14 de abril de 2009, 8:41
NUEVATRIBUNA.ES - 23.3.2009
El próximo 25 de Marzo, los sindicatos CCOO y UGT convocan a una huelga en el sector de la educación, demandando más y mejor educación como elemento fundamental para salir de la crisis. Más y mejor educación pública, esa que nos brinda la igualdad de oportunidades reales y nos hace efectivamente iguales.
El consenso sobre un tema de vital importancia en la sociedad madrileña, tanto desde el punto de vista de la cohesión social como desde la búsqueda de un modelo productivo que nos permita encontrar un crecimientos sostenible y sostenido en el tiempo, pasa inevitablemente por crear capital social y humano, un bien que al menos en nuestra comunidad, la segunda más rica del Estado, no se produce. Muy al contrario, se destruye porque no se concibe la educación como un derecho, sino como un negocio. El discurso del gobierno Aguirre sobre su reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra comunidad es pura demagogia frente al compromiso educativo, ya que el Plan regional de compensación educativa ha desaparecido y el abandono escolar crece, sin que la Comunidad haga nada para evitarlo. De hecho, los presupuestos tienen una tendencia a la baja año tras año.
Echando una mirada para corroborar ese deterioro, constatamos datos tan preocupantes como que desde hace tres años no hay diálogo social porque la prepotencia del gobierno Aguirre le lleva a creer que gracias a su mayoría puede manejar la comunidad como una propiedad sobre la que puede descargar todo el peso de su poder en lugar de gobernarla.
Siguiendo con las evidencias, Madrid tiene un abandono escolar de 3.5% por encima de la media del Estado, siendo en secundaria del 1%. En la zona este, la diferencia se agranda hasta un 10%. La única iniciativa del gobierno Aguirre en materia educativa es la búsqueda de terreno municipal y el chantaje a los poderes locales, necesitados de infraestructuras, para construir nuevos colegios que luego pueda ofertar en calidad de "negocio" al sector privado. Entre 2003 y 2008, la educación pública se ha incrementado en un 30%, mientras el apoyo e impulso a la privada ha crecido un 90%. Las becas y las ayudas, de por si escasas, y de las que tanto se ufana el ejecutivo regional como si de un favor se tratara, están desapareciendo. A cambio, se imponen los uniformes que deben pagar las familias.
La educación universitaria ha sido la más afectada por la rebaja de los últimos presupuestos con un 40% menos de dotación que el año anterior, lo que además de ser una dificultad añadida para la convergencia europea también potencia a la universidad privada, a las diez 10 universidades privadas que tenemos gracias al PP. No se hacen verdaderas evaluaciones y estudios sobre el costo real de la educación. La educación infantil, tan ligada a la conciliación de la vida familiar, se encuentra toda ella gestionada de forma indirecta. A todo ello hay que sumar los nombramientos de profesores sin cumplir la LOE y sin la oportuna información a ninguna de las instancias implicadas. Resumiendo, es como manejar un cortijo.
Por eso los sindicatos se proponen poner la educación en el centro del debate de la crisis, porque salir de la crisis tiene que ver con esas reformas estructurales que permitan consolidar un nuevo modelo, fuera del ya fracasado de la construcción especulativa que no queremos repetir. No cabe duda de que para conseguirlo hace falta inversión que permita mejorar los medios, la investigación, la formación profesional orientada al empleo y la relación con las empresas.
Para este logro, en el que todos/as debemos intervenir y colaborar, no encontramos un gobierno dispuesto a cambiar y a aceptar las demandas que desde la calle se le plantean reiteradamente y que no encuentran interlocución. Los ciudadanos y las ciudadanas pedimos educación de calidad, una apuesta por la enseñanza pública. No queremos su desmantelamiento o la dualización del sistema y si pedimos más protección social para la educación de los que tienen menos recursos. Apostar por el éxito escolar, requiere medidas efectivas y un plan de choque. Por eso, el próximo 25 de Marzo, 50.000 profesores, 7.000 trabajadores de administración y servicios educativos y 4.000 trabajadores de escuelas infantiles harán una huelga y los ciudadanos/as también nos movilizaremos. Si el gobierno Aguirre se niega a este consenso, la sociedad madrileña lo impondrá desde la calle.
