sábado 04.07.2020
ANÁLISIS ECONÓMICO

La fiscalidad española: una reforma inaplazable

La fiscalidad española: una reforma inaplazable

La política fiscal es la encargada de proveer los ingresos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado y, sobre todo, es el soporte del Estado de Bienestar, los bienes públicos, los bienes que tienen derecho a disfrutar los ciudadanos sin discriminación por sus niveles de renta, raza, nacimiento, religión, ideología, etc.

Es obligado defender desde la izquierda una reforma fiscal en profundidad, encaminada a situar a España en los parámetros de la media de la UE en términos de suficiencia, justicia y progresividad. Y las tres cosas –fiscalidad suficiente, justa y progresiva– serán imprescindibles para cumplir los compromisos tributarios y de gasto público que tiene contraído el PSOE con su socio de gobierno, Unidas Podemos. Todo parece indicar que la reforma fiscal va a ser la prueba del algodón –junto con el gasto público– en la defensa del Estado de Bienestar y su consolidación para que el Gobierno culmine la legislatura, cumpla con sus compromisos electorales y, finalmente, desarrolle el programa de gobierno comprometido. Además, será imprescindible una explicación permanente antes, durante y después de la reforma fiscal futura, para que los ciudadanos que, objetivamente les interesa la plausible reforma, apoyen en la intencionalidad de voto (encuestas) y en las elecciones futuras al Gobierno de coalición. Es esta una tarea titánica porque las reformas fiscales, por loables, progresivas y deseables que sean, pueden fracasar si no se consigue frenar y dar la vuelta a la propaganda mentirosa y reaccionaria que, en estas situaciones, ponen en marcha la derecha, los medios de comunicación de derechas y los periodistas de derechas, perdiendo el sagrado deber de informar con objetividad, separando opinión de información. Lo que se juega en este envite es mucho y la reforma fiscal es imprescindible porque nuestro sistema fiscal tiene un retraso al menos de medio siglo respecto a Europa y, en concreto, respecto a la UE, institución supranacional de la que formamos parte con todas sus consecuencias.

Cuando se firman los famosos Pactos de la Moncloa nuestra presión fiscal era entonces del 25% y, en 43 años, solo hemos sido capaces de aumentar nuestro esqueleto fiscal realmente en apenas un 10 puntos

Una nueva fiscalidad aún en los albores del siglo XXI y como socio de peso –el cuarto país por su PIB– de la Unión Económica es imprescindible para responder eficazmente a los problemas que más preocupan a los ciudadanos, incluso a aquellos que votan a la derecha: desempleo de los jóvenes (políticas activas de empleo), precariedad de nuestro mercado de trabajo, bajos salarios, bajas retribuciones de los empleados públicos, renta mínima de inserción, protección social mediante pensiones, cobertura de desempleo, dependencia de nuestros mayores, copago sanitario, ayudas a los autónomos, servicios públicos en sanidad y educación, cambio climático, igualdad de género, migraciones, etc.

Por eso está fuera del tiempo –y más con una pandemia a nuestras espaldas– el planteamiento demagógico de bajar los impuestos, salvo para beneficiar a las rentas más altas y al capital. Y, sobre todo, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos –incluidos los que votan a la derecha– reclaman aumentar el gasto social para superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Y si tenemos en cuenta la herencia recibida producidas por las nefastas políticas de ajuste de la pasada crisis económica que comenzó en el 2008 más las moratorias fiscales exigidas desde la derecha, los pagos temporales de las cotizaciones sociales, los avales del Estado para créditos del ICO, el desempleo sin derechos acumulados y las ayudas a los autónomos, hace que una reforma tributaria generalizada –que sea justa y suficiente– no es ya una opción sino el único camino. La oposición frontal a la política fiscal del gobierno de la Nación, desde las derechas en la Comunidad Autónoma de Madrid– además de faltar al respeto institucional–, es un ejemplo muy significativo de lo único que es capaz de prometer, en términos ideológicos, el populismo ultramontano de las derechas: bajar los impuestos siempre y en cualquier circunstancia, aunque, contradictoriamente, oportunista y coyunturalmente, se pida aumentar el gasto en ayudas y subvenciones para luego exigir que no haya déficit. Una contradicción insuperable e insoportable. Que, además, resulta anacrónico cuando, los antaño organismos internacionales e instituciones supranacionales –que defendían la austeridad y el control del déficit en la crisis pasada– ahora, en época de pandemia, defienden políticas compensatorias de gasto público e, incluso en algunos casos, subidas (temporales) de impuestos (B. de España). Necesidad obliga y de los errores se aprende. Estos son los grandes apartados que marcarán en los próximos meses y –es de esperar que pocos– años la bondad de nuestra política fiscal y las fuerzas sociológicas que deberían apoyar el cambio.

