La maquinaria propagandística del Gobierno ha dispuesto sus muchos recursos para instalar en la opinión pública la idea de que la recuperación ha llegado, la crisis es historia y la única amenaza para el futuro de los españoles viene de la diabólica coalición entre socialistas y radicales.
Rajoy, Guindos y Montoro procuran convencer a la ciudadanía española de que la vigente salida de la crisis es la única posible, que debemos celebrar nuestra suerte e, incluso, premiar a nuestros gobernantes con cuatro años más de poder.
Sin embargo, cualquier análisis mínimamente objetivo de nuestra realidad política y económica conduce a una conclusión bien distinta. Los tres grandes problemas a los que se enfrentaba la sociedad española en el año 2011, lejos de resolverse, se han agravado durante los cuatro últimos años: las consecuencias sociales de la crisis económica, los escándalos de corrupción y la amenaza secesionista en Cataluña.
El discurso económico del Gobierno es puramente estadístico. Todas sus celebraciones se basan en un crecimiento del producto nacional y del empleo que solo se refleja en los cuadros macroeconómicos. Puede que el índice PIB aumente por encima del 3%, pero la realidad económica que viven los españoles no es de avance sino de retroceso.
Hoy tenemos 300.000 parados más que en 2011, si comparamos las encuestas de población activa correspondientes al segundo trimestre del año. Las dos terceras partes de este paro lo es de larga duración. Hoy hay 3.700.000 parados sin prestación pública alguna, 635.000 más que hace cuatro años. 94 de cada 100 contratos que se firman son temporales y precarios. Un tercio de estos contratos se ha firmado a tiempo parcial con carácter involuntario.
La reforma laboral del PP ha facilitado el despido, ha debilitado la negociación colectiva y ha quebrado el equilibrio de poder en el seno de la empresa a favor del empelador. La consecuencia es que los sueldos bajan, las jornadas se alargan y los derechos se recortan. El nuevo Gobierno socialista balear se ha visto obligado a impulsar un "plan contra la explotación laboral", y pronto le imitarán otros gobiernos autonómicos.
El déficit de la Seguridad Social se ha disparado porque la baja calidad de los contratos laborales y los salarios reducidos están mermando gravemente sus ingresos. El Gobierno ya ha sacado 45.000 millones de euros de la hucha de las pensiones, ha limitado el crecimiento de su cuantía por debajo de la inflación y amenaza en público con sacar del sistema las pensiones de viudedad y orfandad.
Los jóvenes siguen soportando un desempleo de en torno al 50%. La capacidad de los parados mayores de 45 años para reincorporarse al mercado de trabajo no cesa de mermar. La brecha de empleabilidad, de salarios y de prestaciones sociales entre mujeres y hombres no cesa de crecer. Y a todo esto el Gobierno ha recortado en 15.000 millones los recursos presupuestarios para las políticas de empleo.
La política fiscal del Gobierno consiste en rebajar impuestos a los que más rentas declaran y en amnistiar sus fraudes a los que ni tan siquiera declaran lo que obtienen, venga de donde venga. Y su política social insiste en recortar los recortes, desde las prestaciones a parados a las becas para estudiantes y las ayudas para personas en situación de dependencia.
La Arcadia feliz de Rajoy solo aparece en sus mentiras estadísticas. Mientras su economía de cartón piedra se recupera, los españoles se empobrecen. No, esto no va bien. Por eso soplan fuerte los vientos del cambio. Hacia la izquierda.