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La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, destacó de manera enfática la trascendental importancia que supone la aprobación y entrada en vigor, a partir de este mismo viernes, de la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social. En este sentido, subrayó que dicha iniciativa legislativa reviste una gran relevancia al fortalecer de manera substancial y explícita el papel que desempeña el colectivo de personas con discapacidad dentro del marco de un sistema económico que se encuentra en constante transformación, con el objetivo de ser más inclusivo, accesible y adaptado estrictamente a las necesidades específicas de todos los grupos sociales involucrados.
La legislación recién aprobada es una pieza clave para consolidar un modelo productivo de carácter inclusivo, uno que sitúa a las personas en el centro mismo de la actividad económica
Esta valoración fue realizada durante la participación de Merino en una entrevista extensa y detallada publicada en el medio digital oficial perteneciente al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Dicha entrevista coincidió con el momento exacto en que la mencionada normativa entró oficialmente en vigor, tras su publicación previa en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este documento no solo oficializa la ley, sino que también confiere carácter obligatorio y vinculante a las nuevas disposiciones legales que esta contiene, garantizando así su correcta aplicación en el ámbito jurídico y social.
Merino hizo un especial énfasis al señalar que esta ley representa, sin duda alguna, un avance histórico y de gran trascendencia dentro del proceso continuo de actualización y modernización del marco jurídico que regula la economía social en España. En términos concretos, puso de relieve que esta legislación introduce mejoras sustanciales y relevantes en múltiples aspectos clave. Entre estos destacan, por una parte, el fortalecimiento y el aumento considerable de la seguridad jurídica destinada a las entidades y a los distintos agentes que forman parte de este sector económico; por otra, la ampliación y el perfeccionamiento de los instrumentos y mecanismos de apoyo disponibles para estos colectivos. Además, la normativa reforzó el reconocimiento institucional de la economía social como un modelo orientado al interés general, insistiendo en que esta vía económica contribuye significativamente al bienestar colectivo y al progreso social sostenible.
En lo que respecta a los principales avances que la ley introduce específicamente en el ámbito relacionado con la discapacidad, la secretaria de Estado enfatizó la incorporación explícita y detallada de los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro del ecosistema que conforma la economía social. Esta incorporación les otorga un papel que no solo es explícito, sino reconocido y formalizado dentro del marco legal. Además, Merino destacó la consideración que se les concede como prestadores de servicios de interés económico general, una categoría que realza notablemente su importancia e influencia dentro del sistema económico social vigente. De igual manera, la normativa contempla un incremento notable y significativo en las cuotas de contratación pública destinadas a estas entidades y también a las empresas de inserción. Este incremento resulta esencial para asegurar su estabilidad financiera a medio y largo plazo, además de reforzar su capacidad operativa y alentar un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.
Por otro lado, Amparo Merino quiso destacar y poner en valor el papel fundamental que ha desempeñado el Cermi durante todo el proceso de tramitación parlamentaria de esta ley, así como la colaboración aportada por otras organizaciones de gran relevancia dentro del sector, como es el caso de Feacem. Subrayó que las aportaciones técnicas y el asesoramiento proporcionados por estas entidades resultaron cruciales para mejorar y perfeccionar el contenido definitivo del texto legal. Asimismo, permitieron orientar de manera eficaz y precisa los apoyos públicos hacia aquellas iniciativas que generan un impacto social directo, tangible y medible, maximizando así los beneficios y efectos positivos que la normativa puede derivar para el conjunto de la sociedad.
Esta nueva legislación representa, además, una actualización profunda e integral de las principales normas que regulan actualmente el sector de la economía social en España. A su vez, introduce y fomenta el impulso de fórmulas innovadoras, tales como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso.
De este modo, la ley amplía el reconocimiento institucional, incorporando y consolidando a actores clave dentro del tercer sector, destacando entre ellos a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Al hacerlo, afianza y consolida el papel fundamental que estas entidades desempeñan en el entramado social y económico que sostiene el país.
Por último, desde el Cermi se ha valorado de manera muy positiva y esperanzadora la entrada en vigor de esta importante norma. La consideran como un avance relevante y de gran dimensión, especialmente en lo que respecta al reconocimiento del valor económico y social que representa la discapacidad organizada y estructurada.
Además, enfatizan que la legislación recién aprobada es una pieza clave para consolidar un modelo productivo de carácter inclusivo, uno que sitúa a las personas en el centro mismo de la actividad económica, garantizando así no solo una mayor igualdad en términos sociales, sino también fomentando un proceso de cohesión social mucho más robusto, equitativo y sostenible a nivel nacional.
