Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de SUMAR, presentaron el pasado 24 de octubre el acuerdo programático para la formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España. El pacto es el fruto del intenso proceso negociador que han venido desarrollado ambas formaciones desde finales de julio y que fue ultimado por ambos líderes. Con este acuerdo se da respuesta al contundente mensaje que lanzó la mayoría social en las elecciones generales del pasado 23 de julio: el rechazo a un gobierno de la derecha y la extrema derecha en nuestro país, y a la clara voluntad de seguir avanzando en justicia social e igualdad y ampliando derechos y libertades.
El acuerdo para un gobierno de coalición profundiza en las políticas sociales y laborales desarrolladas en la última legislatura. Que supuso un escudo social para proteger a las personas y al sistema productivo, con medidas que han incrementado el SMI, han mantenido el empleo con los ERTE, ampliado la protección para las personas vulnerables con el IMV, mejorado el empleo y las pensiones con las reformas laboral y de las pensiones, la ley de vivienda, las políticas de igualdad o los avances feministas reconocidos internacionalmente. La pasada legislatura se ha caracterizado por el diálogo social para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia de la covid-19 y a los efectos de la guerra en Ucrania.
El acuerdo para un gobierno de coalición profundiza en las políticas sociales y laborales desarrolladas en la última legislatura
Para ambos partidos la próxima legislatura tendrá un objetivo central: “seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad y con derechos”. Se abordará una reforma fiscal para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB). La reforma de la financiación territorial y reforzar y extender la co-gobernanza desde el diálogo. El refuerzo del sistema nacional de salud, el aumento del parque público de vivienda con el objetivo de que alcance el 20% del parque total, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años o la derogación de la ley mordaza
Siendo unas de las prioridades de la acción del gobierno progresista fortalecer el estado del bienestar, la modernización del sistema productivo y el pleno empleo. El pacto recoge, entre otras, importantes medidas sociolaborales como la reducción de la jornada sin reducción salarial, seguir garantizando la revalorización de las pensiones con el IPC o la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil. Para poder desarrollar las políticas progresistas previstas en el acuerdo es necesario el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas – BNG, EH-Bildu, ERC, Junts y PNV- en el próximo pleno del Congreso de Diputados para la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno.
Con las medidas sociolaborales se plantea impulsar "una segunda oleada de derechos laborales" en los próximos cuatro años culminando en el preconizado Estatuto del Trabajo del siglo XXI, hasta ahora denominado Estatuto de los Trabajadores. Que introduce una nueva y cambiante particularidad, pues no solo afectara a las personas asalariadas sino todos aquellos que prestan actividades profesionales. Se pretende establecer el cuadro de derechos de los autónomos, de los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad social y ambiental.
Se plantea impulsar una segunda oleada de derechos laborales en los próximos cuatro años culminando en el preconizado Estatuto del Trabajo del siglo XXI
En el Estatuto del Trabajo del siglo XXI se pretende fortalecer los derechos de las personas trabajadoras, debilitados desde la reforma laboral de 2012 impuesta por el PP, ante las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y se revisarán las causas para acogerse a estos procedimientos para que sólo se puedan utilizar en las situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa. A su vez, se establecerán garantías para los trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y dotando a la cuantía de las indemnizaciones del necesario carácter disuasorio y reforzando la causalidad en los supuestos de la extinción de la relación laboral.
La jornada laboral se reducirá hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. Respecto el salario mínimo interprofesional (SMI) se continuará su proceso de dignificación, de forma que en el Estatuto de los Trabajadores recoja que se debe acompasar al 60% del salario medio. Se reconoce a la negociación colectiva como la herramienta fundamental para determinar los salarios y las condiciones de trabajo, se apoya de forma explícita el V AENC, firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, y se pretende impulsar un pacto de rentas para la estabilidad de los precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno.
Frente el desempleo juvenil se pondrá en marcha un plan de choque y otro ante el paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años. En este sentido, el texto contempla el despliegue de los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación. También, se establece el compromiso de simplificar y mejorar el nivel asistencial por desempleo con prestaciones suficientes, reforzando los incentivos al empleo facilitando el acceso y la compatibilidad de las prestaciones con el trabajo.
PSOE y Sumar se comprometen a que el desarrollo de las medidas sociolaborales contenidas en el acuerdo se llevará a cabo en el marco del diálogo social
Se recoge por primera vez el derecho a la participación de los trabajadores en la empresa, una reivindicación histórica del movimiento sindical, que se impulsara en línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social. Así mismo, se impulsará una ley de participación institucional de sindicatos y las patronales en las Administraciones Públicas, y se establece un compromiso de aprobar una Ley de impulso a la economía social y establecer reglas especiales sobre la representatividad de las asociaciones empresariales, con mención específica de las pequeñas empresas. El programa insiste en el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos derivados de la Carta Social Europea y los procedimientos de reclamación colectiva, y de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Estatuto del becario, cuya aprobación quedo pendiente en la pasada legislatura, vuelve a situarse entre los compromisos para este nuevo periodo legislativo. También se recoge la necesidad de una nueva regulación para la jubilación parcial y el contrato de relevo. En materia de salud laboral se actualizará la normativa sobre prevención de riesgos laborales, para incorporar la perspectiva de impacto de género, junto a la necearía introducción de las medidas específicas ante el impacto de las tecnologías digitales y los riesgos psicosociales. Junto la actualización del catálogo de las enfermedades profesionales y del procedimiento de notificación de los accidentes de trabajo. Finalmente, el PSOE y Sumar se comprometen a que el desarrollo de las medidas sociolaborales contenidas en el acuerdo se llevará a cabo en el marco del diálogo social.
