Esta serie la comencé a escribir en enero del 2016
En una economía en la que tanto los beneficios, como los salarios y otras retribuciones han conseguido que en nuestra sociedad existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lo que unos y otros pudieran consignar en un fondo de pensiones sería tan dispar, que generaría en el futuro unas diferencias tan profundas como las que los ciudadanos de segunda están sufriendo en el presente. Y esto es algo que aún admitiendo que lo que uno haya destinado a cubrir un fin determinado, es algo que ha de estar intrínsicamente vinculado con el que lo materializó, es preciso ponderar, si como consecuencia de las irregularidades que tienen lugar en nuestra economía, es procedente transferir al futuro lo que se haya hecho mal en el presente. Es decir las razones por las que unos pudieron consignar ciertas cuantías a sus fondos de pensiones, y otros no pudieron ni siquiera traspasar un nivel de subsistencia.
Al iniciar uno de estos artículos dije, que sobre el tema de las pensiones se han vertido ríos de tinta. Lo que a mi entender ocurre es que siendo muy copiosa la tinta derramada, lo que se ha escrito no refleja el caudal que en estos ríos discurre. Ocurrió que lo que la exministra Báñez presentó en su momento a los interlocutores sociales como una propuesta para asegurar la reforma del sistema público de pensiones, fue una nueva fórmula ideada por el Gobierno, para apropiarse -emulando al Capital-, de otra fracción del poder adquisitivo del sector laboral. Una fórmula que se trató de justificar en función de lo que fue beatíficamente bautizado con el pomposo título de Factor de Sostenibilidad.
Entre las fórmulas más conocidas con las que el Capital se ha estado apoderando de parte de las rentas del trabajo podemos citar, la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Entre aquéllas que por su aparente levedad les hemos prestado menor atención, se encuentra en primer lugar, la inflación generada por esas concesiones de crédito en las que se ha incurrido para incrementar la demanda; una apreciación de los productos y servicios que, independientemente del incremento de las acreditaciones llevadas a cabo por la banca, suele estar acompañada por un dinero fiat emitido por Banco Central que tiende a ser siempre mayor, que lo que se hayan incrementado los productos y servicios que se ponen a la venta en los mercados. En segundo lugar, la que en función de lo que se conoce como Ley de Okun, laxa, pero no menos firmemente nos señala como tasa natural de paro; es decir, una tasa que está representando un ejército de desocupados; una tasa que por su cuantía determina los derechos de aquéllos que estuvieran trabajando. Y en tercer lugar, esa fórmula esperpéntica con la que se nos trata de disciplinar, amenazándonos de que una subida salarial tiene que estar directamente relacionada con un incremento de la productividad. Unas fórmulas, que más allá de aquélla con la que se imponía una reforma con la que cínicamente resolver el problema de las pensiones, más acá, lo que se busca es transferir rentas desde el sector laboral al Capital, y al mismo tiempo involucrar a la Administración en el banquete.
Unas fórmulas que los que hayamos de sufrir sus consecuencias nos llevan a ser considerados los tontos del pueblo; unos necios a los que como consecuencia del adjetivo con el que ellos nos identifican, contrasta con el cinismo con el que; para mantenernos idiotizados y seguir utilizándonos, nos dicen "lo sabio que es el pueblo. Y como los tontos del pueblo, por su generalización constituyen el pueblo de los tontos, tanto el Capital como los gobiernos no tienen necesidad de ocultarnos que la situación en la que nos encontramos se debe a que, tanto las cotizaciones que deberían haber asegurado nuestras pensiones, como los gravámenes marginales que se tenían que haber impuesto a los beneficios obtenidos por las empresas, en lugar de haber sido utilizados para cubrir las necesidades de la población a la que supuestamente deberían representar, han sido discrecionalmente utilizados para proveer la asistencia de un incontable número de instituciones que son completamente extrañas a los fines que el Gobierno, como representante elegido por el pueblo, tendría que proporcionar. Y como una demonstración de su supeditación al Capital; una supeditación que no necesita ser conocida por el pueblo, a ese pueblo de los tontos tenemos que espabilarlos. Hacerles ver que un Gobierno que tiene que establecer una legislación con la que controlar los derechos y la seguridad futura de los que le han votado - en su defecto, al menos representativamente -, tiene que llevar a cabo ese control; que no nos recomienden poner en manos de lo privado lo que por constituir una competencia de lo común, debe de ser protegido por lo Público. Aunque ahora que lo pienso (aunque en realidad lo he venido pensando desde siempre), sus razones son palmarias. Tan evidentes como esclarecedoras. Al pueblo hay que llevarlo del ronzal. Es por ello por lo que entiendo (y esta vez utilizo este verbo en su más estricta acepción), cómo alguien tan profundo y tan formado como Hegel, llegó a decir que “el pueblo es la parte del Estado que no sabe lo que quiere”; cuyo “movimiento y acción serían elementales, carentes de razón, violentos y terribles”.
