miércoles 20.11.2019

De árboles, bosques y becarios

La unilateralidad en la decisión del Gobierno junto a la falta de claridad en el texto ha suscitado una cierta polémica

En el último Real Decreto-ley de 2018 (RD 28/2018) el Gobierno aprobó la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales en empresas o cualquier otra entidad. En principio, y a falta del desarrollo reglamentario que deberá producirse en los tres meses siguientes a la aprobación de este decreto, afectará a todo tipo de prácticas no laborales ya sean remuneradas o no.

La unilateralidad en la decisión del Gobierno (dicha iniciativa no es fruto del diálogo y la negociación con sindicatos, patronal y otros agentes afectados) junto a la falta de claridad en el texto del Real Decreto-ley, ha suscitado una cierta polémica que exige al ejecutivo ofrecer explicaciones sobre qué modalidades de prácticas no laborales se verán afectadas por la nueva regulación y, en caso de no existir remuneración o beca, a quién corresponderá el pago de las cotizaciones, si al centro de estudios o a la empresa o entidad donde se desarrollan las prácticas no laborales. Aclarar estos puntos es una cuestión imprescindible, pero más importante es abrir una negociación ante la necesidad de una nueva regulación del actual sistema de prácticas no laborales.

Esta medida tiene ventajas evidentes: exige dar de alta y aflorar un número importante de prácticas no laborales, permitiendo a los estudiantes sumar meses de cotización a su vida laboral y mejorando la capacidad de control de la administración laboral y de las secciones sindicales en las empresas o entidades donde se desarrollen. Si bien, no legitima, en modo alguno, las prácticas fraudulentas que hoy encubren fraude en la contratación.

Para CCOO el pago de la cotización a la Seguridad Social del conjunto de modalidades de prácticas no laborales actualmente en vigor, sean remuneradas o no remuneradas, debe corresponder, normalmente, a la empresa o entidad que acoge a la persona que realice las prácticas, si bien la norma prevé que en defecto de esta las pueda abonar el propio centro de estudios. El coste es muy bajo y el beneficio para estudiantes evidente. Todo ello sin perjuicio de que en un número más o menos amplio de situaciones el Estado facilite la implantación de esta nueva regulación asumiendo algunas vías de bonificación, financiada por el presupuesto público, para las modalidades curriculares, es decir, aquellas que forman parte de un programa de estudios.

Pero dejemos de fijarnos en el árbol y observemos el bosque en su conjunto. La actual regulación de las prácticas no laborales es caótica. Coexisten modalidades muy diversas, llegándose a desnaturalizar el sentido pedagógico y formativo que a nuestro juicio deben tener las prácticas no laborales. Asimismo esta regulación es una puerta abierta al fraude. Muchas empresas, otras entidades y las propias Administraciones Públicas utilizan las denominadas “becas” para ocultar lo que realmente son relaciones laborales. Los periódicos están repletos de noticias al respecto. Este fraude tiene un perjuicio individual en la persona a la que no se le reconocen los derechos que derivan de nuestro entramado laboral (Estatuto de los Trabajadores y Convenios Colectivos), pero también es un daño al conjunto de la sociedad ya que se evita abonar las cantidades oportunas a nuestro sistema de Seguridad Social.

Tal es la situación que debemos abrir un período de negociación para entre el conjunto de agentes implicados poder avanzar hacia una nueva regulación del sistema de prácticas no laborales que en opinión de CCOO debe fortalecer su carácter formativo y pedagógico siempre vinculandolas a un programa de estudios; establecer los derechos de las personas recogidos en un “Estatuto del Becario” y que entre otros debe contemplar un apoyo económico o beca; y finalmente cerrar la puerta al fraude.

Este es nuestro objetivo. Y queremos compartirlo y debatirlo con el conjunto de agentes implicados. Lo hemos realizado con asociaciones estudiantiles y juveniles. También con diversos grupos parlamentarios. El Gobierno conoce de sobra nuestra propuesta y tiene un compromiso que deriva del acuerdo del “Plan de Empleo Joven” para abordar esta cuestión en el marco del diálogo social.

Del mismo modo hemos querido debatir y compartir nuestras reflexiones con las Universidades Españolas solicitando una reunión al presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE). Sabemos, por las opiniones publicadas en prensa, que tienen una gran preocupación en relación a la cotización de las prácticas no laborales, y el posible impacto económico en las cuentas de las universidades, y a un futuro cambio regulatorio. Es por esta cuestión que desde CCOO considerábamos fundamental este diálogo con la CRUE siendo conscientes de la lejanía de nuestras posiciones, pero con la aspiración de poder alcanzar denominadores comunes sobre la materia. Lamentamos que por una cuestión de agenda el presidente de la CRUE haya declinado nuestra solicitud.

En todo caso, CCOO trabajará por alcanzar un acuerdo que nos permita a los jóvenes afrontar unas prácticas no laborales con la garantía de que nos vamos a formar y no nos van a sustraer nuestros derechos. Seguimos gritando “¡No más becas por trabajo!”

De árboles, bosques y becarios