En el Periódico de Aragón de 8 de junio de 2019 publiqué un artículo titulado, Ese partido que ustedes mencionan. Ahí va un fragmento: “En El Periódico de Aragón del día 30 de mayo de 2019 apareció una noticia titulada Las consecuencias del 26-M, referida a las elecciones autonómicas y municipales. «El PP llamó a los medios para dejar constancia de esa primera reunión con su futuro grupo municipal, en la que impulsaba ese proyecto basado en el centroderecha, en la mayoría que salió de las urnas». Jorge Azcón hasta en veintiuna ocasiones se refirió así a una mayoría en la que entraría Vox, para él «ese partido que ustedes mencionan», respondía, o al que «la izquierda le gusta poner etiquetas», que a él no le gustan. Ni una sola vez dijo su nombre ni reconoció que fuera la extrema derecha como hizo su propio líder nacional, Pablo Casado, o con los que la oscense Ana Alós, dijo que no se sentaría a negociar. El texto es muy claro. No obstante, me genera cierta inquietud. ¿Por qué quien se postula para alcalde de mi ciudad no se atreve a nombrar a Vox? ¿Se le ha olvidado el nombre o hay alguna razón inconfesable?”.
Un inciso. Desde las primeras elecciones municipales democráticas en 1979 hasta las de 2019, Jorge Azcón ha sido el candidato que ha llegado a la alcaldía de Zaragoza con menos votos porcentuales, el 21,67% y con menos concejales, 8. Perdió las elecciones, ya que la fuerza más votada fue el PSOE, con el 27,68% y 10 concejales. Conviene recordar este hecho en estos momentos que el PP, cual, si hubiera descubierto el Mediterráneo, pontifica que debe gobernar la lista más votada. En 2019, de acuerdo con esta tesis, la alcaldesa de Zaragoza tendría que haber sido, Pilar Alegría, Ministra de Educación y Formación Profesional en funciones. Dejemos esta cuestión de la lista más votada, ya que defenderla es desconocer la esencia de la democracia.
Jorge Azcón hasta en veintiuna ocasiones se refirió así a una mayoría en la que entraría Vox, para él «ese partido que ustedes mencionan»
Retorno, al tema que encabezaba este escrito. ¡Que de vueltas da la historia! Jorge Azcón, acaba de firmar un acuerdo de gobierno con VOX, “ese partido que ustedes mencionan”, como decía hace 4 años. Por cierto, en la firma del acuerdo, no ha estado presente. En un acto tan importante para Aragón, resulta difícil entender su ausencia, a no ser que todavía tenga cierto recato en hacerse una foto con la extrema derecha, con lo que le agradan las fotos. Ese ha sido su gran bagaje político en la alcaldía de Zaragoza, foto tras foto, siempre sonriente y aderezado con un discurso antisanchista. Esta ha sido toda su aportación, además de vender terreno público para construir un hospital privado e hipotecar para 75 años un patrimonio municipal, como La Romareda, sin una consulta a la ciudadanía. Alguien tan poco sospechoso de afiliación izquierdista como Emilio Romero, ínclito falangista director del diario Pueblo, afirmó que la derecha, para ganar unas elecciones tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes. El Ayuntamiento de Azcón ha defendido los intereses de muchas menos familias, cuyos nombres los zaragozanos deberíamos conocer, ya que es una grave amenaza para el ciudadano, el ser gobernado por poderes ocultos. Y esto acontece cuando el que manda no es el que firma.
Más, la verdad desagradable asoma. El hecho incuestionable es que ya se ha normalizado el acceso de la extrema derecha a las instituciones municipales y autonómicas. Y un ejemplo paradigmático es el del gobierno del PP-Vox en Aragón, como lo han hecho en las comunidades de Valencia, Extremadura, Baleares, y ya antes en Castilla León. En esta normalización o blanqueamiento de la extrema derecha han trabajado a conciencia los medios de derechas capitalinos. Y este relato lo ha asumido el PP y una parte importante de la sociedad. Para entender esta aceptación me parece muy apropiada una teoría política, la denominada La ventana de Overton, que describe como una ventana estrecha y establece el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable, y que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. El nombre se debe a Joseph P. Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Públicas, el cual establece una escala de ideas, que van desde impensables, radicales, aceptables, sensatas, populares y políticas. En lo alto de este eje las ideas impensables y después, bajando, aparecen sucesivamente las radicales, las aceptables, las sensatas, las populares y las políticas. A medida que se sube por el eje se avanza hacia el radicalismo. A medida que se baja, se va hacia la moderación, que aquí no se encuentra en el centro, sino en uno de los extremos. No obstante, en esta teoría, la radicalidad y la moderación no se definen en abstracto, sino demoscópicamente. Pero la cuestión fundamental es clara: ¿quién define los límites de esta ventana de lo aceptable y su capacidad de desplazamiento? No es tanto lo que los ciudadanos consideran aceptable para la sociedad, sino lo que algunos intereses mediáticos, políticos y económicos han establecido como tal y han promocionado para que los ciudadanos crean que es aceptable. Hoy una parte importante de la sociedad española le parece aceptable la presencia de la extrema derecha en las instituciones, a pesar de ser su ideario político, que todo ciudadano medianamente formado tiene que conocer y en el que me detendré más adelante.
