martes. 05.03.2024

Doñana como todos conocemos es uno de los mayores humedales de Europa, y la Comisión Europea exige su conservación. La problemática de Doñana es histórica, especialmente en momentos de sequía. En el 2014 se estableció la legalización de espacios cultivables de regadío con permiso para extracción de agua del acuífero. El problema es que junto a las explotaciones legales han proliferado un gran número de explotaciones ilegales que drenan el agua del Parque Nacional mediante la excavación de pozos ilegales que están dejando exhausto el acuífero y más teniendo en cuenta la duración de la sequía en los últimos años.

Esta situación está perjudicando de forma grave Doñana y sus humedales así como la fauna permanente y la de las migraciones que utilizan el agua de Doñana. Esta situación dura ya más de ocho años y en este momento el 59% de las lagunas llevan más de 10 años sin inundarse.

La Comisión Europea abrió un expediente a España por esta situación en 2014, y en el 2021 el Tribunal de Justicia de la UE determinó que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplían el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo cual condenó al estado español como responsable de la extracción de aguas ilegales que alteran los hábitats protegidos.

El proyecto plantea que las fincas ilegales que no tienen derechos de agua se conviertan en regables. Esto podría afectar a unas 600 explotaciones ahora ilegales

A pesar de esto ninguna autoridad ni autonómica ni estatal ha actuado frente a las explotaciones ilegales por lo tanto hay responsabilidades compartidas.

Sin embargo ahora se ha dado un paso más en el deterioro del resto del Parque de Doñana. El PP en Andalucía con el apoyo de VOX ha presentado un proyecto legislativo que comporta la legalización de las explotaciones ilegales, bajo el subterfugio de que solo podrían acceder a la utilización de aguas de superficie, cosa por ahora inimaginable.

El proyecto plantea que las fincas ilegales que no tienen derechos de agua se conviertan en regables. Esto podría afectar a unas 600 explotaciones ahora ilegales que serían legalizadas y podrían exigir concesiones de agua a la Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que difícilmente se las concedería en estos momentos de extrema sequía, pero a pesar de todo se situarían en igualdad con las explotaciones hoy legales. Hay que señalar que la Junta, el PP y VOX en ningún momento exigen el cierre de los pozos ilegales.

Las asociaciones de defensa de la naturaleza y la oposición política en Andalucía denuncian que la actuación de la Junta de Juan Manuel Moreno “aprovecha para indultar décadas de robo sistemático del agua del Parque Nacional a la vez que alienta nuevos saqueos”. Esta nueva ley de regadíos pone en peligro definitivamente uno de los espacios naturales más valiosos de Europa y el mundo.

La Comisión Europea ya ha reaccionado con un comunicado en el cual señala que “De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo que se dispone en la sentencia del Tribunal de Justicia” y por tanto adoptará “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE en el cual solicitaría la imposición de sanciones pecuniarias”.

Sanciones económicas que no se aplicarían a Andalucía sino al Estado Español. Frente a esto el Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado que recurrirá al Tribunal Constitucional cuando se apruebe la norma.

La Constitución le da al Gobierno un instrumento para hacer frente al desafío del gobierno de la Junta y hacerle cumplir la ley: el artículo 155

Creemos que la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez es positiva pero insuficiente. Recurrir la norma puede parar de momento un proceso de legalización de los cultivos ilegales pero no soluciona el problema real que es el saqueo permanente de los humedales o las lagunas de Doñana.

Sin exageración podemos decir que lo que se está dando en Andalucía es un desafío por parte de la Junta de Andalucía que no tan solo no actúa contra unas extracciones ilegales sino que mediante un proyecto legislativo las legaliza contra las regulaciones no solo españolas sino europeas.

Frente a esto hay que actuar con mayor contundencia. La Constitución le da al Gobierno un instrumento para hacer frente al desafío del gobierno de la Junta y hacerle cumplir la ley y este es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

La mención del 155 puede parecer exagerada pero es una norma legislativa que antes del caso más emblemático de su aplicación en Cataluña en 2017 ya se había planteado en 1989 cuando el Gobierno de Canarias se negó a aceptar la supresión de aranceles que comportaba la adhesión a la UE. Finalmente una negociación evitó su aplicación.

La aplicación del 155 no presupone anular la autonomía, como sucedió en el caso extremo de Cataluña, sino que se puede aplicar para obligar a cumplir las normas legales o restringir alguna de las competencias del gobierno autonómico durante un tiempo determinado para hacer cumplir la ley. Con esto el Gobierno del Estado podría hacerse cargo de las competencias afectadas, evitar el cambio legislativo que PP y Vox pretenden efectuar y poner fin a las explotaciones ilegales mediante las políticas que haya que efectuar. Todo esto en defensa de los intereses del conjunto del Estado y su ciudadanía.

Hay que recordar que es lo que establece el artículo 155 de la Constitución Española “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente en el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de estas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” Cómo puede comprobarse es una norma que se aviene claramente con la situación creada en Andalucía.

Salvar Doñana aplicando el artículo 155