El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, si en las Elecciones Generales del 23 de julio logra la mayoría suficiente para gobernar, derogará numerosas leyes aprobadas en esta legislatura por el Gobierno Progresista, con el acuerdo de los interlocutores sociales y de la mayoría parlamentaria. Bajo el mantra de “derogar el sanchismo” el presidente del PP pretende desmantelar la mayoría de las reformas progresistas que han producido avances sociales y económicos junto con las mejoras de los derechos colectivos e individuales. Pero el PP oculta que la derogación o modificación de las reformas comprometidas con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) implicarían penalizaciones millonarias de para España.
Desde el PP han desvelado que quieren derogar la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda y la Ley Trans y en otras leyes afirman que realizará “ajustes”, como en la Ley de Educación o la Ley de Eutanasia. En el ámbito sociolaboral advierte que cambiarán la reforma de las pensiones que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, y sobre la reforma laboral, esgrimen que las medidas que se pactaron en 2021 “van en contra de los trabajadores y de la competitividad de las empresas". El PP quiere modificar de forma unilateral la reforma laboral y la reforma de pensiones sin respetar los acuerdos alcanzados en diálogo social, tal como ya hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con las reformas autoritarias de 2012 (laboral) y 2013 (pensiones).
El PP quiere modificar de forma unilateral la reforma laboral y la reforma de pensiones sin respetar los acuerdos alcanzados en diálogo social
La actual legislatura ha estado caracterizada por el gran desarrollo del diálogo social, el Gobierno Progresista ha basado sus políticas económicas y sociales en reformas pactadas, avances consensuados y paz social, que han mejorado las condiciones de vida y trabajo y han posibilitado una recuperación más justa e inclusiva. En 2022 la tasa de crecimiento fue del 5,5%, muy por encima de la media de la zona euro, el Banco de España ha elevado la previsión del crecimiento de la economía al 2,3% en 2023, desde el 1,6% que preveía en marzo y descarta el estancamiento de la actividad de nuestro país que viene pregonando el PP. El empleo tiene una evolución positiva, pues en mayo la Seguridad Social alcanzo por primera vez una afiliación media por encima de los 20,8 millones de personas y el paro registrado cae a 2,74 millones de personas desempleadas, el menor nivel en un mes de mayo desde 2008.
Nuestro país se ha enfrentado en esta legislatura a tres grandes crises globales: la pandemia de la COVID-19 y a los problemas internacionales de las cadenas de suministros industriales; el aumento desorbitado de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y desde el pasado año los efectos de la guerra en Ucrania. Esta última crisis se produjo justo cuando estábamos inmersos en la recuperación de los efectos de la crisis del coronavirus, con el plan Next Generation EU que rompió con las políticas de austeridad aplicadas en la crisis del sistema financiero internacional. El Gobierno Progresista desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 puso en marcha “un escudo social”, mediante el diálogo y concertación social, con los acuerdos sociales que configuran un conjunto medidas económicas y sociolaborales que permitieron preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares.
Ante la escalada inflacionista agravada por la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno Progresista ha puesto en marcha distintas medidas de ayudas, con el doble objetivo de apoyar a familias, empresas y autónomos, y al mismo tiempo intentar controlar los niveles de precios. El resultado de este esfuerzo ha logrado que el IPC interanual se sitúe en mayo en el 3,2%, cuando hace un año fue del 8,7%. La inflación subyacente y los precios de los productos alimenticios se han reducido, aunque se mantienen en niveles elevados. Todo ello como resultado de la “excepción ibérica” que ha reducido los precios de la energía, la reducción del IVA, las ayudas para personas con bajos ingresos o los abonos reducidos para los transportes.
CCOO y de UGT han instado a los partidos políticos a hablar claro sobre sus intenciones respecto a las reformas ya vigentes
Recientemente las confederaciones sindicales de CCOO y UGT han presentado un documento de Balance de la Legislatura 2019-2023. En el balance se destacan los acuerdos tripartitos que se han alcanzado en el diálogo social,entre otros : la derogación del despido durante la baja por enfermedad, los ERTE, las prestaciones extraordinarias para los autónomos, el teletrabajo, las reformas de la Seguridad Social, la reforma laboral, medidas para aumentar la igualdad en el ámbito laboral, la regulación de los repartidores de las plataformas digitales, la Ley de Empleo, la Ley Formación Profesional, mejoras en la protección por desempleo, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. El pasado mayo se firmó por las patronales y los sindicatos el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en noviembre de 2022 el Gobierno Progresista y las federaciones sindicales de UGT y CCOO firmaron el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.
De los resultados del diálogo social se destacan los acuerdos tripartitos, antes citados, firmados por el Gobierno Progresista, CEOE-CEPYME y CCOO y UGT que se han trasladado a la legislación y han promovido avances significativos en los derechos sociales y laborales, y han impulsado la reactivación de la economía después de la crisis provocada por la pandemia. Ante los pronunciamientos del PP, cuestionando las leyes derivadas del dialogo social desarrollado en esta legislatura, CCOO y de UGT han instado a los partidos políticos a hablar claro sobre sus intenciones respecto a las reformas ya vigentes. También han hecho un llamamiento a las organizaciones empresariales para que defiendan las leyes pactadas, pero el presidente de los empresarios ha rectificado su defensa inicial para apoyar la posición del PP de modificar las leyes vigentes.
Hay que saber si las pensiones se van a revalorizar en función del IPC o van a perder otra vez poder adquisitivo como ya ocurrió con los anteriores gobiernos del PP
Los máximos dirigentes de UGT y CCOO se han interrogado sobre las razones que se pueden tener para querer modificar una reforma laboral, que hasta ahora ha generado tres millones de contratos indefinidos y ha reducido la tasa de temporalidad a su mínimo histórico, el 17,28%. Respecto del SMI han preguntado si se va a respetar la Carta Social Europea, que fija su cuantía en el 60 % salario medio, o si se pretende reducir su cuantía actual de 1.080 euros mensuales. También han recordado que una obligación de las candidaturas al 23-J es responder a los 10 millones de pensionistas si sus pensiones se van a revalorizar en función del IPC o van a perder otra vez poder adquisitivo como ya ocurrió con los anteriores gobiernos del PP. Ambos sindicatos han recordado el valorconstitucional del diálogo social, como un instrumento fundamental para profundizar en el Estado social y democrático de derecho a través de su participación para defender los intereses del mundo del trabajo y el Estado del bienestar.
