El informe de Greenpeace 'Justicia para las personas y el Planeta' recopila 20 casos que evidencian las lagunas legales ante las agresiones al medio ambiente y los derechos humanos, incluyendo el caso de una filial del grupo español ACS.
A cinco días del comienzo de la Cumbre de Davos en Suiza, Greenpeace denuncia la “impunidad” bajo la que operan las grandes multinacionales y ha recopilado una serie de casos que documentan las “profundas raíces estructurales de las violaciones ambientales y de los derechos humanos” cometidas por las grandes corporaciones, al tiempo que realiza una propuesta de diez principios fundamentales necesarios para evitar estos abusos.
Para llamar la atención sobre esta situación, activistas de Greenpeace Suiza han instalado este jueves en las afueras de Davos una estatua de seis metros de altura que representa la figura de la diosa Justicia (en la imagen).
Marco regulatorio internacional favorable a sus intereses
El informe ilustra cómo las corporaciones han configurado un marco regulatorio internacional favorable a sus intereses; tienen gran influencia en ámbitos de decisión política; propician las puertas giratorias; favorecen acuerdos comerciales y de inversión y ponen barreras a la justicia internacional, con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los derechos humanos y el medio ambiente. El informe denuncia que “detrás están los gobiernos, quienes en lugar de imponer normas y leyes, se han convertido voluntaria o involuntariamente en cómplices de esta arquitectura de la impunidad”.
Destaca el caso del Grupo Cobra, filial del grupo español ACS
La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad en este escándalo argumentando que el Grupo Cobra/ACS fue subcontratada por la empresa constructora local CMI, quien era en última instancia la responsable del proyecto
Entre los 20 casos de estudio expuestos en el informe, destaca el caso del Grupo Cobra, filial del grupo español ACS, por su participación en un proyecto hidroeléctrico en Guatemala que ha causado un grave impacto medioambiental y sobre las comunidades locales, y del que ha salido impune hasta ahora.
También aparecen las actividades de Monsanto en México, que han tenido un grave impacto en la población y la riqueza naturaleza del país.
Pero además aparece el escándalo del “Dieselgate” que permitió que Volkswagen escapara impune en Europa, mientras que fue multado con miles de millones en los EEUU, o también cómo el gigante papelero Resolute Forest Products ha utilizado denuncias por difamación (conocidas como SLAPP, Strategic Lawsuit against public participation) como forma de intentar acallar las voces críticas, o el de las 47 empresas más contaminantes demandadas en Filipinas.
Para Greenpeace, el caso de ACS es especialmente significativo porque "ilustra la inutilidad de las medidas de carácter voluntario, los dobles estándares y los vacíos legales para la rendición de cuentas cuando las grandes corporaciones actúan en el extranjero en calidad de subcontratas". La subsidiaria de ACS, Grupo Cobra, ha participado en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz, Guatemala) a lo largo de 30 kilómetros.
Además de las graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo. Y la reducción drástica del caudal del río ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí. La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad en este escándalo argumentando que el Grupo Cobra/ACS fue subcontratada por la empresa constructora local CMI, quien era en última instancia la responsable del proyecto.
El informe señala a las siguientes empresas: ACS (Grupo Cobra), The Carbon Majors (las mayores empresas contaminantes del planeta, grupo formado por 47 empresas), Chevron, DowDuPont, Energy Transfer Partners, Exxon, Gabriel Resource, Glencore, Grupo Bimbo, Halcyon Agri (Sudcam), ICIG (Miteni), Keskinoglu, Monsanto, Nestlé, Novartis (Sandoz), Resolute Forest Products, Rosatom, grupo Schörghube (Ventisqueros), Total, Trafigura y VW.
19 de las empresas mencionadas en el informe son socios o participantes en el Foro Económico Mundial.
Cara a la cubre de Davos, el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha señalado que “en Davos, la élite mundial se reúne para hablar del futuro de la economía, pero la verdadera agenda de las multinacionales sigue siendo la expansión de su poder y sus beneficios a costa de los ciudadanos y el medio ambiente. Si queremos proteger nuestro frágil planeta, necesitamos justicia corporativa”.
