Mientras el coronavirus disminuye su morbimortalidad gracias a las medidas de prevención y a las vacunas, otra pandemia silenciosa ha ganado terreno diezmando el bienestar emocional de un amplio sector de la población. Se trata de la pandemia de la salud mental.
Según un reciente estudio publicado por la revista científica The Lancet, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 ha propiciado un entorno favorable para perjudicar a la salud mental de la población mundial. El objetivo que promovió el estudio de la prestigiosa publicación fue cuantificar el impacto que ha tenido la pandemia por coronavirus en la prevalencia de los principales trastornos depresivos y de ansiedad a nivel mundial y a lo largo 2020. Una vez procesados los datos los resultados han sido nefastos al concluir que, mientras el COVID-19 ganaba terreno, aumentaron en un 25% los casos de ansiedad y depresión a nivel mundial, lo que traducido en cifras supone 129 millones de diagnósticos nuevos (53,2 millones de casos de depresión grave y 76,2 millones de ansiedad, lo que supone un incremento del 27% y 25% respectivamente). Dicho de otro modo, el coronavirus ha empeorado la ya alta prevalencia de los trastornos patológicos en salud mental, siendo las mujeres y los jóvenes los dos grupos poblacionales más perjudicados.
Los investigadores del estudio publicado en The Lancet hacen hincapié en que mucho antes de la pandemia, los recursos para salud mental estaban infradotados y desorganizados a nivel global. Una interpretación de los datos enfatiza en que un factor causal del aumento de la morbilidad en salud mental durante la pandemia, ha sido la dificultad para que los pacientes con estrés, ansiedad o depresión fueran visitados presencialmente por parte de los médicos de familia, psiquiatras y psicólogos. Una de las primeras conclusiones fue la necesidad urgente de fortalecer los servicios de salud mental de los sistemas sanitarios, sobre todo protegiendo a los grupos más vulnerables. Un reciente informe de Unicef centrado en la salud mental, revela que el 58,3% de los jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en España dice sentirse "con frecuencia" ansiosos, nerviosos y preocupados, y el 36% "solo a veces".
Como la pandemia aun no ha terminado, se desconoce hasta que extremo seguirá repercutiendo en los nuevos diagnósticos de trastornos mentales, así como también cómo serán y cuanto durarán las secuelas. No es aventurado augurar que a corto plazo aumentará progresivamente la cifra de diagnósticos de trastornos por estrés postraumático. Igualmente es muy probable que aun no estemos en las cotas más altas de diagnósticos de depresión, ya que la preocupación inicial de la población se centró sobre todo en la enfermedad física y en prevenir el contagio. Es de esperar que los porcentajes más elevados de secuelas en la salud mental estén por llegar.
La OMS ya se ha pronunciado al confirmar un aumento en Europa de los problemas en salud mental durante la pandemia, sobre todo en diagnósticos de estrés, ansiedad y depresión. También enfatiza este organismo internacional en cómo ha repercutido en la salud mental mundial la salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, los cambios de hábitos y los problemas laborales y económicos.
En España, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), durante el primer año de pandemia, un 6,4% de la población (más del doble eran sido mujeres) recurrieron a un profesional de la salud mental, un 43% por ansiedad y un 35,5% por depresión. La encuesta revela que el porcentaje de personas de clase baja con síntomas de ansiedad, depresión o desesperanza durante la pandemia casi ha duplicado en 2020 al de las clases altas (32,7% frente a 17,1%). Del mismo modo, la prescripción psicofármacos a personas de clase alta ha sido del 3,6%, mientras que en la clase baja el porcentaje es casi del 10%.
Según la OMS, el 93% de los países ha sufrido un colapso en sus servicios de salud mental en tiempo de pandemia
Ningún estudio duda de que la pandemia por COVID-19 sea responsable de que la población global del planeta haya aumentado críticamente la demanda sanitaria por problemas de salud mental. Esto se complica al suceder que la sanidad pública soportaba una carencia de recursos —humanos y de financiación— desde hace décadas. Y no sólo sucede en España sino también en el resto del mundo. Según la OMS, el 93% de los países ha sufrido un colapso en sus servicios de salud mental en tiempo de pandemia.
Circunscribiéndonos a la sanidad española, una de las carencias más preocupantes es el bajo porcentaje de especialistas en salud mental (sobre todo faltan psicólogos clínicos), una merma de recursos que afecta a los pacientes que no pueden pagar una psicoterapia privada y no les queda mas opción que farmacología como herramienta terapéutica. En este sentido, como médico que ejerce en el ámbito de la salud mental, quiero dejar bien claro que defiendo el uso terapéutico de psicofármacos por lo mucho que ayudan a devolver la felicidad, primera y más frecuente carencia que sufre la mayoría de estos pacientes. Pero también quisiera dejar constancia de que no siempre es imprescindible tratar con medicamentos los problemas de salud mental. Obviamente, lo es en patologías muy concretas como la práctica totalidad de las psicosis y también de otros procesos que cumpla criterios diagnósticos que indiquen la farmacoterapia según los protocolos terapéuticos consensuados por la comunidad científica internacional). Si hago esta matización es para puntualizar que a veces, tras una evaluación diagnóstica, puede no estar indicado un abordaje inicial con fármacos sino sólo con psicoterapia —siempre por prescripción médica— puede que con la ayuda por tiempo limitado de un medicamento que alivie síntomas como el insomnio o la ansiedad. En estos casos, la farmacología queda como un segundo recurso a utilizar si la evolución del paciente solo con terapia psicológica no fuera satisfactoria.