En el caso español tenemos un sistema fiscal realmente existente que es insuficiente, injusto y permisivo con el fraude y la elusión fiscal. Los datos oficiales son que España tiene una presión fiscal del 35,4% de su PIB, mientras que en la zona euro es de un 41,7%, lo que supone estar a 70.000 millones de menor recaudación según estos datos. Y estamos hablando de la media euro. Sólo tienen menos presión fiscal que España, Irlanda –con un significativo 23%–, Lituania, Letonia, Malta, Estonia, Chipre y Eslovaquia. En cambio, entre los países con los que nos debemos comparar por tamaño económico, población, historia y aspiraciones, están, por ejemplo, Francia (48,4%), Italia (42%) y Alemania (41,5%), de presión fiscal. Pero es que nuestro alejamiento es mayor según calculan los expertos en economía sumergida, porque la nuestra es la mayor de los grandes países europeos, incluso superior a la italiana. Además, si no tenemos en cuenta los activos y pasivos financieros [1], nuestro presupuesto de 354.225 millones del año 2018 (PGE) representaba el 29,46% sobre los 1.202.193 millones de PIB para ese mismo año, lo cual supone una distancia a la media europea de 12,24%, que representaría sobre el PIB del 2018 unos 147.000 millones de menos ingresos respecto a la media en la UE. Por supuesto que en estos 354.225 millones están incluidos los presupuestos de la Seguridad Social, a los que consideramos un impuesto más. Este es nuestro esqueleto, el de un hombre de tamaño medio que tuviera que competir con un jugador de baloncesto. Cuando se firman los famosos Pactos de la Moncloa (1977) nuestra presión fiscal era entonces del 25% y, en 43 años, solo hemos sido capaces de aumentar nuestro esqueleto fiscal realmente en apenas un 10 puntos [2]. Veamos por orden de importancia cuantitativa los problemas de la fiscalidad española que han dado lugar a la situación anterior.

El primero contempla la necesidad de la revisión a fondo de todas las desgravaciones, deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, porque el fisco deja de recaudar por estos motivos 51.529 millones (Ministerio de Hacienda, 2016). Y están en todos los impuestos, principalmente en de Sociedades, Patrimonio, IRPF de autónomos, pero también, por parte de las Comunidades –además de el de Patrimonio aludido–, los de Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones y Actos jurídicos documentados. Y puede ser considerado, además, elusión fiscal los menores tipos impositivos que algunas Comunidades Autónomas aplican en su tramo autonómico del IRPF, como es el caso de la C. de Madrid, campeona de la elusión fiscal. Y este caso es tan singular que podemos considerar que el principal paraíso fiscal de los obligados al pago en España no son Luxemburgo, Irlanda o algunas islas de ultramar, etc., sino esta comunidad que ahora dirige la Sra. Ayuso. Se estima que la C. de M. ha dejado de ingresar, merced a estos “regalos”, 48.000 millones desde el año 2004 al 2019, lo cual supone una media anual de 3.000 millones justos de euros no ingresados. Con este dinero se podría haber atendido mejor a las residencias y tener mejor dotados de medios a los hospitales madrileños y, como consecuencia, quizás el número de fallecidos hubiera sido menor. Del total de estos 48.000 millones, la parte del león de pérdida recaudatoria estaría en el impuesto de sucesiones y donaciones, con 32.610 millones en el período mencionado. No es casualidad que 400 de las 600 mayores fortunas de España están residiendo oficialmente en Madrid con el fin de eludir el pago de estos impuestos en la medida que el hecho imponible se corresponda con el lugar de residencia. Volviendo a lo que deja de recaudar el fisco en España, por desgravaciones son 24.444 millones en el IVA, 11.797 millones en IRPF y 6.001 millones en Sucesiones y Donaciones, por hablar de los más importantes (M. de Hacienda, 2016).

