domingo. 21.04.2024
CCOO Madrid (Fran Lorente)
Foto: CCOO Madrid (Fran Lorente)

En recientes estudios demoscópicos se expresan las opiniones de la ciudadanía sobre los principales problemas que les afectan o les preocupan. He recogido los dos más significativos y rigurosos por su amplitud y metodología. El primero del CIS (Estudio 3410, Barómetro de junio de 2023), con 7.400 encuestas y margen de error muestral de +/- 1,5%. El segundo, de la consultora 40dB (19/06/2023), con 2.000 encuestas y un error muestral de +/- 2,2%.

Se trata de partir del análisis de la realidad sociológica percibida por la población para valorar el alcance de las políticas públicas implementadas respecto de las dinámicas socioeconómicas e institucionales e interpretar su subjetividad frente a ellas y su actitud político-electoral ante las elecciones generales del 23 de julio. Pero, sobre todo, sitúa el contexto para explicar las tareas transformadoras pendientes para la próxima etapa política con una orientación progresista, con un nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, con su nuevo y positivo acuerdo unitario, con la reafirmación de un proyecto de progreso frente al riesgo reaccionario de las derechas. 

Qué problema le afecta más (en primer lugar, segundo y tercero, y acumulados) (%)

Fuente: CIS-Estudio 3410, Barómetro de junio de 2023, con elaboración propia

En la tabla adjunta, he acumulado los tres órdenes de problemas que las personas consideran que les afectan directamente para comparar los distintos bloques, aunque tiene también interés la combinación de prioridades. En primer lugar, hay que destacar que más del 70% (72,9%) se considera afectado por el impacto de la crisis económica, sus consecuencias económicas y, en particular el paro y la insuficiente calidad del empleo, o sea, su precariedad. En segundo lugar están los tres grandes problemas de las políticas sociales, que casi la mitad de la población (44,2%) se considera afectado: sanidad, vivienda y educación, cuyas competencias gestoras están transferidas a las comunidades autónomas pero que el Gobierno ha introducido nuevas normativas reguladoras, incluidas las medidas respecto de la pandemia y las nuevas leyes de educación y vivienda, todavía en fase de implementación. En tercer lugar aparecen los problemas políticos, con un 10,3%, sin precisar sus particularidades. Por último, y es significativo, se señalan los problemas existentes para la juventud. A estos problemas más relevantes se añaden varias docenas con un porcentaje pequeño, algunos de interés por su impacto sociopolítico y cultural, como los nacionalismos, la violencia de género, el cambio climático, la inmigración…, que no es momento de analizar ahora.

La percepción social mayoritaria todavía es de relativa frustración y una parte se convierte en desconfianza hacia esa gestión institucional de las izquierdas

En la siguiente tabla expongo las preocupaciones de la población, valorando la situación general del país, no de cómo les afecta personalmente. Los porcentajes son distintos, aquí la preocupación por la problemática general es masiva, aunque los temas se presentan acotados. Se confirma que las preocupaciones socioeconómicas -la inflación y el coste de la vida, la situación económica, las desigualdades sociales y la pobreza y el paro- son las que tienen una mayor dimensión en la sociedad, todas para más del 84%. A ello se acumulan dos aspectos importantes, el coste de la vivienda y las dificultades de acceso y el cambio climático, también superiores al 80%. Con menor preocupación, aunque significativa para más de un 60%, están la inmigración y la imagen de España en el exterior.  

Preocupaciones de la población. % de respuestas de ‘Mucho’ y ‘Bastante’

Fuente: 40dB. Barómetro de junio (19/06/2023), con elaboración propia. La pregunta exacta es: “Pensando en la situación actual de España, ¿cuánto te preocupan los siguientes asuntos?”

Pues bien, desde esos dos diagnósticos sobre el impacto personal y la situación del país, hay que valorar la gestión institucional del Gobierno y las administraciones públicas en su capacidad para mejorar o no la gravedad de los problemas y preocupaciones señalados. En ese sentido, la realidad está llena de claroscuros. La acción gubernamental ha acertado en diversas medidas claramente progresistas que han reducido la temporalidad en el empleo, elevado el SMI, evitado el desempleo apoyando a las empresas y personas trabajadoras -ERTES- y reforzado el escudo social y las medidas anti-crisis y de regulación de precios por la inflación, así como impulsando cambios normativos en diferentes campos, como los antedichos de la vivienda, la educación y las políticas feministas. A ello hay que añadir, particularmente, la desinflamación del contencioso de las relaciones del Estado con Catalunya y en su interior, mediante los indultos y la mesa de diálogo institucional. De todo ello, las derechas lo hubieran hecho mucho peor.

