Este domingo, 20 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. El objetivo para esta celebración, proclamada por la Organización de Naciones Unidas, es apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Señala la ONU que “en un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea una realidad. El crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible.”
Con este motivo, en Madrid se ha venido desarrollando una semana de actividades que culminarán el próximo lunes con la presentación en la Asamblea de Madrid del manifiesto “Más que nunca, servicios sociales es justicia social” elaborado por los integrantes de la Marea Naranja y la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, en el que se recogen las propuestas y reivindicaciones de estos colectivos “desde la experiencia del trabajo diario con las personas usuarias y de las necesidades sociales.”
Texto del comunicado | Febrero 2022
Las entidades firmantes del Manifiesto de la Marea Naranja Madrid y la Alianza social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid nos presentamos un año más ante la opinión pública profundamente preocupadas por la situación social en la Comunidad de Madrid.
La persistencia de la crisis del 2008 unida a la irrupción de la emergencia social y sanitaria derivada de la COVID 19, nos sitúan ante un escenario extremadamente grave. Resulta insoportable la falta de respuesta ante el aumento de las necesidades sociales de la ciudadanía, la diversidad y multiplicidad de problemáticas. La desigualdad crece de forma imparable en la región más rica del país y los mecanismos de protección, atención y respuesta, se muestran exhaustos, agotados en un contexto de evidente debilitamiento, incapaces de absorber las demandas de una sociedad injustamente golpeada, cada vez más fragmentada y dual.
Nadie debería dudar hoy del carácter esencial del Sistema Público de Servicios Sociales (SS). En plena pandemia, este instrumento de protección social ha demostrado, una vez más, su capacidad de resistencia, de contención y de transformación. Importantes fortalezas que tienen su mayor exponente en unos equipos profesionales y técnicos que responden, siempre, con un inquebrantable compromiso, a pesar, de las precarias condiciones, las plantillas escasas y limitadas herramientas con las que, en la mayoría de los casos, desarrollan su labor.
Más que nunca debemos aspirar a unos Servicios Sociales Públicos reforzados, revalorizados. Es imprescindible despojarlos del enfoque reduccionista con el que se han desarrollado, desterrar su tratamiento subsidiario y reconocerlos como sistema de protección de primer orden. Avanzar en Justicia Social supone invertir en derechos de ciudadanía y apostar por una sociedad protectora, acogedora e inclusiva, y para ello el Sistema Público de Servicios Sociales necesita desarrollar con suficiencia, eficacia y solvencia, en su competencia.
Los siguientes datos avalan nuestra propuesta:
CRECEN LAS NECESIDADES Y SE LIMITAN LAS RESPUESTAS. Progresivo envejecimiento de la población, aumento del número de personas con discapacidad y población inmigrante, así como personas en situación de exclusión social. El 21 % de las personas residentes en la región se encuentran en riesgo de pobreza, casi 2 puntos más que el ejercicio anterior. Unos SS de atención primaria con enorme diversidad y respuestas heterogéneas, sin cartera de servicios y con una dotación mínima de recursos humanos. Las prestaciones más frecuentes son el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cobertura de necesidades básicas y alojamiento alternativo. Listas de espera de acceso a recursos de atención para mayores y personas con discapacidad. Ausencia de un Mapa de la red de recursos y servicios autonómicos y municipales, falta de conocimiento y trasparencia desde la Comunidad de Madrid (CM), desactualización delimitación territorial. Problemas de coordinación resultado de la estructura competencial entre la atención primaria (Entidades Locales) y la especializada (CM). El presupuesto el 2% asignado a la Atención Social Primaria y el 98% a la especializada, siendo el 73,3% corresponde a la Dependencia (SAAD).
LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN ABANDONADA A SU SUERTE. El presupuesto ejecutado ha pasado de 168 MILL en el 2017 a 46 MILL en el año 2021, de 35.483 a 14.550 familias perceptoras, paralización de las solicitudes e incremento de extinciones y suspensiones. Su ratio de cobertura es del 8,44% de la población bajo el umbral de pobreza, debajo de la media nacional.
LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CLARO ESTANCAMIENTO. A fecha de diciembre 2021, tenemos 152.686 personas beneficiarias con prestaciones, 198.080 total prestaciones y 10.563 personas en el limbo. Mantenemos un número más bajo de solicitudes y resoluciones, de grado I y sin grado, con respecto a diciembre 2020.
