jueves 28/1/21

"No hay peor ciego que el que no quiere ver"

Esta es la frase con la que el siempre comedido Ministro de Sanidad Salvador Illa anunciaba la declaración del Estado de Alarma en Madrid cansado de las “largas” y retrasos de los responsables de la Comunidad a la hora de consensuar las medidas para hacer frente a la grave situación del Covid-19 en la comunidad madrileña.

No es una situación nueva. Desde el inicio de la pandemia la Comunidad de Madrid y especialmente su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha buscado contraponerse como opción alternativa a las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. De forma reiterada desde abril hasta ahora la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por una confrontación constante con las políticas del gobierno central, tanto durante el Estado de Alarma como posteriormente.

A estas horas parece claro que la prioridad del gobierno madrileño no es combatir la emergencia sanitaria sino la prioridad de la economía a partir de lo que podría ser una malentendida interpretación de una política liberal. Esta posición se contradice con la posición adoptada por políticos liberales y democratacristianos en la UE que como una gran mayoría de los organismos desde la UE al BCE y el FMI han considerado  prioritaria la sanidad y combatir la pandemia como condición previa a la recuperación económica y social.

Parece que el PP de Ayuso y de Casado se referencia más en gente como Trump o Bolsonaro y minimizan la importancia de la emergencia sanitaria

Pero parece que el PP de Ayuso y de Casado se referencia más en gente como Trump o Bolsonaro y minimizan la importancia de la emergencia sanitaria. Basta repetir la frase de Ayuso “no podemos parar la comunidad por un 1% de la población afectada” que es un paradigma de su falta de sensibilidad social.

Durante el Estado de Alarma ya cuestionó, en coincidencia con Casado, las prórrogas del mismo instando a su finalización. Su posición contra el mantenimiento del Estado de Alarma ya comportó la dimisión de la Directora General de Salud Pública de la Comunidad que se negó a firmar el informe que pretendía justificar el paso de fase de la autonomía el 7 de mayo.

La dificultad de conseguir la mayoría de los votos para mantener la prórroga obligó al Gobierno del Estado a finalizar el Estado de Alarma antes de lo deseado e iniciar la desescalada cuando Madrid aún estaba en Fase II pero estableciendo una serie de condiciones para llegar a una “nueva normalidad” entre ellas la necesidad de tener un número de rastreadores suficientes para seguir los nuevos brotes del virus y dotar de forma suficiente la Atención Primaria.

Madrid, como también Catalunya, utilizó la finalización del estado de Alarma para pasar en sólo dos días de la Fase II a la supuesta “nueva normalidad”. Pese a que desde los círculos sanitarios de desmentía que ambas comunidades cumplieran con las recomendaciones que se habían establecido.

Con el inicio de los rebrotes que afectaron principalmente a Aragón y Catalunya, Ayuso sacaba pecho al señalar el bajo nivel de afectados que se producían en Madrid. Posteriormente se descubrió que ello se debía a las pocas pruebas de PCR que se realizaban, ya que era contradictorio el bajo número de infectados en comparación con otras comunidades mientras en el cómputo de ingresados por el virus en los hospitales Madrid se situaba en cabeza.

Posteriormente a partir del mes de Agosto se fueron incrementando en gran manera los contagios en Madrid, hasta el punto de ser la zona con mayor nivel de infección de toda Europa con un índice de hasta 700 por cada cien mil habitantes. Cabe decir que en otras partes como Alemania, Francia o Italia se tomaban medidas con números muy inferiores de 50, 200 o 150 contagios por cien mil habitantes. Pese a ello la Comunidad de Madrid simplemente acordó un confinamiento perimetral de un número de zonas sanitarias, ni tan solo poblaciones, mayoritariamente de clase trabajadora de la Comunidad.

El Gobierno del Estado ofreció un acuerdo con la Comunidad para tratar de forma conjunta la pandemia. La Comunidad aceptó pero con aviesas intenciones pues en la primera reunión sólo aceptaban que se corroboraban sus acuerdos anteriores. Durante dos semanas el Gobierno central intento hacer entrar en razón a la Comunidad. Incluso llegaron a un acuerdo con la Comunidad, que el vicepresidente Aguado publicitó y que comportaba unos parámetros para todo el Estado. A pesar del acuerdo, en la reunión del Ministerio con el conjunto de las comunidades, Madrid fue una de las comunidades que votaron en contra del acuerdo que previamente habían acordado. El acuerdo aceptado por la mayoría de las comunidades y el Ministerio de Sanidad promulgó la correspondiente Orden Ministerial que comportaba el cierre perimetral de Madrid y ocho poblaciones de más de cien mil habitantes que superaban los 500 contagios por cien mil habitantes.

La Comunidad pareció cumplir con la orden publicándola en su Diario Oficial pero sin aclarar bajo que normativa legal se basaba lo cual provocó que el TSJM revocara el acuerdo. Por el contrario otras comunidades gobernadas por el PP como Castilla León o Andalucía las publicaron correctamente y fueron aceptadas por sus TSJ. Debido a ello el Gobierno Central planteó la necesidad urgente de aplicar el Estado de Alarma en la comunidad y dando opción a que lo solicitara la propia Presidenta Ayuso. Esta intentó con subterfugios alargar las conversaciones hasta que llegó el límite dado por el Gobierno y éste tomó el acuerdo un viernes antes de que se iniciara el Puente del Pilar con el peligro de que una salida masiva de Madrid diseminara el contagio en otras comunidades.

Pese a ello la Presidenta Ayuso y los consejeros del PP han continuado clamando contra el Estado de Alarma como un agravio que se hacía a Madrid con una serie de planteamientos que recodaban a los de los independentistas de Torra en la Generalitat de Catalunya. Ayuso llego a decir textualmente “como se atreven a tratar a Madrid como a otra comunidad autónoma cualquiera”.

Cabe decir que al Gobierno de la comunidad de Madrid ya le han dimitido siete altos cargos de Sanidad entre ellos el doctor Emilio Bouza que presentó su dimisión como portavoz del Covid-19 de la Comisión Comunidad- Gobierno central a las 48 horas de haber sido nombrado.

Recientemente, el 20 de octubre ha dimitido la Gerente de Atención Primaria y la responsable de los Hospitales de Madrid.

La situación sanitaria de la Comunidad parece inaguantable como cada día se denuncia desde los ámbitos sanitarios a lo que se une la degeneración del gobierno de la comunidad. Parece que la única que decide en dicho gobierno es la Presidenta Ayuso y su Consejero de Justicia. Las discrepancias con su socio de gobierno de C's son patentes y el vicepresidente Aguado lo evidencia constantemente, aunque lamentablemente no comporte ninguna actuación política clara por parte de la formación naranja.

Ayuso y su gobierno son hoy un problema para el país e incluso para su partido, la falta de apoyo e incluso las actuaciones totalmente contrarias de otros presidentes autonómicos del PP se notan de forma clara. El problema es que Ayuso fue una opción personal de Pablo Casado lo cual es para éste un problema pues la actuación de Ayuso compromete directamente a la dirección del PP y condiciona su política de confrontación total con el Gobierno en una situación tan grave como la de la segunda ola de la pandemia.

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