Los últimos datos de la EPA del II Trimestre del presente año contemplan datos muy positivos en materia de empleo, como consecuencia de la notable reactivación económica producida por los avances de la lucha contra el COVID-19 y la eficacia de las vacunas (las previsiones macroeconómicas del Gobierno señalan que el PIB crecerá este año el 6,5% y el 7% el año que viene).
Según UGT, ha crecido la ocupación (2,41%), se ha reducido el desempleo (-3,01%) y la tasa de paro se ha situado a la baja en el 15,26% con respecto al trimestre anterior. Además, según los datos de la Seguridad Social, el número de trabajadores que han salido de los ERTE han alcanzado la cifra de 305.266 desde abril, sin olvidar que todavía quedaban 331.486 a finales del mes de julio.
Sin embargo, si observamos detenidamente las características del empleo que se está creando, llegamos a la conclusión de que se trata de un empleo muy precario (principalmente temporal y a tiempo parcial). En este sentido, el volumen de trabajadores asalariados con contrato temporal se ha incrementado un 7,96% este trimestre, una cifra muy superior a la registrada de contratos por tiempo indefinido (0,8%). Crece así la tasa de temporalidad que se sitúa en el 25,1%, duplicando la media europea, lo que significa que uno de cada cuatro personas asalariadas tiene un contrato temporal. La situación se agrava considerablemente en los menores de 25, donde son temporales 2 de cada 3 jóvenes con empleo.
Dicho de otra manera, según El Economista.es, el ministerio de Trabajo y Economía Social ha desvelado que sólo 3 de cada 1.000 nuevos contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) supera el año y uno de cada dos contratos tiene una duración inferior a tres meses (52,23%). Estas cifras resultan particularmente escandalosas en los meses de verano por la fuerte influencia del sector de hostelería. De los 1.838.250 contratos registrados en el mes de julio, 396.009 (21,5%) tenían una duración igual o inferior a la semana, el 4,7% contemplaba una duración de entre 7 y 15 días y el 8.61% de entre 15 días y un mes. En resumen, si se suman los contratos con una duración igual o superior a un mes, los datos del SEPE revelan que el 34,9% de los registrados en el mes de julio igualaba o no llegaba al mes de vigencia.
Esta situación no es nueva y confirma la tendencia de nuestro mercado de trabajo en los últimos años. Desde que comenzó la Pandemia, según CCOO, los contratos indefinidos han experimentado una subida del 2% frente al 20% de los contratos temporales y, en los últimos doce meses, se han firmado 314.100 contratos indefinidos y 666.500 temporales. A lo que hay que añadir los contratos de muy corta duración: en 2019, la Seguridad Social registró 5,4 millones de contratos de un solo día de duración, lo que resulta particularmente escandaloso.
Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboración propia.
Por otra parte, asegura la UGT (ver gráficos adjuntos), el número de personas ocupadas con jornada a tiempo parcial se ha incrementado un 5,17%, hasta situarse, en este segundo trimestre del año, en el 14.4% del total de la ocupación. Una vez más, los jóvenes son los más perjudicados por la extrema precariedad, al afectar la parcialidad al 41,2% de los ocupados menores de 25 años. Con el agravante de que más de la mitad manifiestan que quieren trabajar a jornada completa (54,1%), por lo que el contrato parcial involuntario es el máximo exponente de la precariedad y el subempleo que, como se viene poniendo de manifiesto, se ceba en las personas de 25 a 35 años: 2 de cada 3 trabajadores a tiempo parcial los son involuntarios.
Al margen de todo lo dicho, no debemos olvidar tampoco que, en la práctica, las jornadas de trabajo reducidas (a tiempo parcial) se alargan en muchas ocasiones sin que ello signifique que se paguen las horas como extraordinarias y, mucho menos, que éstas coticen a la Seguridad Social. Este fraude de ley no se denuncia en la mayoría de las ocasiones para no poner en grave riesgo el empleo. Tampoco la Inspección de Trabajo actúa, sino es por demanda, ante sus muchas carencias y limitaciones, para penalizar la actitud de fraude sistemático que comenten algunos empresarios desaprensivos.
Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboración propia.