Conscientemente hemos llegado a convivir con la evidencia de esta aseveración. ¿Recordáis la incompetencia, y posiblemente connivencia con la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dejó en manos del mercado el latrocinio de las Participaciones Preferentes? ¿No creímos que era el Gobierno el que tenía que supervisar las actividades de la CNMV? Pues si lo creíais, ya sabéis lo que les espera a aquéllos que por su candidez, aguardan a que sus derechos sean respetados por aquéllos a los que hemos elegido. Como representantes han elaborado una legislación con la que nos sojuzgan. Sin embargo, lo que no les ha sido dable subyugar (en función de la naturaleza del modelo productivo), ha sido el enorme poder que tenemos como consumidores. Si aprendemos a usarlo, ni el Capital ni los gobiernos podrían esclavizarnos. Pero es que aún hay más. Lo que haya de ser ha de ser hecho. Y este hacer es patrimonio exclusivo del trabajo. Parafraseando a Christian Felber (a pesar de que no comulgo con su manera de enfocar el problema) “mientras la gente no tome la responsabilidad completa de sus propias vidas, mientras no reclamen sus derechos, los demás harán con nosotros lo que les dé la gana." Que es lo que precisamente está ocurriendo.
Imaginemos una economía en la que el trabajador no fuera un factor de producción, sino una parte alícuota de lo que fuera la empresa en la que desarrollara sus actividades. Imaginemos que las cotizaciones que ese copropietario hubiera de aportar a la Seguridad Social para su jubilación, en lugar de ser utilizadas por el Gobierno para unas coberturas ajenas a la finalidad para las que fueron abonadas (y que por tanto serían extrañas a la sostenibilidad que el cotizante trató de asegurar), permanecieran en la empresa como una inversión adicional, sometida a una caución con la que se asegurara la representatividad de su vigencia. ¿No se estaría contribuyendo con ellas al desarrollo de las mismas?
En el supuesto de que esto pudiera ser llevado a cabo, lo que hubiera de percibir el jubilado al concluir su etapa laboral (con independencia de lo que en el peor de los casos pudiera ocurrirle a su empresa), estaría garantizado en función de configurar una caución. Seguiría constituyendo un fondo que podría reasegurarse consignándolo (conjuntamente con los rendimientos económicos que hubiera que adscribirle al capital caucionado), en el activo de otras empresas. Los beneficios (y en su caso, las pérdidas) habrían adquirido sentido. Éstos se habrían incorporado al mundo del trabajo. Y el trabajador no dependería más que de aquello que a través de su esfuerzo se hubiera procurado. Su bienestar futuro estaría vinculado a lo privado; pero esta privatización estaría directamente relacionada con una peculiaridad de lo común, que es la que nos permitiría conciliar lo subjetivo con la objetividad de una pluralidad que individualizadamente caracterizara a la Generalidad. En una simbiosis en la que su futuro no tendría que ser protegido por lo Público, lo privado y lo común se habrían amalgamado.
