El 29 de julio de 2002, el Concello de Miño le adjudicaba a la Fadesa de Manuel Jove una macrourbanización de 1287 viviendas en Miño con 1,5 millones de metros cuadrados afectados. Más de siete años después, cientos de perjudicados por las expropiaciones viven atrapados en una red de asuntos judiciales sin resolver y aún le reclaman a Fadesa 33 millones de euros.
La Asociación de Afectados de Perbes-San Juan de Villanueva, que engloba a más de doscientos expropiados, solo cuenta hasta ahora con una sentencia en firme del pasado mes de marzo, que obliga a que el Concello resuelva el pago de unos 120.000 euros por la diferencia entre los metros cuadrados que pagó en su día Fadesa y lo que miden realmente sus parcelas. La resolución judicial sigue sin ejecutarse. Por lo demás, el Tribunal Supremo ni siquiera ha dictado sentencia sobre la nulidad de la adjudicación de la urbanización a Fadesa, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideró nula. Por su parte, el TSXG aún no ha fijado el precio real de las parcelas, que la compañía pagó a tan solo 6,32 euros por metro cuadrado.
En lo referido a la sentencia firme pendiente de ejecución desde marzo, la Asociación de Afectados le reclamó al Concello que, a la hora de expropiar, en la hoja de justiprecio de varias fincas constaba menos superficie que la que realmente tenían, en algunos casos con hasta 1.600 metros cuadrados de diferencia. Desde el Concello contestaron que atenderían la petición de quien justificase este desfase con un informe pericial o una certificación del catastro y posteriormente admitieron las diferencias, pero no le exigieron a Fadesa dicho pago.
Ante la “pasividad del gobierno municipal”, pusieron un recurso contencioso-administrativo por procedimiento abreviado. Ni Fadesa ni el Concello se personaron en el caso, y en marzo de 2009 el tribunal ordena que “se lleven a cabo todos los actos necesarios” para ejecutar los pagos, que suponen una cantidad mínima (120.000 euros) en relación a la deuda total reclamada. A pesar de que desde la Asociación solicitaron la imposición de multas a los funcionarios y concejales responsables de incumplir el acuerdo judicial, ocho meses después no hay noticias de esta deuda.
Mientras, el futuro de los expropiados está en manos de dos eternos procesos que están en el Supremo y en el TSXG. Una sentencia del TSXG en 2006 declaró nula la concesión de la urbanización a Fadesa en 2002. El motivo: que esta concesión se produjo el 29 de julio y solo unos días después, el 8 de agosto, el pleno del Concello aprobó ese sector del plan urbanístico (PXOM) de Miño, que fue publicado el 31 de agosto. Es decir, adjudicaron la obra a Fadesa y después recalificaron los terrenos.
Fadesa recurrió la decisión del TSXG al Tribunal Supremo y todavía no hay sentencia firme. De declararse nula la concesión, como ya no hay marcha atrás porque la urbanización está avanzada, Martinsa-Fadesa tendría que pagarle a los afectados un 25% más del precio final que se fije (justiprecio) para sus terrenos. La compañía adjuntó hace unos meses un documento en el proceso concursal en el que está inmersa con el que deja claro que da por perdida esta causa, por lo que asume que, casi con total seguridad, tendrá que pagar ese 25% añadido al justiprecio de cada metro cuadrado.
Este punto es otro de los asuntos polémicos, ya que el TSXG tampoco ha resuelto hasta ahora cuál es el precio justo que debe pagarle Martinsa-Fadesa a los afectados que, por lo tanto, desconocen aún cuánto cobrarán siete años después del inicio de la urbanización.
La Asociación de Afectados por las expropiaciones de Perbes-San Juan de Villanueva piden 35,28 euros por metro cuadrado, en lugar de los 6,32 que les pagó Fadesa, en lo que consideran “una clara connivencia del Ayuntamiento con Fadesa en contra de los vecinos”. La palabra la tiene el TSXG.
En este sentido, la Asociación mantiene otra lucha más en los tribunales, ya que según un acuerdo de septiembre de 2002, Fadesa y el Concello se comprometían a establecer un aval para poder pagar la diferencia entre lo que ya les pagaron por vía administrativa en cada metro cuadrado y lo que piden. El total de lo que reclaman todos los perjudicados –no solo la Asociación de Afectados– suma unos 33,4 millones de euros (en concreto, en los documentos a los que tuvo acceso Xornal constan 5.566.311.450 millones de las antiguas pesetas).
La Asociación de Afectados reclama dicho aval por la vía judicial, pero el titular del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo resuelve que los afectados no pueden “meterse en el cumplimiento de un convenio entre el Ayuntamiento de Miño y Fadesa, que solo tiene efecto entre las partes y sus herederos”. Desde la Asociación critican la decisión del juez, ya que “es un asunto público y cualquier ciudadano puede exigir su cumplimiento”. Así lo consideró el TSXG en el recurso que interpuso la Asociación. Además, le devolvió el asunto al mismo juzgado por un defecto de forma, ya que Fadesa no había sido emplazada en el caso y no pudo defenderse. Ahora, el mismo juez de lo Contencioso tendrá que volver a dictar sentencia tras la advertencia del TSXG.
Durante todo este proceso y con la tardanza judicial, en julio de 2008 Martinsa-Fadesa entró en concurso de acreedores con una deuda de 7.000 millones. La suspensión de pagos de la compañía cogió a los afectados de Miño sin cobros, sin aval y cada vez con menos esperanza.
