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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recibido de manos de Isabelle Ferreras, presidenta de la Comisión, el informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la Democracia en el Trabajo.
El documento se centra en el alcance del artículo 129.2 de la Constitución Española y en lo que sus autores describen como voz y propiedad, conceptos que sitúan en el núcleo de la Democracia en el Trabajo.
"Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
En este marco, la vicepresidenta segunda ha señalado: "una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos. Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo. Es hora de democratizar las empresas y la economía", ha enfatizado.
Claves del informe y retos identificados
El informe incluye un diagnóstico sobre la situación actual de la Democracia en el ámbito laboral, plantea una estrategia de desarrollo futuro del artículo 129.2 de la Constitución Española y añade un apartado práctico con herramientas y recursos para su puesta en marcha.
En su evaluación, el texto sostiene que el acceso de las personas trabajadoras en el entorno laboral es "muy tímido" y que el mandato relativo al acceso a la propiedad carece de desarrollo.
Entre los asuntos señalados, el informe enumera nueve desafíos. En esa relación figuran la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, la competitividad y la innovación, la resiliencia territorial y la pobreza y la desigualdad, entre otros.
El dictamen de la Comisión de expertas y expertos internacionales describe a las empresas como entidades políticas y plantea que deben organizarse bajo una arquitectura democrática que incorpore a accionistas y personas trabajadoras, a las que considera "inversoras de trabajo".
Para facilitar una transición hacia modelos más democráticos dentro de las compañías, la Comisión propone desarrollar un Índice de desarrollo democrático corporativo, concebido para favorecer a las empresas que alcancen estándares elevados de democracia en su gestión.
En la Comisión han participado un total de 13 integrantes de distintas universidades españolas e internacionales, entre ellas la profesora Gemma Fajardo, del IUDESCOOP-Universitat de València, y miembro de CIRIEC-España.
El Gobierno español sostiene que un desarrollo adecuado de ese precepto constitucional puede mejorar la calidad democrática y contribuir a reducir la desigualdad económica. También lo vincula a varios retos, como la calidad del empleo, la transición digital y ecológica, la deslocalización de empresas, la gobernanza de la inteligencia artificial, y el refuerzo de la sociedad civil y de los sindicatos.
Los expertos consideran además que la participación de los trabajadores y la democracia en la empresa pueden funcionar como instrumentos para elevar la competitividad, al permitir anticipar cambios y reducir sus efectos negativos.
Audiencias presenciales y reuniones virtuales
La Comisión Internacional de Expertas y Expertos ha desarrollado un proceso de audiencias que ha combinado perspectivas internacionales y enfoques nacionales. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, se han celebrado quince reuniones virtuales con académicos y profesionales de reconocido prestigio, entre ellos economistas, sociólogos, especialistas en derecho laboral, expertos en gobernanza cooperativa y representantes de instituciones de investigación.
Según lo expuesto, estos encuentros aportaron información sobre democracia en el lugar de trabajo, derechos laborales, cambio tecnológico y condiciones económicas que influyen en la participación de los empleados en las empresas.
Como complemento, la Comisión llevó a cabo tres días de audiencias presenciales en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, del 3 al 5 de junio de 2025. En esas sesiones participaron asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de la economía social, grupos de la sociedad civil y especialistas del mercado laboral.
En conjunto, estos intercambios se presentan como base para una comprensión global de los factores legales, económicos y organizativos que afectan a la democratización del lugar de trabajo, y para sustentar el análisis del Comité tanto en la investigación internacional como en las realidades del panorama institucional y productivo de España.
El Informe, el resumen ejecutivo y el resto de información de la Comisión sobre la Democracia en el Trabajo estarán disponibles a partir del mismo día 2 de febrero en la web creada para el proyecto: http://democraciaeneltrabajo.es. La documentación podrá consultarse también en catalán, gallego y euskera.
Medidas sobre gobernanza, representación y propiedad
Entre las propuestas, la Comisión plantea establecer ratios para que las personas trabajadoras ocupen puestos en los consejos de administración. El planteamiento llega hasta la mitad de los asientos en empresas con más de mil trabajadores y trabajadoras, y un tercio de los sillones en compañías de entre 50 y mil empleados y empleadas.
El documento también incluye el derecho a la codecisión en la Inteligencia Artificial para los comités de empresa, y contempla el acceso a la propiedad en un rango de entre un 2% y un 10% en el caso de grandes corporaciones.
Además, se propone la creación de fondos ciudadanos con el objetivo de evitar la disolución de empresas viables cuando afronten crisis de sucesión.
Tras conocerse las conclusiones del Informe sobre Democracia en el Trabajo, Comisiones Obreras ha defendido avanzar en los derechos de participación de las personas trabajadoras en las empresas, en un contexto en el que los expertos y expertas plantean ratios concretos para su presencia en los Consejos de Administración.
El sindicato sostiene que la clase trabajadora debe integrarse en estos procedimientos para cumplir legislativamente el fundamento constitucional de la democratización en la empresa y también por motivos estratégicos. Indica que la implicación de trabajadores y trabajadoras es necesaria para construir un nuevo marco de relaciones laborales adaptado a transformaciones sistémicas vinculadas a las transiciones ecológica-energética, digital y demográfica.
En este planteamiento, se recuerda que la Constitución obliga activamente a los poderes públicos a promover dos ejes: la participación de las personas trabajadoras en la empresa y el acceso a la propiedad de los medios de producción.
CCOO afirma que el sistema español continúa en un esquema esencialmente consultivo y no avanza hacia formas de participación estratégica o de supervisión como ocurre en distintos países de la Unión Europea. Por ello, plantea una relectura normativa y constitucional del derecho de participación, con articulación institucional y eficacia jurídica alineadas con el mandato del artículo 129.2 de la Constitución Española.
Sobre la propiedad, CCOO sostiene que el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad de los medios de producción ha sido prácticamente inédito en el desarrollo normativo español, y cita como referencia la viabilidad jurídica y económica de modelos como el alemán o el escandinavo para una participación real en la propiedad y la gobernanza empresarial.
Más allá del mandato constitucional, el sindicato sitúa el despliegue legislativo de los derechos de participación en la decisión empresarial y en la propiedad como una iniciativa a incorporar al marco normativo español y, de forma destacada, a la cultura de gestión de las empresas.
En relación con la digitalización y la sostenibilidad, se señala la necesidad de co-gobernanza, de comprensión de estrategias y objetivos, y de codecisión en la organización del trabajo, con el fin de afrontar los retos del siglo XXI.
También se plantea que integrar en las relaciones de trabajo el impacto de la IA, la digitalización y el cambio hacia una economía circular resulta clave para situar la economía del país a la vanguardia de Europa, objetivo que se vincula al concurso de las personas trabajadoras.
CCOO anima al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales a impulsar una ley para la democracia en la empresa, y señala el marco del Diálogo Social como vía para promover esta iniciativa legislativa.
