martes. 19.03.2024

En sus últimas reuniones, muy citadas después por sus miembros, la conferencia de decanos de medicina y el consejo estatal de estudiantes de medicina razonaban sobre la falta de médicos y contra la apertura de nuevas facultades de medicina. Sus argumentos eran los siguientes. Por un lado, recordaban que, a pesar del incremento de plazas MIR de los últimos años, en las últimas convocatorias hubo más de dos candidatos graduados en medicina por cada plaza (recordemos que prácticamente todos los estudiantes que quieran ejercer la medicina tienen que pasar por el sistema MIR). El otro argumento, aunque certero, era más arriesgado: decía que con el aumento del número de plazas o facultades (muchas de las de reciente creación, privadas),  se pondría en peligro la calidad de la formación. La idea central sería la siguiente: no se deberían graduar más médicos de los que el sistema pueda absorber.

Paralelamente a estas posiciones que vienen del mundo universitario, que no son nuevas y están claras, el Ministerio de Universidades, el de Sanidad y la Conferencia de rectores se han mantenido firmes y prevén aumentar las plazas de graduados en medicina en un 15 por ciento y así se contempla en el presupuesto.

Los distintos estamentos difieren significativamente en la cuantificación de estos impactos. Además, las diferencias en la valoración de la situación y de las posibles soluciones son amplías.

Aunque estos planteamientos parecen particulares, porque afectan de manera especial a las facultades de medicina, atañen no solo a la universidad sino también a la sanidad española, cuando ésta se encuentra sumida en un deterioro importante, como consecuencia del test de estrés de la pandemia, que afecta a la confianza de los ciudadanos, a lo cual ahora se puede sumar el interrogante sobre la calidad de la formación que se imparte.

Estamos en unos frentes en los que a diario comprobamos el descontento que se genera por la falta de diálogo entre las distintas administraciones y los administrados, en particular en la atención primaria y también por las condiciones laborales de los sanitarios. Como telón de fondo podemos destacar el desequilibrio entre especialidades, la precaria situación de la primaria y la disuasión a la hora de escoger la especialidad. A todo ello se añade otra cuestión de gran importancia. Como consecuencia del coronavirus,  un verdadero catalizador de la transformación digital, la situación ha empeorado. De modo que si no subordinamos la digitalización a un humanismo tecnológico, se seguirá escribiendo mucho y de muy diverso signo del deterioro del nivel de la asistencia sanitaria, y la crisis no dejará de salir en los medios, no solo desde las posiciones más interesadas en su deterioro.

Conviene tener en cuenta que las necesidades sanitarias y de recursos humanos o materiales nunca serán totalmente satisfechas

Porque a estas alturas, en paralelo con la (pos)pandemia, los signos de la crisis son bastante visibles (la pandemia ha hecho verdaderos estragos en Occidente). En este sentido, entre las cuestiones que destacan y que datan desde hace tiempo, están el déficit de financiación de todo el sistema, la contratación precaria de los profesionales, las condiciones laborales de los médicos internos residentes y una tendencia muy marcada hacia el olvido de la salud pública, el desmantelamiento de la atención primaria, y el fortalecimiento de la privatización que se percibe con más fuerza en algunas comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza.

La reacción hasta ahora del gobierno de coalición, aunque ha puesto en marcha iniciativas legislativas como la ley de equidad o la agencia estatal de salud pública, junto al acuerdo para la estabilización del personal interino y de presupuestos adicionales para atención primaria y salud pública, parece que está por debajo de la magnitud del desafío.
En el mismo ámbito, hay que sumar la aprobación del plan para la atención primaria y la estrategia de salud mental.

Sigue con fuerza la necesidad de dar un giro radical y orientar los recursos humanos hacia otros objetivos que den garantías de estabilidad a los jóvenes profesionales

En resumen, sobre la cíclica falta de profesionales médicos y de enfermería que ha servido como justificación para la apertura continua de nuevas facultades, ya hemos comentado que la mayoría de las que se han abierto en los últimos años son privadas, en paralelo con la ya comentada dinámica de privatización del sistema sanitario. Visto lo visto en estos años, se trata de unas facultades que en muchos casos no cumplen con los mínimos requisitos de laboratorios de investigación, bibliotecas y hospitales para realizar una docencia práctica con plenas garantías.

En definitiva, lo que queremos decir con todo esto es que el origen del problema de la sanidad pública es una mezcla de fallo en la gestión de los recursos humanos en relación con una gran inestabilidad en los contratos de los más jóvenes, un gran déficit de financiación y una gran preponderancia de la medicina hospitalaria sobre la asistencia primaria que provoca  una gran sobrecarga de las urgencias de los hospitales.

Por eso, sigue con fuerza la necesidad de dar un giro radical y orientar los recursos humanos hacia otros objetivos que den garantías de estabilidad a los jóvenes profesionales. Es necesario, más que nunca, diseñar un mapa de especialistas, un registro de todos los profesionales sanitarios para saber dónde están, y conocer el número actual y las previsiones de jubilación para 2025.

Por último, conviene tener en cuenta que las necesidades sanitarias y de recursos humanos o materiales nunca serán totalmente satisfechas. Las causas para ello son múltiples, pero la principal es que en el sistema sanitario se refleja el malestar social y siempre la tendencia será a medicalizarlo antes que a resolverlo. Una resolución que siempre será parcial.

Miradas opuestas sobre la escasez o el exceso de médicos