Un maltratador no actúa por impulsos, lo hace de forma premeditada. Ante la sospecha o la acusación de maltrato no cabe otra opción que la inmediata suspensión del régimen de visitas así como la retirada de la custodia compartida. El Código Civil, en su artículo 92.7 dice expresamente que: "No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica". No obstante la interpretación legislativa propicia situaciones contrarias al mismo: los menores asesinados durante el régimen de visitas o en el periodo correspondido al progenitor varón en la custodia compartida se cuenten por decenas.
Los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada en 2019 por el Ministerio de Igualdad son la evidencia una bárbara realidad:
- “1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres, es decir11.688.411 mujeres.
- 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo en la actualidad algún tipo de violencia (física, sexual, control, emocional, económica o miedo) en la pareja”.
No se puede disociar el rol de maltratador del rol de padre. La instrumentalización de los menores por parte de los agresores los transforma en objetos con los que seguir haciendo daño y coaccionando a la víctima adulta. La cara más cruel del machismo se hace patente en la frase: "Te voy a dar donde más te duele".
La violencia vicaria adopta diferentes formas, tanto físicas como psicológicas, llegando en los casos de mayor gravedad al asesinato de los hijos e hijas, conformando una brutal y sádica forma de “castigo” hacia sus madres, ocasionándoles un daño extremo del que no podrán recuperarse. El uso de los menores por parte del agresor tiene como finalidad establecer los límites que, según su patrón machista y patriarcal de dominación masculina, las mujeres no deben atravesar.
Silvia Carrasco en un artículo publicado en AmecoPres describe al milímetro el patrón de los que califica como colección de criminales: “son machistas, son una banda, crece en las escuelas y en las familias, en los lugares de trabajo y en los de ocio, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Todo el mundo lo ha visto y todo el mundo ha hecho ver que no lo veía. Nadie les ha educado para otra cosa y nadie les ha parado los pies a tiempo”.
Son hombres que basan sus relaciones en la obediencia y la desigualdad; son intolerantes, agresivos, se creen dueños absolutos de la verdad, consideran a la mujer un objeto de su propiedad, están instalados en patrones de conducta que potencian el aislamiento y el control sobre la mujer y que utilizan el desprecio y la dominación como norma de conducta persistente: un modelo inválido de relación basado en el abuso y el empleo de la fuerza.
Es necesario erradicar ese modelo de sociedad, que aún persiste, sustentado en el dominio y la sumisión, que se propaga de una generación a otra fuertemente arraigado, que atribuye la violencia al efecto de una situación personal; urge frenar la reproducción de estereotipos y actitudes sexistas. Prima erradicar la actitud tolerante de muchos adolescentes frente al maltrato. La educación es una herramienta fundamental para la superación del sexismo y la violencia de género.
Ante la gravedad y el vertiginoso aumento, de unos y otros casos, apremia la adopción de medidas contundentes en esta lucha sin tregua contra los que no nos quieren vivas, libres y empoderadas.
