El Partido Popular (PP) ha presentado su programa para las elecciones generales del 23 de julio. Las medidas sobre empleo y pensiones se recogen en el apartado titulado “Crear empleo de calidad para todos”, del que resalta la inconcreción de las propuestas. Siendo sus enunciados continuistas con los posicionamientos que la derecha y la extrema derecha han adoptado contra la reforma laboral y de pensiones acordadas en el diálogo social y aprobadas por el Congreso de Diputados. Pese a que el líder del PP, recientemente, ha afirmado que respetaría la reforma laboral de 2021, que el Gobierno Progresista aprobó con el consenso de los sindicatos y las patronales, en el documento electoral no se hace ninguna referencia a ello, ni tampoco a la retirada del recurso de amparo parlamentario que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional contra la aprobación de la reforma laboral.
Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se comprometen a fijar su evolución para los próximos años, y se ignoran las obligaciones reguladas por la Carta Social Europea (CSE) revisada que España ratifico en 2021. La CSE establece que la cuantía del SMI tiene que situarse como mínimo en el 60% del salario medio del país. A su vez la metodología que se describe para la revisión del SMI tampoco se ajusta a las previsiones legales, recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, que dispone los criterios para su determinación y la consulta preceptiva a los sindicatos y patronales, pero el PP incluye a unos expertos, sin identificar, a los que se les pretende dar participación en las decisiones.
En el documento electoral del PP no se hace ninguna referencia a que respetaría la reforma laboral de 2021
Otra de las propuestas presentadas es una “reforma integral” de las políticas activas de empleo. En ella no se propone ninguna novedad sobre la Ley de Empleo, aprobada en esta Legislatura, en la el PP se abstuvo y que tiene como objetivo central el acompañamiento personalizado a las personas demandantes de empleo mediante las medidas que garantiza la Cartera Común de Servicios y la atencion a las necesidades de las empresas. Mediante el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo junto con la modernización, evaluación y mejora de las políticas activas de empleo. Como novedad el PP plantea “la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado”, cuando la Ley de Empleo ya prevé el acceso personalizado a la Formación Profesional para el Empleo.
Sobre las pensiones en el documento programático no hay ningún compromiso de cómo se va a garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones y se hace una referencia genérica a la revalorización de las mismas y a su contributividad. El PP no se compromete con el mantenimiento de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, como se recoge en la Ley General de la Seguridad Social. Únicamente afirma que la revalorización de las pensiones se abordará en el marco del Pacto de Toledo, cuando ya el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2020, con el voto favorable del PP, las veintidós recomendaciones consensuadas por la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, en la recomendación segunda se recoge la revalorización de las pensiones con el IPC.
Pese a la vaguedad del documento queda claro que el PP, en el caso de llegar al gobierno, quiere modificar las reformas aprobadas en esta legislatura que aseguran el poder adquirido de los pensionistas, garantizan la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones públicas y el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y la mejora de su protección social. Sus propuestas se inspiran en la derogada reforma de pensiones de 2013, impuesta por el gobierno del PP sin diálogo social y sin consenso en el Pacto de Toledo. Máxime cuando en 2013 se impuso un Indicé de Revalorización de las pensiones que limitaba el crecimiento de las mismas al 0,25%, lo que provocó en cinco años una pérdida del 1,65% en el poder adquisitivo de los pensionistas, y un Factor de Sostenibilidad que de haberse llegado a aplicar hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23%.
El PP no se compromete con el mantenimiento de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, como se recoge en la Ley General de la Seguridad Social
Entre las ambiguas medidas que contiene el programa electoral del PP, se anuncia lo siguiente: “Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan…” Pese querer ocultar el nombre de esta medida el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había anticipado la inclusión de un sistema de cuentas individuales para el despido de los trabajadores. Ante este anuncio CCOO y UGT han exigido al PP “la retirada de la propuesta de introducir un nuevo sistema que elimina las indemnizaciones por despido, haciéndolo libre y gratuito, basado en cuentas individuales de las personas trabajadoras –el denominado sistema de la 'mochila austriaca'– que supone un ataque frontal a los principios y objetivos fundamentales de la reforma laboral”.
Así es, la formulación propuesta del PP coincide con el modelo vigente en Austria, conocido como “mochila austríaca”, que consiste en un sistema de aseguramiento empresarial de las indemnizaciones por despido de los trabajadores, con el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad a cuentas de ahorro individuales de cada uno de sus trabajadores, que estos pueden rescatar cuando se produce su cese. La denominación de mochila responde a que la cuenta de cada trabajador no se pierde si el trabajador se cambia de empresa de manera voluntaria, pudiendo decidir entre percibir su indemnización o acumularla durante toda su vida laboral, aumentando la cuantía de su pensión cuando se jubile. Los resultados indican que la mayoría de las personas trabajadoras rescatan el fondo cuando son despedidos y no han mejorado sus pensiones.
CCOO y UGT han exigido al PP la retirada de la propuesta de introducir un nuevo sistema que elimina las indemnizaciones por despido, haciéndolo libre y gratuito
No es la primera vez que esta cuestión se plantea en España, en la reforma del mercado de trabajo de septiembre de 2010 se preveía la creación de un Fondo de Capitalización para los Trabajadores en 2012. El Gobierno socialista creó un grupo de estudio para elaborar un informe con la participación de académicos, representantes de las patronales y de los sindicatos y del Gobierno. El informe fue publicado en junio de 2011, los integrantes del grupo consensuaron sus conclusiones. Entre ellas resaltaba que el Fondo era una medida de muy difícil implementación, dado el elevado volumen de recursos que requeriría para su puesta en marcha. A esta conclusión, determinante por su inviabilidad económica, se añade otra fundamental, pues todo trabajador tiene derecho a la tutela efectiva de la justicia en caso de despido, la regulación del despido en nuestro país es causal, y en función de la existencia o no de las causas los jueces y tribunales señalan una u otra cuantía en las correspondientes indemnizaciones.
Pese al anterior consenso sobre la inviabilidad económica y jurídica de la “mochila austriaca” en nuestro país, el PP incorpora dicha propuesta en su programa. Aunque han pretendido esconderla tras un juego de palabras, tampoco explican sus consecuencias, ya que se pondrían en riesgo los ingresos del sistema público de pensiones al reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para financiar los despidos de los trabajadores, A su vez en un modelo de cuentas individuales el coste directo del despido para el empresario es cero, lo que podría fomentar los despidos. Pues se suprimirían o recortarían las actuales indemnizaciones por despido, una agresión a los derechos de los trabajadores, como ya hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la reforma laboral impuesta en 2012, que aumento la destrucción de empleo. En definitiva, un grave peligro para las políticas de empleo desarrolladas por el Gobierno Progresista mediante el diálogo social, que tienen como resultado los 20,87 millones de empleos alcanzados en junio, un nuevo máximo histórico.