Esas medidas han sido promovidas desde el Gobierno progresista de coalición, amparado por el acuerdo gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos, y refleja la utilidad política de esa gestión institucional y su acción transformadora, con sus límites e insuficiencias. Sin embargo, la percepción social mayoritariatodavía es de relativa frustración y una parte se convierte en desconfianza hacia esa gestión institucional de las izquierdas, considerada insuficiente, y en relativa desafección o desmotivación electoral. Así, destacan esos asuntos globales, impuestos a las capas populares por los grandes poderes y estructuras económicas -los llamados mercados o los altos beneficios empresariales- sin que la gestión política y las instituciones públicas hayan sido capaces de revertirlas y solo han conseguido paliarlas. 

Me refiero a esos asuntos clave para mucha gente como la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la alta inflación, particularmente de la cesta de la compra, así como el crecimiento de los alquileres o los intereses de las hipotecas, al mismo tiempo que se mantiene cierta contención fiscal que imposibilita un refuerzo de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales y prestaciones básicas, salvándose la revalorización de las pensiones públicas. 

Para la mayoría de la población no le valen echar balones fuera de las causas y responsabilidades públicas

Se mencionan los grandes factores -pandemia, guerra de Ucrania con crisis energética, climática y alimentaria…- que han dado lugar al empeoramiento de algunas de estas condiciones. Pero para la mayoría de la población no le valen echar balones fuera de las causas y responsabilidades públicas; exige con razón a sus instituciones estatales, que estén a la altura de esos nuevos desafíos, aunque sean impuestos por otros agentes y poderes político-económicos. Dicho de otro modo, cuando la situación material de la gente trabajadora -cantidad y calidad del empleo, poder adquisitivo, agenda redistributiva, refuerzo del Estado de bienestar…- va mejorando, la gestión política y económica es más fácil. La cuestión se complica cuando se imponen retrocesos o condiciones peores por distintas dinámicas estructurales o decisiones macroeconómicas o institucionales y unos gobiernos progresistas tienen dificultades para revertirlas. 

Esto es lo que sucede en esta larga gestión de la crisis social y económica de más de una década, que ha dejado a amplias capas en mayor inseguridad, trayectorias estancadas y descendentes y, en todo caso, bloqueo de expectativas ascendentes. Es cuando la esperanza y la ilusión se deban asentar en la credibilidad de las medias y estrategias transformadoras, ligadas a esas condiciones materiales, a una realidad y unas expectativas de avance. Se enlaza así la mejora social y económica (o su comienzo), sustantiva y real, con una subjetividad de confianza en la gestión política y su compromiso futuro para consolidarla. Y se genera apoyo sociopolítico y electoral para cumplir con ese contrato social. 

Medidas parciales, gestión política y cambio global

Hay dos aspectos que conviene precisar. El primero, trata de la mediación entre la valoración positiva de medidas parciales y la ausencia de una posición global progresista o de apoyo a las izquierdas. Por una parte está la necesidad del cambio de marco interpretativo y valorativo que las derechas y su potente poder mediático tratan de imponer y que se ha instalado casi como sentido común: aunque las políticas concretas son convenientes, la oposición al gobierno se justifica por sus pactos y alianzas, es decir, por la colaboración socialista (sanchista) con la izquierda transformadora de Unidas Podemos, ahora Sumar, y las izquierdas nacionalistas de EH-Bildu y ERC. Hay detrás un pensamiento conservador, autoritario y nacional-españolista (y antifeminista) que bloquea un modelo de Estado social e incluso democrático y de derecho, junto con la regulación territorial y plurinacional; es decir, supone defender y legitimar un modelo institucional y una legitimación pública y cultural del proyecto de conjunto de país.

