jueves. 28.03.2024
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Este lunes se ha celebrado en el juzgado de 1ª Instancia nº2 de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial el primer juicio para la exhumación de víctimas del franquismo en Cuelgamuros. Purificación Lapeña Garrido, nieta y sobrina nieta de dos fusilados republicanos ha comparecido como “víctima indirecta” y junto a ella su marido, Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón (ARICO).

Se trata del primer caso de Memoria Histórica que se tramita por vía civil, y es la primera vez que se cita en sede judicial española a una nieta que reclama los restos de su abuelo.

El proceso para recuperar los restos de sus familiares comenzó en 2012. Asistidos por el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz, los familiares acudieron a varias instancias judiciales como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo para intentar abrir el proceso por la vía penal. Todas las peticiones fueron denegadas, de ahí la razón de abrir el procedimiento por la vía civil

El escrito fue presentado el 20 de noviembre de 2014 y en el se solicitaba la aprobación y protocolización de información bajo el concepto legal de “Ad perpetuam memorian”, autorizando la recuperación de los restos mortales de los hermanos desaparecidos durante la Guerra Civil, don Manuel (fusilado en el barranco de La Bartolina) y don Antonio-Ramiro Lapeña Altabás (fusilado en la tapia del cementerio municipal de Calatayud).

La única información de la que disponen los familiares de los hermanos Lapeña–Altabás es de una circular firmada en 1959 por el entonces ministro de Gobernación informando del traslado de 9 ataúdes enterrados en Calatayud al Valle de los Caídos. Es allí precisamente donde se encuentran los archivos con el lugar de procedencia de los cuerpos.

En Cuelgamuros hay enterrados 36.000 cuerpos, pero a diferencia de los Nacionales (donde figuran con nombre, apellidos y profesión), las víctimas republicanas están registradas por un número y lugar de procedencia en su correspondiente columbario.

Purificación Lapeña pide que se reconozca la muerte violenta de sus familiares (su propio padre cuenta ahora con 91 años), que se les exhume y se proceda a la identificación de los cuerpos con la prueba de ADN para poder ser enterrados en el lugar que elijan, todo ello realizando la debida inscripción de traslado ante el Registro Civil y con las garantías de la policía mortuoria. El ministerio fiscal ha emitido un informa favorable a su admisión a trámite. 

"Pese a la lucha de tanta gente durante tantos años, con tantas dificultades, intencionadamente silenciada, esta declaración será el reconocimiento de la verdad de lo que se pide y la denuncia de los que tratan de ocultarles", señala el abogado Eduardo Ranz. 

El juez ha dado un plazo de 30 días para aportar documentación sobre los desaparecidos. En este sentido, será la propia ARMH de Aragón la que facilite al juez las pruebas de que dichos cuerpos no se encuentran en Catalayud, con el testimonio del arqueólogo y del propio forense que investigaron las fosas iniciales, cuyos cuerpos fueron exhumados sin permiso de los familiares.

Purificación exige que se sepa la verdad y que se normalice este proceso de exhumación de las fosas franquistas, también en el Valle de los Caídos. Al respecto, tanto el PSOE como IU presentaron enmiendas a los PGE de 2016 para habilitar una partida que exhume los cuerpos y convierta Cuelgamuros en un Centro de la Memoria, enmiendas que han sido rechazadas de plano por el PP.

Solo hay un precedente a este caso según cuentan el abogado Eduardo Ranz. Fue en 1980 cuando se exhumaron 130 cuerpos de víctimas del franquismo procedentes de Navarra en Cuelgamuros, aunque poco después volvió a cerrarse esta posibilidad. 

Primer juicio en España para exhumar los restos de dos republicanos enterrados en el...