Los socialdemócratas y el movimiento sindical europeo coinciden en poner fin a las políticas de austeridad y reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, formado por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE), celebrado el pasado 23 de octubre en Luxemburgo aprobó por unanimidad el Pilar Europeo Derechos Sociales (PEDS). Que será firmado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en la cumbre social a favor del empleo justo y el crecimiento, que se celebrará el 17 de noviembre en Gotemburgo. El documento recoge diferentes aspectos laborales y sociales y se orienta a la adaptación del modelo social europeo a los desafíos del siglo XXI, como la digitalización, las nuevas realidades empresariales y laborales o la globalización.
Cuando se cumplen 60 años de la fundación del proyecto de integración y cooperación europeo, la UE está atravesando un periodo de estancamiento, aún no se han superado los devastadores efectos sociales originados por la crisis económica y financiera del 2008 y las consecuencias de las políticas puestas en práctica desde 2010, en base al Pacto Fiscal, centradas en la austeridad, recortes del gasto público y contrarreformas laborales y sociales para conseguir una devaluación salarial que facilitara mejoras en la competitividad y reducir el déficit público.
Las medidas fueron impuestas, durante la crisis, desde las instancias de la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y seguidas con mayor o menor entusiasmo por los Estados miembros, siendo políticas de clara inspiración neoliberal, que han aumentado las desigualdades y el riesgo de pobreza. Siendo un freno para la demanda interna y el crecimiento económico, a su vez han disparado la deuda pública por los rescates del sistema financiero y han aumentado las divergencias entre los países. Produciendo un deterioro de la calidad del empleo, la creación de nuevos empleos está basada mayoritariamente en la precariedad laboral y los bajos salarios.
Ante este grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplias capas de la ciudadanía europea, que han sido el caldo de cultivo de diversas expresiones de desafección al proyecto europeo (como el Brexit o el auge de la extrema derecha) la Comisión Europea (CE) se planteó un proyecto de mejoras de las condiciones de vida y trabajo. Así lo expresó el presidente Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2015, fue la primera vez que se mencionó la intención de desarrollar el PEDS.
En marzo 2016 se presentó el primer borrador del PEDS que se sometió a consulta a los Estados miembros, las instituciones de la UE, los interlocutores sociales, la sociedad civil y a la ciudadanía en general. A finales de abril de 2017 la Comisión hizo público el texto definitivo, con los objetivos de fomentar unos los mercados de trabajo y sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente. El Pilar se concibió para orientar un nuevo proceso de convergencia al alza de las condiciones de vida y trabajo en Europa. Se estableció pensando en la zona euro y también será aplicable a los Estados miembros que decidan formar parte del mismo.
El PEDS recoge veinte principios y derechos que se estructuran en tres capítulos que contienen entre otras las siguientes materias:
– La igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, que incluye materias como la educación y formación, las políticas activas de empleo y la igualdad de oportunidades y de trato ante razones de género, edad, orientación sexual, discapacidad, raza o religión.
-Las condiciones equitativas de trabajo con empleos seguros y flexibles, los salarios, los derechos de información sobre las condiciones de trabajo y protección ante los despidos colectivos, la conciliación laboral y el reconocimiento del diálogo social y la negociación colectiva.
-Por último, se tratan diversas medidas de protección e inclusión social sobre las prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones, sanidad, protección a los menores, personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y apoyo a las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales.
Estos principios y derechos se inscriben en los compromisos fijados en los Tratados de la UE, de desarrollar una economía social de mercado altamente competitiva con los objetivos del pleno empleo y el progreso social. Se traslada la responsabilidad del cumplimiento del Pilar al conjunto de los Estados miembros y de las instituciones de la UE, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. La mayoría de los principios y derechos que conforman el Pilar requieren para su efectividad ser desarrollados mediante iniciativas legislativas para su aplicación, que se realice un seguimiento del mismo y que su análisis y resultados se tengan en cuenta en el Semestre Europeo de Coordinación de Política Económica, de no ser así quedarán como medidas meramente declarativas.
UGT y CCOO, coincidiendo con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), han valorado positivamente que se haya dado este paso para mejorar las condiciones de trabajo y la protección social. Pero manifiestan su escepticismo sobre la efectividad de las medidas previstas en el Pilar, ya que no se les da carácter vinculante y adolecen un soporte financiero especifico, a su vez se deja en manos de cada Estado miembro la capacidad de adaptar el Pilar a su legislación.
Si el objetivo central es avanzar en la Europa Social no se puede quedar en una mera declaración de intenciones, por esa razón la CES exige que las medidas previstas en PEDS se deberían incluir en Semestre Europeo como el Semestre Social, igual que las materias económicas configuran el Semestre Económico y se establecen las condiciones de obligado cumplimiento, indicadores de seguimiento y sanciones en los casos de incumplimientos. Se debería establecer en el ámbito europeo un marco normativo de empleo y protección social, con las correspondientes Directivas que obliguen a los Estados miembros a su transposición en sus ordenamientos sociolaborales, semejante a la legislación existente en el ámbito europeo para las materias económicas y monetarias.
Los socialdemócratas y el movimiento sindical europeo coinciden en poner fin a las políticas de austeridad y reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sitúan como objetivos prioritarios: la creación de empleo digno y la redistribución de las rentas, planes de inversión, una fiscalidad suficiente y justa para generar ingresos y combatir las desigualdades y la pobreza. Para ello es imprescindible la recuperación el peso de la Europa Social dentro de la arquitectura de la UE y su plena integración en las políticas europeas.
Conjúntame comparten, frente a la derecha, que la necesaria competitividad empresarial no puede ser un recurso permanente para desregular los derechos de los trabajadores y recortar salarios. La mejora de la productividad se debe basar en la potenciación de la innovación, la educación, la formación y la calidad del empleo. También se requieren avances en la democracia social, extendiendo la participación de los trabajadores en los órganos de administración de las empresas un modelo implantado en muchos países europeos, uno de los más conocidos es la cogestión en Alemania, con resultados probados por su contribución a la eficiencia empresarial y la implicación de los trabajadores en las empresas.
En España, la recuperación de los derechos laborales y sociales requiere que las reformas laborales y de pensiones impuestas durante la crisis sean derogadas. La mejora de los salarios tanto del sector público como del privado, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería alcanzar de forma gradual los 1000 euros mensuales en 2020, para recuperar el peso de las rentas del trabajo dentro de la renta nacional. Estas medidas son necesarias para la eliminación de las desigualdades y la brecha entre hombres y mujeres, para fortalecer la cohesión social al igual que la mejora de las condiciones de trabajo, garantizar la protección social y los sistemas públicos de pensiones.