El segundo es sobre la dificultad para enlazar descontento inmediato y medidas concretas con conciencia social global y comportamiento político electoral. El marco arriba / abajo, élites / pueblo o poderosos / clases populares, tiene limitaciones para explicar las mediaciones intermedias. Consiste en la prioridad a la posición con ventajas relativas respecto de otro segmento del que la persistencia de su desventaja conviene para mantener las distancias de estatus, poder y distribución del propio grupo social. Se trata de darwinismo grupal o corporativo (no solo individual). Se rompen esas polarizaciones globales, y alguna gente se articula con una segmentación de los arriba y abajo relativa en cada segmento y escala relacional inmediata (socioeconómica y de clase social, por sexo, etnia/raza/origen nacional, etc.) con privilegios y discriminaciones específicas diferenciadas y entrecruzadas. 

A veces hay una distorsión entre una política ‘útil’, pragmática, que valora medidas concretas favorables, y discursos, considerados etéreos

O sea, hay una fragmentación de los perdedores y ganadores relativos, de la pugna por mantener o aumentar las distancias comparativas, orillando el cambio global estructural / institucional que pretenden promover y enmarcar las fuerzas progresistas. Está combinado con la relativa impotencia para trasformar el poder establecido oligárquico y/o la ausencia de un movimiento global transformador de progreso, con esa polarización deseada de mayoría popular frente a poder establecido/élites. La tendencia es que esa estrategia global decae hacia una forma solo discursiva, a veces metafórica, incapaz de generar credibilidad transformadora. 

Es decir, no se supera el ámbito inmediatista de actitudes defensivas o reaccionarias (resentimiento, ira…) de refuerzo (conservador) del estatus propio, relativamente privilegiado, frente a los avances y derechos de otros grupos sociales que pugnan por la igualdad relativa y global. Por tanto, sin una estrategia y una dinámica realista y creíble de cambio global no se eleva la disponibilidad popular a la igualdad del conjunto frente a los privilegios de las minorías o grupos acomodados, aunque sean solo en términos relativos respecto de otros grupos próximos.

Por último, una reflexión final. A veces hay una distorsión entre una política ‘útil’, pragmática, que valora medidas concretas favorables, y discursos, considerados etéreos, por mucho que los defensores de lo primero utilizan argumentos propagandísticos a efectos de legitimación propia; o lo contrario, se considera central la pugna ideológica y se infravaloran las reformas concretas y sustantivas. 

La respuesta superadora es la interacción entre una estrategia transformadora de conjunto y duradera, desde la que se valora la modificación de las condiciones sociales generales, con su implementación de medidas específicas y adecuadas a distintos sectores sociales, junto con tareas de cambio estructural, institucional, sociocultural y simbólico. Es cuando se rellenan palabras con un contenido real y preciso.

Se necesita combinar la gestión institucional de progreso, con sus gestores políticos y sociales, con los procesos de legitimación y arraigo social con la mayoría popular

Un proyecto reformador a gran escala de dinámica sociolaboral, protectora y económico-fiscal, desde una perspectiva igualitaria y democratizadora, necesita también un proceso de legitimación social, articulación política y asociativa y cambio de mentalidades. Esas funciones suelen ir acompañadas de liderazgos políticos y sociales y grandes ideas y significantes -programas y discursos-, como democracia, igualdad, libertad… o frente al autoritarismo y la dominación. 

Por tanto, en la práctica, se necesita combinar la gestión institucional de progreso, con sus gestores políticos y sociales, con los procesos de legitimación y arraigo social con la mayoría popular. Las derechas ya están incrustadas con el poder económico, institucional y mediático; para las izquierdas lo decisivo es su vinculación popular, su capacidad de articulación sociopolítica, cultural y democrática.

En definitiva, las fuerzas progresistas están (estamos) ante el emplazamiento inmediato de ganar las elecciones generales del 23 de julio a las derechas. Los riesgos para el país y la mayoría popular son muy grandes. Contamos con el importante factor positivo de la reciente unidad del conjunto de las izquierdas diferenciadas de la socialdemocracia en torno a la nueva coalición de Sumar, una vez superada la agria disputa por su orientación y su hegemonía. Es preciso ampliar y consolidar ese acuerdo de mínimos, desde la integración y el respeto a la pluralidad, considerando la representatividad y capacidades de cada cual, y con un impulso transformador de progreso de la dinámica del país, en la próxima etapa política. Lo decisivo, la credibilidad transformadora de la nueva representación político-institucional. 

La credibilidad transformadora