El segundo problema es nuestro fraude fiscal, además de la elusión fiscal ya comentada parcialmente. Aquí solo se pueden hacer estimaciones precisamente por la naturaleza del problema, pero hay acuerdo entre los expertos de que competimos con Italia y la ganamos en tamaño y no que estará por debajo de los 40.000 millones de deuda tributaria defraudada. Hay en paraísos fiscales 144.000 millones de euros. Las bolsas mayores de elusión fiscal –digamos, “fraude legal”–, están en las grandes empresas, especialmente en las tecnológicas multinacionales, que tienen tipos efectivos realmente ridículos [3], a pesar de las ganancias fuera de España. Siempre es sospechoso que las Google, Facebook, Vodafone, de turno tengan tan pocos beneficios en nuestra piel de toro y sigan, en cambio, persistiendo en su permanencia e, incluso, su expansión por estos lares. Veremos con detenimiento algo más del impuesto de sociedades donde se concentran algunas de las bolsas, tanto de elusión fiscal como de fraude. Hay también desde luego en el IRPF y en el IVA, ambas responsabilidad de los empresarios que, el caso de la renta, tienen que dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores y acometer las marcadas retenciones. También en la de los sufridos autónomos que, al menos en la declaración objetiva, no se corresponden sus ingresos con sus gastos en vivienda, chalets, automóviles de gama media, etc. Eso sí, con enormes diferencias entre los 3,2 millones de autónomos, muchos de los cuales son honrados trabajadores que, muchas veces, se ven obligados a explotarse a sí mismos. Y seguimos, porque hay que considerar que la tributación de la sicavs del 1% es una elusión fiscal vergonzosa por mucho que se considere la doble o triple tributación [4]. En este caso, si lo inversores consideran que tributan doblemente, pues que inviertan en otras cosas, a ser posible en bienes físicos, empresas y capital físico; cuando lo hacen, a pesar de esa doble o triple imposición, es porque les resulta rentable. Como dato diremos que algunos españoles, obligados al pago en Hacienda merced a su renta universal, en la regulación fiscal del PP del año 2013 –amnistía fiscal en realidad–, declararon tener en cuentas en el extranjero 15.000 millones, de los cuales 7.300 millones lo estaban en paraísos fiscales (Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria). Y la cosa no para, porque ahora viene la elusión fiscal. Según el economista Gabriel Zucman, premio Bernácer al mejor economista joven de Europa otorgado por el Observatorio del BCE, en el territorio español se dejan de declarar por parte de las grandes multinacionales unos 13.500 millones de euros, de los cuales se desvían a las empresas matrices o filiales 11.000 millones.

En el tema crucial de la inspección fiscal aún estamos lejos de la relación europea entre ingresos fiscales y número de inspectores, por lo que el aumento de estas plantillas parece obligado, pero también endurecer las leyes contra el fraude, porque los 120.000 euros actuales de deuda tributaria no liquidada para ser considerado delito parece que no disuade lo suficiente. Pero son las empresas y los grandes empresarios los grandes defraudadores o, al menos, los grandes elusionadores al fisco. Veamos unos datos sospechosos. En el año 2007 los empresarios declararon en el impuesto de sociedades 44.823 millones que se corresponden con los beneficios –y esto es muy importante– del año 2006; en cambio, al año siguiente, es decir, en el 2008 declararon por los beneficios del 2007 –aún no se había declarado la crisis– ¡solo 27.301 millones! Pero es que esta última cifra no fue superada nunca hasta pasado el año 2015, cuando la crisis había sido paliada aunque no llegáramos a la situación del 2007. La caída de la recaudación de este impuesto no se corresponde con la caída de cualquier índice que mida la recesión de este período y sabemos que, con las previsiones, provisiones y amortizaciones aceleradas, etc., se pueden hacer milagros contables que parezca que obtenemos menos ganancias de las reales. Y eso es así aunque siempre haya que defender que la solvencia de la empresa está por encima de la declaración de beneficios. Hacienda tendría que investigar este hecho por si hubiera habido dolo en el comportamiento fiscal de, sobre todo, las grandes empresas. Es cierto que 20 de las 35 empresas del IBEX están siendo investigadas, pero dudamos que lo sea por esta sospecha de dolo en el comportamiento tributario. También es verdad que jurídicamente estos presuntos hechos delictivos están prescritos [5], pero ello no aminora la necesidad de su conocimiento. Otro caso reseñable que afecta a toda la nación son las bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social, que se establecen, teóricamente, con el propósito de crear empleos pero con casi nulo resultado práctico. Por todo lo anterior parece obligado, como conclusión en lo que atañe a los plazos de prescripción de la deuda tributaria, que debe aumentarse ese tiempo a 10 años. E incluso, en algunos casos graves, llegar a la general de 30 años.