Las patologías psiquiátricas requieren una supervisión frecuente y continuada por parte del profesional, y también dedicando un tiempo que no se limite a diez minutos por sesión. Es por ello que la dotación de profesionales debería aumentar con carácter prioritario en las consultas de salud mental de la sanidad pública, pues el porcentaje de psiquiatras y psicólogos en España es muy inferior a de la media de la Unión Europea. Por ejemplo, en lo que respecta a los psiquiatras en la sanidad pública, tenemos 9,69 por cada 100 000 habitantes, mientras que Polonia cuenta con 24,18; Finlandia con 23,59; Bélgica con 24,18; 23,59; Francia con 20,91; Alemania con 13,20 y Hungría con 11,08.
Según un informe de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España se encuentra en el puesto número 24 de la Unión Europea en cuanto a número de psiquiatras por cada 100.000 habitantes. También el número de psicólogos en la sanidad pública nos coloca en la cola de Europa, donde el número de profesionales es de 16, mientras que aquí apenas llega a 6 según unos datos que recientemente ha ofrecido el Defensor del Pueblo.
Sólo el 25% de los países europeos han conseguido integrar la salud mental de un modo satisfactorio en los servicios de su salud pública
Como consecuencia de este déficit, la asistencia que los profesionales pueden ofrecer a sus pacientes llega a un bajo porcentaje de quienes la necesitan —o llegan tras largas esperas— muy a pesar del gran esfuerzo de psiquiatras y psicólogos por ofrecer una atención de calidad, y también sus reivindicaciones de una ratio de tiempo por paciente muy superior a la actual, así como una reducción de las listas de espera. Este es un problema que sólo se resuelve con más recursos humanos y más presupuestos para la salud mental. Pero una vez mas, esta situación no es exclusiva de España, pues según la OMS, sólo el 25% de los países europeos han conseguido integrar la salud mental de un modo satisfactorio en los servicios de su salud pública y más concretamente en la atención primaria.
Otro dato preocupante para la salud mental es que, según la Agencia Española del Medicamento, en 2020 —debido a la pandemia— ha aumentado el consumo de benzodiacepinas, sedantes e hipnóticos en nuestro país, lo que supone llover sobre mojado porque en prepandemia, España era el país con mayor consumo de ansiolíticos según datos del último informe la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
La primera conclusión que podemos extraer de lo expuesto es que sólo mejorará la salud mental en nuestro país si aumentan los recursos humanos y económicos como máxima prioridad en las agendas políticas. Es lamentable que ninguna Ley de Presupuestos Generales haya previsto hasta ahora una partida dedicada a la salud mental, por ello, de momento, la única esperanzas de un cambio queda depositada en la iniciativa de la primera Ley de Salud Mental que UP ha propuesto en el Congreso, consiguiendo un aval lo suficientemente amplio (solo se ha abstenido el PP y han votado en contra de Vox y el PNV) para iniciar la tramitación de una normativa que dote a la salud mental de un despliegue de recursos públicos que acaben con el estigma y la discriminación de quienes sufren estas enfermedades, incorporando planes que vayan desde la prevención del suicidio al reconocimiento y garantía de todos los derechos de las personas con problemas de salud mental.
En una circular dirigida no solo a los médicos sino a la sociedad en general, la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV) —a la que pertenezco— se ha pronunciado ante la reciente presentación por parte del Grupo Parlamentario Unides Podem de la Comunidad Valenciana, del borrador para su proposición de Ley de Salud Mental, manifestando «el compromiso por hacer una revisión crítica y constructiva del proyecto en cuestión, analizando la pertinencia técnica de las distintas propuestas ofrecidas, reiterando el compromiso con la salud mental y ofrecer nuestro “brazo tendido” a las autoridades competentes para colaborar en la elaboración, planificación e implementación de estas y otras estrategias».
Tanto los médicos como la sociedad reclamamos cambios radicales en la salud mental que incluyan una dotación de recursos suficiente para que las necesidades y los proyectos se conviertan en hechos. La salud mental debe dejar de ser el patito feo de la sanidad pública, y por primera vez estamos en un punto de inflexión propicio a unos cambios que deberían llevarse a cabo con consensos, sin palabrerías vacuas, y a través de unas dotaciones presupuestarias que mas allá de electoralismos cortoplacistas se centren en el derecho a la salud. Es ineludible que cualquier decisión política en materia de salud mental no sea solo política sino fruto de acuerdos sociales que cuenten con la opinión y el respaldo técnico y científico de los profesionales de la medicina.
