas del gobierno del Estado y las Cortes Generales.
Y no digamos si en las próximas elecciones generales la derecha avanza y logra gobernar, haciendo retroceder derechos, algo que ya han anunciado sin tapujos los lideres de la derecha y por supuesto los de extrema derecha. Con la derecha en el gobierno del Estado y en la mayoría de los Ayuntamientos y Autonomías, los avances que hemos logrado en políticas de bienestar social serán sustancialmente recortados.
Tampoco podemos olvidar que las administraciones públicas autonómicas y locales tienen importantes competencias en materia fiscal, para financiar sus políticas y para mejorar o hacer retroceder la solidaridad y progresividad fiscal y ya hemos visto la carrera que en los últimos años ha habido para rebajar la presión fiscal y para implantar elementos de regresividad y no solo por parte de los gobiernos de la derecha.
No podemos considerar estas elecciones como algo secundario o de menor importancia y no preocuparnos mucho por ir a votar
Así las cosas, el 28 de mayo no podemos quedarnos en casa si queremos mejorar nuestras condiciones de vida. No podemos bajo ningún pretexto considerar estas elecciones como algo secundario o de menor importancia y no preocuparnos mucho por ir a votar.
Lastima que una parte de la izquierda, quienes no están en el ámbito del PSOE, estén dando una imagen de fragmentación y desunión, que a menudo parecen más consecuencia de rivalidades y protagonismos personales y no tanto de diferencias programáticas de entidad. De hecho a estas alturas, yo mismo sé muy bien a quien no voy a votar, aunque no tengo muy claro a quien voy a votar.
Todavía no sabemos las consecuencias que esa actitud de división progresista, que Manuel Castells ha denominado “suicida”, puede tener en las urnas y si con esa fragmentación van a caer gobiernos progresistas autonómicos y locales o va a ser imposible recuperar otros que están en manos de la derecha. Pero no es fácil ser optimistas al respecto, sobre todo en Madrid.
En todo caso el día 28 tenemos que ir a votar, y desde luego no depositar votos en blanco ni nulos, que podría ser la tentación de quienes están cabreados con lo que ha pasado a la izquierda del PSOE.
