Como creo que el derecho a discrepar, a opinar, es sagrado en democracia, me asusta mucho esta creciente ola de judicialización de chistes, columnas, poemas y actuaciones que estamos viviendo
La última noticia resultó ser un bulo y decía que el gobierno de Navarra había censurado algunas canciones de Loquillo, Amaral o El canto del loco, entre otros, por machistas. Resultó luego que se trataba sólo de un listado de canciones sobre las que los alumnos debían debatir, preguntándose en cada caso por las letras y su relación con el sexismo y la violencia. Algo que, en la medida en que el arte puede o incluso debe ser una indagación de la naturaleza humana, resulta más que pertinente. Y muy sano.
Otro asunto es la facilidad con la que este y otros bulos corren por Internet, gracias en parte a la credulidad del personal, cierto, pero quizás también debido a que últimamente se nos está yendo de las manos la censura y judicialización de chistes, tuits, gags y comentarios de barra de bar.
Sólo en las últimas semanas hemos tenido que ver cómo, por ejemplo, detenían a un sindicalista de Granada tras haber llamado miserable a Felipe VI. Es cierto que la detención se produce no por el insulto, sino por no acudir a la vista pertinente, pero el simple hecho de que se pueda producir una vista judicial por llamar miserable al Rey es absurdo. Y sobre todo, muy peligroso. Porque no todo el mundo tiene la capacidad económica de llevar su caso a Europa y esperar que allí, más sensatos, le den la razón a uno.
También en la última semana ha transcendido —aunque ya hace tiempo que se podía firmar un manifiesto en su apoyo— que dos cineastas se enfrentan a penas de cárcel por rodar un documental sobre un monumento franquista de Pamplona, acusados de revelación de secretos por la franquista Hermandad de Caballeros de la Cruz.
Ya quedó un poco atrás la polémica de Dani Mateo al fingir que se sonaba los mocos en la bandera de España. Supongo que alguien lo habrá denunciado ya, y que habrá un juicio. Transcendió que, incluso, un político había ofrecido una recompensa a quien le partiera la cara: se ve que no podía o no se atrevía a hacerlo él mismo, y tenía que mandar a alguien. Aunque lo peor fue ver toda una marea de patriotas indignados pidiendo el boicot contra los anunciantes de La Sexta. Gente que en muchos casos no se ha preocupado nunca de mirar si las marcas que visten confeccionan la ropa en talleres esclavos o si los productos con que se alimentan maltratan a sus proveedores o a los animales que luego ellos se comen, se lanzaron en masa contra marcas en muchos casos desconocidas por una tontería de sketch. Porque la patria, supongo, es más importante que las personas.
Pero como en todos los lados cuecen habas —y porque acaso resulta más preocupante ver caer a gente que supones inteligente en estas cosas—, también Irene Montero cayó en la tentación de llevar a tribunales al autor de un tonto y machista poema sobre su papel en Podemos y el de Tania Sánchez. Que el poema era machista (y malo, además) no tiene discusión. Pero llevar eso ante un juez y, sobre todo, que éste considere que el poema atenta contra la dignidad de Montero —con la consiguiente multa de 70.000 euros— es, de nuevo, no sólo ridículo, sino además peligroso.
Porque si por cada insulto o chiste (machista o no; homófobo o no; violento o no) sobre un diputado, miembro de la realeza, o símbolo nacional nos jugamos la cárcel o una multa que casi ninguno podríamos pagar, a lo mejor acabamos todos callados. Sin opinar. Es decir, convertidos en dóciles súbditos, que quizás es lo que todo político anhela.
Como creo que el derecho a discrepar, a opinar —y a ser criticado e insultado por esas opiniones, faltaría más— es sagrado en democracia, me asusta mucho esta creciente ola de judicialización de chistes, columnas, poemas y actuaciones que estamos viviendo. Porque corremos el riesgo de encorsetar tanto la libertad de expresión que acabe resultando inútil. De modo que nos quede, de nuevo, una democracia muy bonita sobre el papel, pero muy poco útil en la realidad.