El tercer problema es nuestra economía sumergida. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), denuncia (Alternativas Económicas, n. 77) que España soporta una elevadísima economía sumergida que, con cautela y según diversos estudios, oscila entre el 15% y el 25% del PIB. Por otra parte, según GESTHA, el diferencial negativo de esta economía en España sobre la media europea representaría también un porcentaje muy alto [6], lo que resulta intolerable desde la razón, el sentido común y la justicia distributiva. Sin embargo, y a pesar de estas cifras, España invierte la mitad de los recursos que dedican los países de la UE y de la OCDE –contabilizados en términos medios– para perseguir delitos fiscales. Como dato diremos que la Agencia Tributaria emplea a un trabajador para hacer el seguimiento de 2.836 ciudadanos, mientras la media europea establece que un empleado controla menos de la mitad de esta cifra. Y ello con el agravante de que, hasta ahora, el trabajo de la Inspección fiscal se ha venido dedicando más a perseguir a los pequeños contribuyentes, cuando más del 70% de la bolsa de fraude corresponde a las grandes empresas (impuesto de Sociedades), fortunas y rentas muy altas. Como conclusión, la lucha contra el fraude y la economía sumergida es una imperiosa necesidad. Además, esta lucha resulta sumamente rentable en términos económicos y sociales. En el año 2018 Hacienda ingresó 15.089 millones de euros –15.700 millones en el año pasado– en esta tarea e incurrió en unos gastos de funcionamiento de 1.419 millones. Por lo tanto recaudó 10,6 euros por 1 euro invertido en combatir esta terrible lacra.

En cuarto lugar y, aunque se haya avanzado en la imposición directa (rentas, sociedades y patrimonio) sobre la indirecta (el IVA, tasas), desde la Transición, este avance se ve volcado entre los años 2012 y 2018 porque el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. Por ello UGT propone  equiparar las rentas del capital a las del trabajo, aumentar el IRPF a las rentas más altas –CC.OO. por su parte propone subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros–, establecer un mínimo en el impuesto de sociedades, evitar el dumping social entre CC.AA. y la confrontación de éstas con el Estado (patrimonio, sucesiones y donaciones) y revisar a fondo las desgravaciones, bonificaciones, exenciones y deducciones. También analizar la composición del IVA [7] y revisar también y en profundidad la tributación de las sicavs, socimes y ETVE. En cuanto a los tipos marginales, constatar que el tipo máximo marginal actual es del 45% pero, con la propuesta del Gobierno de coalición de subir 2 puntos porcentuales las rentas de más de 130.000 euros y 4 puntos a las que superen 300.000, va a ayudar a mejorar la progresividad del sistema, a pesar de que no sean actualmente los tipos marginales la causa principal de que los índices de Gini sitúen a España como el quinto país más desigual en el reparto de la renta de la UE después de Bulgaria, Lituania, Rumanía y Letonia.

Finalmente, y en quinto lugar, hay que abrir un amplio debate sobre nuevos impuestos especiales, establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental, impulsar un nuevo impuesto para las viviendas vacías, revisar en sus tipos la insuficiente recaudación que se avecina, tanto por el impuesto sobre las operaciones financieras (tasa Tobin) como la de la tasa Google (empresas tecnológicas) y trabajar en la armonización fiscal en la UE, tarea siempre pospuesta por este club, al que tememos más que pertenecemos.

La toma de impuestos a los ciudadanos debe ser suficiente para financiar el Estado de Bienestar, debe ser progresiva por imperativo constitucional pero, además, se puede demostrar –a partir de modelos macroeconómicos– que la distribución de los impuestos entre directos, indirectos y autonómicos de la renta y de la producción, puede ser decisivo para los efectos multiplicadores –o lo contrario– que debe tener el gasto en la producción a través de la propensión al consumo. En general, los impuestos más eficaces para estos efectos expansivos son los del Patrimonio y los de Sociedades puesto que menos relación tiene con la producción; en cambio, los más problemáticos para este fin serían los de la renta, transacciones e IVA. Y en una zona más ambigua quedaría las cotizaciones sociales, que afecta tanto a las posibles rentas de los trabajadores como a los costes de las empresas y, por ende, a sus ganancias. Para tener resultados concluyentes deben hacerse estudios de contrastación empírica –econométricos– a partir de modelos matemáticos desarrollados, teniendo en cuenta, no solo las variables tradicionales como el consumo, la inversión, el sector exterior o el gasto público, sino también la emisión neta de la deuda y los gastos en intereses y amortización de la misma.