La extensión de la precariedad tiene, además, un problema asociado: la menor remuneración de los asalariados que, en muchos casos, no alcanzan a recibir el magro SMI. Por eso los sindicatos exigen, con mucha determinación, actualizarlo hasta alcanzar las recomendaciones de la Carta Social Europea, sobre todo cuando el IPC del mes de julio en cómputo anual se ha situado en el 2,9%, la mayor tasa desde febrero de 2017. Lo que obliga y compromete más al Gobierno a incentivar una política salarial que permita también a los hogares más vulnerables participar de los beneficios que se están generando por la incipiente recuperación económica. Por último, no debemos olvidar al colectivo de personas que se encuentran en el desempleo de larga duración. Efectivamente, en relación con el mismo trimestre del año 2019, aumenta el número de personas que se encuentran en esta situación (el 49% de las personas en paro lleva más de un año en la situación de desempleo) y el desempleo de muy larga duración afecta al 26,5%, a lo que hay que añadir el desempleo oculto, que afecta sobre todo a las mujeres (incluye a las personas inactivas que trabajarían en caso de tener oportunidad y a los trabajadores a tiempo parcial involuntario). Contabilizar esta realidad situaría el desempleo en el 23,7%, 8,5% puntos por encima de la tasa de paro de la última EPA.
En definitiva, la inexistencia de puestos de trabajo con características diferentes a las descritas está generando empleo muy precario, lo que no mejorará la vida de los trabajadores y de sus familias. No se puede salir de la crisis y competir a través de “empleos basura” (dumping social). Sin duda, nos encontramos en una situación de extrema gravedad que justifica sobradamente el necesario cambio de nuestro modelo productivo, incapaz de generar empleos de calidad, dignos y con derechos. No es extraño que se estén suscitando muchas esperanzas en la gestión y en el reparto de los fondos de la UE (Next Generation) y, sobre todo, en su gran capacidad para garantizar y consolidar un modelo de crecimiento económico y social sostenible a todos los niveles. Debemos recordar que la cuantía de dichos fondos alcanza los 140.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la esperada inversión privada que acompañe a la financiación de proyectos de calidad avalados por la UE.
Por lo tanto, al margen de cambiar nuestro modelo productivo (potenciar de manera especial el sector industrial en todos los ámbitos) hay que:
- Dimensionar las plantillas de las microempresas, escasamente competitivas (el 77% de las empresas tienen menos de cinco trabajadores) y generadoras de empleos de baja calidad.
- Rediseñar nuestras políticas activas de empleo (sobre todo las relacionadas con la formación y la cualificación profesional, que deben adecuarse a la demanda de nuestro mercado de trabajo).
- Derogar las dos últimas reformas laborales.
- Eliminar definitivamente el contrato de obra y servicio y defender la contratación temporal con causa que la justifique.
- Adoptar severas medidas especiales para evitar los contratos (recurrentes para algunas empresas) de una duración inferior a los cinco días.
- Penalizar, aún más, el fraude de ley en la contratación.
- Potenciar la labor fiscalizadora de la Inspección de Trabajo, dotándola de medios económicos y humanos capaces de garantizar la eficacia de su labor. En esta misión podrán contar, con total seguridad, con la valiosa ayuda de los sindicatos en los centros de trabajo.
En todo caso, CCOO reitera que hay que redoblar la apuesta por la modernización de nuestro tejido productivo y centrarse en potenciar la digitalización, la mejora tecnológica, la innovación y el diseño, la investigación, la transición energética y el cambio climático. Particularmente en la “España vacía” y en los sectores más afectados por la precariedad: construcción, hostelería, agricultura y el sector servicios. En coherencia con ello, la CEOE debe asumir también, de una vez por todas, que no puede competir en un mercado abierto y globalizado en base a una política de bajos salarios, baja protección social, alto índice de desempleo, despidos baratos, elevada temporalidad y parcialidad en la contratación y, en definitiva, en mantener unas condiciones de trabajo y de salud precarias en los centros de trabajo. De la misma manera, el Gobierno debe trabajar a fondo para estimular que las empresas sean competitivas, reduciendo en lo posible los costos de la logística, la organización de la empresa, la energía (gas, petróleo, electricidad…), la movilidad y el transporte, las comunicaciones, la investigación, la innovación, las exportaciones…
Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboración propia.
A conseguir todo ello debe contribuir la imprescindible voluntad política del Gobierno y de los interlocutores sociales para alcanzar acuerdos en un contexto económico y social particularmente difícil y complejo. A estos acuerdos están invitadas las CCAA y los Ayuntamientos y, por supuesto, la oposición política, los medios de comunicación y las fuerzas vivas y progresistas de nuestro tejido social. Muchos considerados patriotas tienen una nueva oportunidad de demostrar que lo son, no quedándose atrás en las tareas encaminadas a modernizar nuestra economía y frenar la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, hasta situarla, cuando menos, en la media europea. Esperemos…
Gabriel Moreno, Antonio Sánchez, Juan Sotres, Antonina Ramírez, Ramón Utrera, Pedro Espino, Francisco Javier Velasco y Antón Saracíbar de 'Hormigas Rojas'
