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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, han firmado el acuerdo para la protección frente al despido automático de las personas con incapacidad permanente, como señala el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, actualmente en vigor.
El acuerdo firmado este miércoles con CERMI se suma a los alcanzados en materia de incentivos o en la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Además, también se adoptaron medidas para favorecer la contratación de personas con capacidad intelectual límite fruto del trabajo conjunto.
El texto señala el pleno compromiso del Gobierno “con la defensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad” y permitirá derogar como causa de extinción automática de la relación laboral el reconocimiento de incapacidad permanente a una persona trabajadora.
"La firma del acuerdo supone un paso más en el reto de alcanzar la Igualdad en el que, comenzó en la pasada legislatura con la derogación del 52.d) del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despedido con bajas médicas", subrayan desde el Ministerio.
En el ámbito de la discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social colabora con CERMI con el objetivo de "hacer realidad el derecho a la igualdad en el trabajo de las personas con discapacidad". Como resultado de este trabajo conjunto, el acuerdo alcanzado sobre los incentivos a la contratación del Real Decreto 1/23 ha permitido dotar de una bonificación a la contratación de las personas con discapacidad por un importe de 1.774 millones de euros. Además, hace menos de un año también se acordó suscribir el Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad, la hoja de ruta a desarrollar en esta materia a lo largo de esta legislatura
"La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española no supone solo un cuestión terminológica o semántica es, ante todo, una cuestión de derechos: el mandato que nuestra Carta Magna impone a los poderes públicos es la obligación de diseñar y aplicar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, respetando su libertad de elección y atendiendo, en particular, a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad", señala.
“Una palabra puede determinar un cambio de época en la percepción de la igualdad, en el reconocimiento de los derechos, en la creación o facilitación de nuevos entornos y en la aproximación a la resolución de los distintos grados de vulnerabilidad y desigualdad. Lejos de cualquier afán de autocomplacencia o triunfalismo, consideramos esta etapa de gobierno como decisiva para completar las pautas estructurales de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral”, ha dicho Yolanda Díaz.
Fomentar la contratación de personas con discapacidad y su acceso al empleo de calidad es uno de los objetivos prioritarios de las Políticas Activas de Empleo llevadas a cabo por el Gobierno de coalición. En la actualidad, un 35,3% de personas con discapacidad forman parte de la población activa y suponen el 1,58% de las personas afiliadas a la seguridad social.
Según datos aportados por Trabajo "se están produciendo avances en la incorporación al mercado laboral": en 2014 había 191.666 personas trabajadoras con discapacidad, una cifra que hoy se ha incrementado en un 70%.
Además, hay que recordar que se trata de un colectivo que también sufre la brecha de género en la afiliación: hay un 58,42% hombres frente al 41,58% de mujeres, por encima de la desigualdad en la afiliación en general.