En una democracia –y por la índole de los problemas mencionados– parece obligado a que, como primer paso, el Gobierno abra el diálogo con los partidos políticos y con todas las organizaciones representativas de la sociedad, encaminado a emprender una reforma fiscal audaz, ambiciosa, de recaudación justa y suficiente, que conecte con el sentir mayoritario de los ciudadanos, sobre todo con aquellos –la inmensa mayoría– que sus rentas y propiedades no son suficientes para vivir sin bienes públicos y ello les obliga a depender del Estado de Bienestar existente a pesar de su todavía reducido tamaño. No será nada fácil. Los poderes fácticos se van a oponer con todos los medios a su alcance, que no son pocos: sector financiero, medios de comunicación afines a las derechas, empresarios y grandes multinacionales. Los argumentos serán diversos, cuando no populistas y reaccionarios: desplome de las inversiones, cierre de empresas, boicot internacional a la tecnología y al conocimiento, penalización al ahorro, incremento de los aranceles, etc., aunque nada de eso haya ocurrido históricamente cuando hicieron reformas similares países como Francia, Alemania o Italia. Pero, en todo caso, con acuerdo o sin él, el Gobierno de izquierdas está obligado a acometer estas reformas so pena de ver de nuevo frustrada la posibilidad de situar a España en temas fiscales –y el consiguiente gasto público– a la altura de los tiempos y en el espacio europeo en que nos movemos.

Complementariamente con lo anterior, está la necesaria movilización social para mejorar los apoyos a esta defensa del Estado de Bienestar, su financiación suficiente y la búsqueda de soluciones para resolver los problemas derivados de la pandemia: sanitarios, económicos, sociales. La tarea es titánica y no se va a resolver con una sola ley ni con la reforma de uno o dos impuestos. Las fuerzas contrarias son enormes, con una derecha neoliberal y otra neofranquista, cuando ya las derechas europeas están revisando los planteamientos del solo mercado y el dogma de que cuanto menos Estado mejor. Pero las fuerzas a favor de la reforma son también importantes. No solo se trata de un mero deseo de justicia social de parte de la sociedad, sino también de la necesidad objetiva, imperiosa, de adecuar nuestros sistema tributario a los tiempos presentes para que el Estado tengo recursos para abordar problemas como los de esta pandemia, el cambio climático, mejorar imperiosamente la sanidad pública, la educación pública, de potenciar las prestaciones de la ley de la dependencia, el ingreso mínimo vital, de dotar al Estado de empresas públicas que, por los efectos externos del mercado, no satisfacen de modo adecuado el mercado –como ha sido el caso de los medios sanitarios– o la necesidad de abaratar la energía en un mercado de eléctricas oligopolístico, de atender los futuros pagos derivados del aumento de la deuda pública (intereses y amortizaciones), etc. El mundo cambia, las necesidades de los ciudadanos también, lo público es reclamado hasta por los que no les gusta pagar impuestos y nuestro sistema tributario sigue varado en el tiempo de la Transición. Hicimos la transición democrática, conquistamos derechos civiles y generalizamos prestaciones, pero nuestro sistema tributario sigue congelado y no es posible seguir aumentando la deuda pública en defensa del Estado de Bienestar que la mayoría desea y pide –ahora más que nunca– porque los ingresos del Estado son insuficientes, casi ridículos, injustos y con una carga defraudadora y elusiva insoportable. La tarea más difícil no es de técnica tributaria sino la de convencer a los ciudadanos que les interesa un Estado de Bienestar fuerte a cambio de tributar algo más y que los que votan a la derecha que están en un error, que votan contra sus intereses. Una reforma fiscal como la que se propone solo puede asustar algo al 10% más rica de la sociedad. La dificultad sociológica estriba en convencer que estos cambios les interesa al 90% restante, incluidos a los que votan a la derecha. Pero hay que cambiar o seguir con medio siglo de retraso en fiscalidad y en Estado de Bienestar.


LAS HORMIGAS ROJAS: Antonio Mora Plaza y Antón Saracibar; firman: Antonio Sánchez, Gabriel Moreno, Gregorio Benito, Juan Sotres, Manuel Sánchez, Ramón Utrera


[1] La parte que no representa gasto real o bien porque se renueva lo que se amortiza (pagos) con lo que se emite (ingresos).
[2] Y ello según como se valore la partida de activos y pasivos financieros de los presupuestos.
[3] En el 2014 el tipo efectivo de recaudación de las grandes empresas multinacionales era solo del 6,9%, según un informe de la Agencia Tributaria.
[4] Por sicavs, Sociedades e IRPF.
[5] Siempre que la Agencia Tributaria no hubiera mandado los requerimientos oportunos que mantenga viva la obligación de pago.
[6] Reducirla 10 puntos nos situaría en la media europea y recaudaría 38.500 millones de euros.
[7] Coca Cola y los refrescos edulcorantes cotizan a un IVA reducido, lo que resulta inexplicable, sobre todo  desde el punto de vista de la salud pública.

La fiscalidad española: una reforma inaplazable
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