Esta Ley es de aplicación a todos los oficios relacionados con la infancia y adolescencia y se hace extensivo al acceso y ejercicio profesional
El Gobierno modificó a finales del mes de julio la Ley 26/2015 de infancia y adolescencia, incorporando un nuevo apartado al artículo 13, que dice: "5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales".
Para su ejecución, el Secretario de Estado del Ministerio de Educación, ha requerido a las CCAA para que, mientras no exista el Registro Central de delincuentes sexuales, pongan en marcha el procedimiento fijado en la Disposición transitoria cuarta para que el profesorado aporte la certificación a la que se refiere el artículo 13, que debe emitir el Registro Central de Antecedentes Penales. Esta Ley es de aplicación a todos los oficios relacionados con la infancia y adolescencia y se hace extensivo al acceso y ejercicio profesional.
El Ministerio pone bajo sospecha a todo el profesorado como posibles delincuentes sexuales, que deberán acreditar que no lo son
Pues bien, según denuncia la Federación de Enseñanza de CCOO, se trata de una nueva “improvisación” del Gobierno “que pone en cuestión al profesorado, con el ánimo de culpabilizar a los docentes de unos problemas educativos, cuya principal causa está en los recortes y en la puesta en marcha de una Ley nefasta”, asegura en referencia a la LOMCE.
El sindicato explica que, en estos términos, algunas CCAA están requiriendo que el personal interino presente el citado certificado. Lo que no ha dicho el Ministerio es qué consecuencias prevé que tenga esta medida para quienes no lo aporten o para quienes, constando en el citado registro, ya hayan cumplido sus penas y están debidamente rehabilitados y reinsertados.
CCOO también subraya que el Ministerio tampoco ha explicado qué va a hacer con quienes no cumplan lo requerido: sí no serán contratados, serán despedidos o, en el caso de los funcionarios de carrera, sean inhabilitados y perderán su condición de funcionarios. “En cualquier caso, parece que el Ministerio pone bajo sospecha a todo el profesorado como posibles delincuentes sexuales, que deberán acreditar que no lo son. Con esta medida, el Ministerio ignora el derecho de toda persona, los docentes también, a que en un estado social y democrático de derecho prevalezca la presunción de inocencia”, afirma.
Para CCOO, el Gobierno pone en marcha una “medida denigrante” para el profesorado y para el resto de colectivos afectados: sanitarios, profesionales del ocio y tiempo libre etc., “ya que les criminaliza”. Tampoco está claro cómo se va llevar a cabo en estos colectivos.