El hecho incuestionable es que ya se ha normalizado el acceso de la extrema derecha a las instituciones municipales y autonómicas
En esta tarea de normalizar, blanquear y legitimar el acceso a las instituciones de la extrema derecha, se ha impuesto el relato en nuestra sociedad a través de los medios y de sectores de la política; si Sánchez pacta con la extrema izquierda, ¿por qué no puede pactar el PP con la extrema derecha? Aclaremos un poco las ideas. Ese partido de extrema izquierda programáticamente podría ubicarse dentro de la más estricta socialdemocracia. Dejando el ruido, supone una propuesta de liberalismo republicano –en lo político– que defiende las propuestas neokeynesianas –en lo económico– que la socialdemocracia abandonó para fundar el socialismo de la Tercera Vía de Tony Blair, abrazando los dogmas del neoliberalismo con la fe sobreactuada de los conversos. Y, junto a este keynesianismo, unas políticas de recuperación y ampliación de derechos sexuales, la libertad de expresión, la participación política... Liberalismo, pues. Este artefacto liberal y keynesiano es para muchos la extrema izquierda; la cual legisla los alquileres como hace la derecha civilizada en Alemania, Austria, Suecia, Irlanda o Francia y defiende invertir en políticas de protección social como el ingreso mínimo vital o subida del salario mínimo interprofesional, sufragadas con una reforma impositiva que bascule la carga fiscal sobre las grandes fortunas y grandes corporaciones, como hace Biden en los Estados Unidos.
En definitiva, lo que en España se ha decidido etiquetar como «extrema izquierda», en el resto del planeta se considera sentido común, como son estas nuevas dinámicas de recambio tras el cataclismo financiero de 2008, que pulverizó el prestigio de la utopía neoliberal y que con la pandemia son más necesarias. Es decir, que el nuevo consenso cabal e impregnado de justicia social extendido por todo el mundo occidental, en nuestra querida España, está ubicado en el extremo izquierdo de nuestras ofertas políticas. España es excepcional.
En contraposición la extrema derecha, primero en Castilla León y ahora en Valencia, Baleares, Aragón, Extremadura y en muchos ayuntamientos, ya está aquí. Son los de la bandera, Covadonga, la Reconquista, las Navas de Tolosa, los Reyes Católicos, Pizarro, Lepanto, el Alcázar.
Su ideario político lo resume perfectamente Enrique del Teso, profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo, en su libro La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella: “Sistema autoritario: prensa intervenida, anulación de la separación de poderes, ausencia de control del Gobierno, imposibilidad de la alternancia política, eliminación de derechos y libertades. Xenofobia y racismo: el grupo étnico mayoritario o más fuerte se presentará como amenazado por otros grupos o minorías. Machismo: diferentes roles entre géneros, sociedad patriarcal, segregación de la mujer, y de ahí negación de la violencia de género. Sociedad clasista: entre una élite y una gran mayoría excluida con menos derechos y oportunidades. Propaganda intensa: proliferación de bulos y máxima intoxicación informativa”
Pero de esta irrupción exitosa de la extrema derecha en España gran parte de la responsabilidad está en la derecha tradicional ‘liberal’, y que no ha tenido inconveniente en recurrir a ella para alcanzar el poder e incluso compartirlo con ella, y así la ha legitimado y normalizado.
Lo que en España se ha decidido etiquetar como «extrema izquierda», en el resto del planeta se considera sentido común
Y ya la tenemos aquí, a la extrema derecha. Como señala Jorge Dioni, alguien se cuestiona los motivos del atraso español. Los tiene delante. El mundo discutiendo sobre las redes 5G o los nuevos modelos de energía o movilidad y aquí estamos con los toros, la caza o Hernán Cortés. Tenemos más atrasistas que progresistas. Los atrasistas hablan de historia o tradiciones sin tener ni idea de historia o tradiciones.
Son los que no saben vivir sin tocar las narices a los demás, sin odiar a alguien, sin insultar. Son los que no soportan tener que respetar a todo el mundo. Los que se cabrean cuando otros adquieren derechos. Los que añoran perseguir o ridiculizar a los demás. Esta gente, la que habla de toros, caza y procesiones, es la que ha gobernado casi siempre. Entre pagar a investigadores o profesores de religión, optamos por lo segundo.
Por ende, ese relato de la equidistancia entre los extremos no tiene sentido alguno. Mas, lo grave, es que una parte de la sociedad española lo cree y lo asume.
