Justicia Alimentaria ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra la “hipertrófica industria cárnica catalana”.
En un informe elaborado por la organización se alerta de los múltiples efectos negativos de la “adicción porcina” en Catalunya, particularmente el de la emergencia climática.
Según este estudio, la industria cárnica catalana, desde la granja a la mesa, es la responsable del 21% de las emisiones de efecto invernadero de todo el país, por lo que, si se quieren cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, habría que reducir la cabaña porcina en un 40% desde ahora hasta 2035.
Y es que la industria porcina en Catalunya es la más contaminante según el informe ‘Esto no toca. Las emisiones ocultas del sector porcino catalán’ publicado esta semana.
“El sector agrícola-ganadero, empujado por la fuerza de la industria porcina, contamina casi lo mismo que el transporte, el sector considerado líder en emisiones”, señala el estudio.
Ello es así por la contaminación añadida derivada de la fabricación de piensos, residuos y fabricación de envases.
Reducir la cabaña en un 40% supondría volver a los niveles de 1996, un objetivo que por ejemplo ya ha logrado Alemania en su estrategia de reducción del censo.
Justicia Alimentaria aporta los datos que demuestran que el sector porcino catalán es un “sistema integrado de fabricación masiva de carne”.
"No hablamos de un pequeño sector basado en unas cuantas granjas familiares, sino de actores corporativos globales que condicionan consumos y políticas públicas y que básicamente están orientadas a la exportación ", manifiestan los autores de la investigación.
“Vive entre nosotros un auténtico Godzilla porcino que afecta muy negativamente a nuestra salud, los derechos laborales, el cambio climático y el medio ambiente”, alerta el informe.
A esto se une la deforestación asociada. Justicia Alimentaria expone que de los 1,5 millones de toneladas de soja importadas por Catalunya para elaborar el pienso que se come la ganadería industrial, 330.000 provendrían de zonas deforestadas, y esto equivale a unas 100.000 hectáreas, casi en toda la superficie agrícola utilizada de las Comarcas Centrales o la mitad de la del Alt Pirineu y el Aran.
“Las macrogranjas son la punta del iceberg de este modelo industrial y globalizado. Estamos sentados sobre una bomba de relojería: el sistema agrario en Catalunya es, básicamente, un monocultivo porcino de exportación y este modelo no es sostenible en sentido ambiental, pero tampoco lo es a nivel social ni económico”, alerta el informe.
Justicia Alimentaria plantea una serie de medidas para reducir el consumo y el impacto medioambiental:
Reconversión urgente del sector, con una reducción significativa del número de animales
Ayudas, apoyo y acompañamiento a los actores implicados, e incrementar las medidas de apoyo directo a los sistemas productivos ecológicos y sostenibles
Implementar una política impositiva coherente con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Realizar un plan integral de reducción del consumo de carne roja y procesada y regular su publicidad siguiendo los criterios de la OMS