Yolanda Villavicencio Mapy es Diputada Socialista Asamblea de Madrid.
El próximo 25 de Marzo, los sindicatos CCOO y UGT convocan a una huelga en el sector de la educación, demandando más y mejor educación como elemento fundamental para salir de la crisis. Más y mejor educación pública, esa que nos brinda la igualdad de oportunidades reales y nos hace efectivamente iguales.
El consenso sobre un tema de vital importancia en la sociedad madrileña, tanto desde el punto de vista de la cohesión social como desde la búsqueda de un modelo productivo que nos permita encontrar un crecimientos sostenible y sostenido en el tiempo, pasa inevitablemente por crear capital social y humano, un bien que al menos en nuestra comunidad, la segunda más rica del Estado, no se produce. Muy al contrario, se destruye porque no se concibe la educación como un derecho, sino como un negocio. El discurso del gobierno Aguirre sobre su reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra comunidad es pura demagogia frente al compromiso educativo, ya que el Plan regional de compensación educativa ha desaparecido y el abandono escolar crece, sin que la Comunidad haga nada para evitarlo. De hecho, los presupuestos tienen una tendencia a la baja año tras año.
Echando una mirada para corroborar ese deterioro, constatamos datos tan preocupantes como que desde hace tres años no hay diálogo social porque la prepotencia del gobierno Aguirre le lleva a creer que gracias a su mayoría puede manejar la comunidad como una propiedad sobre la que puede descargar todo el peso de su poder en lugar de gobernarla.
Siguiendo con las evidencias, Madrid tiene un abandono escolar de 3.5% por encima de la media del Estado, siendo en secundaria del 1%. En la zona este, la diferencia se agranda hasta un 10%. La única iniciativa del gobierno Aguirre en materia educativa es la búsqueda de terreno municipal y el chantaje a los poderes locales, necesitados de infraestructuras, para construir nuevos colegios que luego pueda ofertar en calidad de "negocio" al sector privado. Entre 2003 y 2008, la educación pública se ha incrementado en un 30%, mientras el apoyo e impulso a la privada ha crecido un 90%. Las becas y las ayudas, de por si escasas, y de las que tanto se ufana el ejecutivo regional como si de un favor se tratara, están desapareciendo. A cambio, se imponen los uniformes que deben pagar las familias.
La educación universitaria ha sido la más afectada por la rebaja de los últimos presupuestos con un 40% menos de dotación que el año anterior, lo que además de ser una dificultad añadida para la convergencia europea también potencia a la universidad privada, a las diez 10 universidades privadas que tenemos gracias al PP. No se hacen verdaderas evaluaciones y estudios sobre el costo real de la educación. La educación infantil, tan ligada a la conciliación de la vida familiar, se encuentra toda ella gestionada de forma indirecta. A todo ello hay que sumar los nombramientos de profesores sin cumplir la LOE y sin la oportuna información a ninguna de las instancias implicadas. Resumiendo, es como manejar un cortijo.
Por eso los sindicatos se proponen poner la educación en el centro del debate de la crisis, porque salir de la crisis tiene que ver con esas reformas estructurales que permitan consolidar un nuevo modelo, fuera del ya fracasado de la construcción especulativa que no queremos repetir. No cabe duda de que para conseguirlo hace falta inversión que permita mejorar los medios, la investigación, la formación profesional orientada al empleo y la relación con las empresas.
Para este logro, en el que todos/as debemos intervenir y colaborar, no encontramos un gobierno dispuesto a cambiar y a aceptar las demandas que desde la calle se le plantean reiteradamente y que no encuentran interlocución. Los ciudadanos y las ciudadanas pedimos educación de calidad, una apuesta por la enseñanza pública. No queremos su desmantelamiento o la dualización del sistema y si pedimos más protección social para la educación de los que tienen menos recursos. Apostar por el éxito escolar, requiere medidas efectivas y un plan de choque. Por eso, el próximo 25 de Marzo, 50.000 profesores, 7.000 trabajadores de administración y servicios educativos y 4.000 trabajadores de escuelas infantiles harán una huelga y los ciudadanos/as también nos movilizaremos. Si el gobierno Aguirre se niega a este consenso, la sociedad madrileña lo impondrá desde la calle.
Yolanda Villavicencio Mapy es Diputada Socialista Asamblea de Madrid.