Y con esta extrema derecha el PP no tiene inconveniente alguno en pactar, que puede explicarse por el ansia de poder de los populares, como Jorge Azcón o María Guardiola. No obstante, dejando aparte algunos exabruptos de la extrema derecha relacionados con la batalla cultural, ambas derechas tienen muchos puntos en común, no en vano son hijos de un mismo padre, Manuel Fraga.
En todos los acuerdos de gobierno firmados entre PP-VOX, aparece la derogación de la Memoria Democrática. Quiero detenerme en esta cuestión. Ambos partidos pontifican que la esencia de España es el cristianismo. Y se definen como profundamente cristianos. El PP en sus Estatutos cita: «Se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental”. Abascal inicia sus campañas en Covadonga, pidiendo a la Santina. «Sálvanos a nosotros y salva a España».
¿Cómo compaginar esa apelación cristiana con negarse a dar una sepultura digna a todos los españoles que todavía permanecen en las cunetas? Encontrarlos, exhumarlos y enterrarlos en un cementerio, donde sus familiares puedan honrarlos, no es derechas ni de izquierdas, es un acto de humanidad, y todavía más, profundamente cristiano. Para el cristiano es importante una sepultura digna. Por muchos motivos, pero solo mencionaré uno: «Somos templos del Espíritu Santo» (1Cor 6,19). «No podemos dejar tirado algo que tiene un valor inmenso. Es verdad que ya no esté el alma en el cuerpo, pero estuvo, y un día llegará la resurrección de la carne».
Igualmente están de acuerdo en cuestionar las políticas lingüísticas vigentes en las comunidades autónomas bilingües. El bilingüismo les molesta, quieren una España monolingüe. En el acuerdo firmado entre PP y VOX en Aragón aparecen estos apartados, que son extensibles a Valencia y Baleares.
- Supresión de la Dirección General de Política Lingüística y traslado de funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Eliminar las “ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística” concedidas por el Gobierno autonómico saliente y redirigir ese presupuesto a ayudas para empresas turísticas y culturales que promuevan las fiestas locales y las ferias artesanales.
- Revisión del texto de la Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón con el objetivo de prevenir cuantas interpretaciones interesadas perviertan su verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes.
En todos los acuerdos de gobierno firmados entre PP-VOX, aparece la derogación de la Memoria Democrática
Pero, donde hay una mayor coincidencia entre ambos partidos es en la política económica. Quiero fijarme en algunas propuestas de PP-Vox, plenamente neoliberales. Según Javier Ruiz, la contrarreforma fiscal que va en el pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana entre el PP-Vox, supondrá una pérdida de recaudación para el presupuesto autonómico de 551,7 millones de euros. Al quitar patrimonio se pierden 198,4 millones, de lo que se beneficiarán el 0,5% de los valencianos. Es decir, 26.700 valencianos sobre 5,1 millones. Al eliminar el impuesto de sucesiones se pierden 326 millones y por el de donaciones 27 millones. Legislan para los más ricos y perjudican a la gran mayoría. Esa menor recaudación supondrá reducción de los servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales, que es de todos. No obstante, tampoco es una novedad, es el modelo fiscal de Ayuso. Sigue Moreno Bonilla, quitando patrimonio a 16.785 andaluces. Una merma de 93 millones.
Y en el acuerdo de Aragón se especifica:
- Impuesto de Sucesiones y Donaciones: -Reducir el impuesto autonómico estableciendo una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges.
- Reducir gradualmente el impuesto actual entre hermanos, tíos y sobrinos mediante bonificación en la cuota.
- En tanto no se produzca la derogación del Impuesto sobre el Patrimonio, elevaremos el mínimo exento a los 700.000 euros. Bonificaremos también al 100% el patrimonio formado por inversiones en empresas, activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo.
Todos estos políticos que alardean de constitucionalistas, con esta política fiscal, no respetan el espíritu de la Constitución. Es clarísimo el artículo 31. «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…»
Ni que decir tiene que, de acuerdo con esa ideología neoliberal, el objetivo prioritario es privatizar los servicios públicos, de sanidad, educación, servicios sociales y pensiones. Todo ello, bajo el argumento tramposo de colaboración público-privada.
A nivel educativo el acuerdo de Aragón responde al ideario educativo del PP, basado en la calidad de la enseñanza, la libertad de elección de centro, la defensa de la excelencia, la competitividad entre los centros, la evaluación, etc. Tiene los siguientes apartados:
- Garantizaremos la libertad de educación y la libre elección de centro escolar por parte de los padres.
- Crearemos el ‘Cheque escolar’ para asegurar la igualdad de oportunidades, el derecho de los padres de elegir la educación que desean para sus hijos y promover la competitividad de los centros educativos.
- Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares.
- Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos.
- Implantaremos de forma progresiva el Bachillerato concertado.
