El 12 de febrero de 2019, las trabajadoras y trabajadores de la Consejería competente en su momento en medio ambiente, la de Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF e Intersindical-SSPP, celebramos una jornada de estudio titulada "Hacia una Administración Ambiental verdaderamente eficaz y al servicio de la ciudadanía".
Han pasado cuatro años desde entonces y pocas cosas han cambiado. Tal vez la medida más efectista en tiempos de escenarios políticos de cartón piedra, es que por fin el medio ambiente tiene Consejería propia. Sería deseable que detrás de los rótulos de la sede del nuevo departamento, hubiera también proyecto, recursos económicos y una plantilla suficiente para afrontar los retos Medioambientales que nuestra Región deberá afrontar en las próximas décadas.
En febrero de 2019, el Gobierno de López Miras estaba empeñado en considerar el patrimonio natural como una oportunidad de negocio, como una “nueva frontera” para los emprendedores y como la nueva “tierra de promisión” en la que se convertiría nuestra tierra con la llamada Ley de Aceleración Empresarial y la Creación de Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA).
El ARCA fue un fiasco y nunca se llegó por fortuna a crear, porque en definitiva estaba concebida, parafraseando a Rosa Luxemburgo, para que la zorra se hiciera cargo de la protección del gallinero. Sí hubo leyes coherentes de protección del medio ambiente, y no las hubo, también fracasaron si volvemos a reparar en las aciagas fotografías que recorrieron el mundo mostrando la mortandad masiva de peces en el Mar Menor.
En ese contexto, la jornada de estudio de febrero de 2019 supuso.un éxito organizativo y de participación, con un Salón de Actos del Edificio Moneo repleto, gracias al empuje, apoyo y entusiasmo del personal de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor y del Medio Natural (los verdaderos artífices de esta jornada), convirtiéndose las ponencias y la mesa redonda en el ágora del futuro de la gestión medioambiental en la Región de Murcia.
Cuatro años después, y muchos más desde que se convirtiera en un clamor social que la gestión medioambiental debía contar con un departamento específico, dado el ingente patrimonio natural a proteger y los inaplazables retos a afrontar, se ha creado la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, una asunción por parte del poder político de que la protección del medio ambiente se ha convertido en una de las exigencias más sólidas y perdurables de la sociedad murciana o, afirman otras voces, un ejemplo de gatopardismo electoralista.
El movimiento se demuestra andando, y la voluntad política con actuaciones y objetivos medibles. El gobierno de López Miras sabe perfectamente lo que quiere la sociedad murciana sobre la situación actual del patrimonio natural. Quiere aguas transparentes en el Mar Menor; quiere que se elimine la contaminación de las sierras mineras, que sigue siendo un peligro inminente para la salud de ciudadanos y ciudadanas como los habitantes del Llano del Beal; y también sabe lo que persiguen fundaciones como Ingenio o los cabildos de las multinacionales agroalimentarias. Y saben que vivimos una emergencia climática que hay que afrontar tempranamente para minimizar un futuro incierto, mejorando la sostenibilidad de las actividades económicas.
La Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación tiene mucho que decir y hacer si realmente se ha creado para desarrollar políticas de protección medioambiental y de prevención del cambio climático. Esto supone investigación, tecnología, profesionales formados en los nuevos retos y en número suficiente, decisión y defensa del interés general. Sí no es así, tendremos lo de siempre: política cortoplacista y frustración social.