UN PRESUPUESTO INSUFICIENTE ANTE EL INCREMENTO DE LA DEMANDA. La inversión en Políticas Sociales en este año asciende a 2.190 millones de euros , incluyendo el área de juventud con 17 millones, mantiene el 9,5% del total, con un gasto por habitante de 324€, uno de los más bajos del estado. Hay un aumento del 20% que se justifica con las aportaciones del Ministerio de Derechos Sociales, de la Comunidad Europea con el Fondo Social Europeo (FSE) y los Planes de Recuperación y resiliencia.
Por todo ello, desde la Marea Naranja de Madrid y la Alianza Social en Defensa de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid, en la Semana de la Justicia Social, manifestamos que:
Más que nunca reclamamos un nuevo Pacto Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid en el que confluyan todos los actores políticos. agentes sociales y ciudadanos implicados, así como las Administraciones competentes, comprometiéndose en la búsqueda de los consensos necesarios para reorientar las actuales políticas en materia de Servicios Sociales y enfocado a favorecer la cohesión, la igualdad y el progreso de la sociedad madrileña.
Más que nunca exigimos un Estatuto de Autonomía que blinde el Sistema Público de Servicios Sociales como derecho de ciudadanía y servicio público esencial. Para ello, es necesaria la modificación del artículo 26 de la “Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid “, para que se reconozca de forma explícita que corresponde a la Comunidad Autónoma “la competencia de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución” de un sistema público de servicios sociales para toda la ciudadanía madrileña.
Más que nunca necesitamos una nueva Ley Autonómica de Servicios Sociales coherente con los retos actuales, que refuerce las estructuras con criterios de universalidad, calidad y estabilidad, responsabilidad y liderazgo público. Un nuevo marco normativo que se asiente en el reconocimiento de derechos subjetivos, regulando la colaboración con la iniciativa privada y garantizando una financiación suficiente. Todo ello, en un marco de planificación estratégica, evaluación permanente y coordinación interadministrativa. Debe estar asegurado su desarrollo reglamentario en un contexto de diálogo, participación social y ciudadana, real y transparente.
Más que nunca proponemos una Red pública de Servicios Sociales que garantice la continuidad de los procesos de intervención, que asegure la coordinación entre la Atención Social Primaria y los recursos especializados, reforzando el carácter integral de las actuaciones. La calidad y la estabilidad del empleo de los equipos profesionales, técnicos y administrativos, así como la ampliación de las plantillas, debe ser un principio básico, incorporando al marco legal ratios de atención adaptados a las características de los distintos servicios.
Más que nunca proponemos una Atención a la Dependencia centrada en la persona, que garantice el derecho a un cuidado digno, de acuerdo también a la ley 8/2021 de Protección Jurídica de las personas con discapacidad, y se destierren las estrategias mercantilistas perversamente asentadas en la gestión de este Sistema. La disminución de los tiempos de espera y la burocratización, siendo imprescindible el establecimiento de protocolos de coordinación entre las Administraciones implicadas, reforzando, por otra parte, los criterios sociales en los procesos de valoración.
Más que nunca reclamamos un Sistema de garantía de ingresos eficaz en el marco de una nueva Ley de Renta Mínima de Inserción acorde con el nuevo Ingreso Mínimo Vital con enfoque complementario, en cumplimiento de la Carta Social Europea y con apoyo efectivo en los procesos individuales de inserción. Además es necesario establecer los protocolos de coordinación interadministrativa con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Más que nunca necesitamos que la Comunidad de Madrid articule una reglamentación de las Ayudas Económicas de Emergencia municipales. Deben ser reforzadas y excluidas del ámbito de la Ley de Subvenciones, facilitando su gestión y su capacidad de respuesta para cumplir con inmediatez y eficacia con su objetivo.
Más que nunca reclamamos la trasposición de las nuevas Leyes de Protección Jurídica del Menor 8/2015 y 26/2015 y la Ley Orgánica 8/2021 a la Comunidad de Madrid. Es imprescindible reformar la estructura de protección con profesionales técnicos formados, reforzar la red de hogares y residencias asegurando su objetivo protector, así como hacer efectiva una red de familias acogedoras de emergencia y temporales para menores entre 0 y 6 años. Resulta urgente abordar la ampliación y mejora de plazas para menores con problemas de salud mental. Importante dotar de los apoyos necesarios a los Servicios Sociales municipales para que puedan realizar las actuaciones que marcan la normativa vigente.
