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22 de noviembre de 2010, 9:09
NUEVATRIBUNA.ES 19.11.2010
El anuncio fue hecho este viernes por el vicepresidente primero del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Según explicó Alfredo Pérez Rubalcaba en rueda de prensa, el Ejecutivo quiere aprobar en la próxima primavera una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna para garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal a morir dignamente “que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea”, aseguró. El ministro precisó que no se trata de una ley de eutanasia y que la opinión pública entenderá porque “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que se va a regular”. Rubalcaba quiso ser aún más gráfico al decir: “Se produce cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal de aquí a que se muera, va a sufrir, y el familiar le dice al médico si no lo podemos evitar”.
Lo que se pretende regular ya es una práctica habitual entre la mayoría de los facultativos. Se trata, en términos médicos, de limitar el esfuerzo terapéutico para los pacientes terminales aliviando en lo que se pueda el dolor aún a pesar de que eso puede acortar el tiempo de vida. Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley similar. Fue el pasado mes de marzo cuando el parlamento andaluz aprobó por unanimidad (el PP solo se opuso a tres artículos de la normativa) una ley de muerte digna. Lo mismo harán Aragón y Navarra.
“El Estado tiene que homogeneizar para que se garantice este derecho en todas las comunidades autónomas”, asegura Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, quien ha valorado de manera “muy positiva” la iniciativa del Gobierno. Este doctor, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés fue revelado en 2005 tras las denuncias por supuesta mala praxis en las sedaciones a pacientes terminales. La acusación hablaba de 400 homicidios. El Gobierno de Esperanza Aguirre inició una caza de brujas abriéndose un proceso que terminó siendo archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia eliminaba toda referencia a la existencia de una mala práctica médica, dando así la razón a los facultativos.
La nueva ley anunciada por el Gobierno tomará como referencia la legislación francesa en la materia, “una excelente regulación” en palabras de Rubalcaba. El vicepresidente del Gobierno insistió que no se trata de eutanasia porque ésta “es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera decide morirse”. La normativa garantizará el derecho de los pacientes, pero también de los familiares y de los médicos: “Hoy la medicina tiene mecanismos para que la muerte que es inevitable se produzca dignamente, es decir sin sufrimiento y sin dolor para el paciente y sus familiares”, explicó.
Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) “una ley de muerte digna es absolutamente necesaria en estos momentos, ya que es importante que se garantice esta cobertura por ley y que se asegure que las comunidades autónomas la cumplan, ya que en muchas comunidades el criterio ideológico de sus dirigentes dificulta el acceso a estos cuidados”, dijo su portavoz Marciano Sánchez Bayle, quien también destacó el “retroceso importante” que se ha dado en este campo tras el caso de las sedaciones en el Severo Ochoa.
No obstante, el debate sobre la eutanasia sigue pendiente. El PSOE incluyó en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria para estudiar este asunto. Pocos años antes, en 1998, Ramón Sampedro, un tetrapléjico postrado en una cama desde los 25 años de edad, se quitó la vida con la ayuda de su novia, que no pudo ser juzgada por falta de pruebas.
La eutanasia activa está despenalizada en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, pero el debate llega regularmente a las instituciones europeas, que apelan de forma reiterada a la exclusiva competencia de los Estados miembros en estos temas éticos. Aquí en España, siempre se ha topado con la férrea oposición de los grupos ultracatólicos y del PP.
El anuncio fue hecho este viernes por el vicepresidente primero del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Según explicó Alfredo Pérez Rubalcaba en rueda de prensa, el Ejecutivo quiere aprobar en la próxima primavera una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna para garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal a morir dignamente “que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea”, aseguró. El ministro precisó que no se trata de una ley de eutanasia y que la opinión pública entenderá porque “casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que se va a regular”. Rubalcaba quiso ser aún más gráfico al decir: “Se produce cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal de aquí a que se muera, va a sufrir, y el familiar le dice al médico si no lo podemos evitar”.
Lo que se pretende regular ya es una práctica habitual entre la mayoría de los facultativos. Se trata, en términos médicos, de limitar el esfuerzo terapéutico para los pacientes terminales aliviando en lo que se pueda el dolor aún a pesar de que eso puede acortar el tiempo de vida. Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley similar. Fue el pasado mes de marzo cuando el parlamento andaluz aprobó por unanimidad (el PP solo se opuso a tres artículos de la normativa) una ley de muerte digna. Lo mismo harán Aragón y Navarra.
“El Estado tiene que homogeneizar para que se garantice este derecho en todas las comunidades autónomas”, asegura Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, quien ha valorado de manera “muy positiva” la iniciativa del Gobierno. Este doctor, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés fue revelado en 2005 tras las denuncias por supuesta mala praxis en las sedaciones a pacientes terminales. La acusación hablaba de 400 homicidios. El Gobierno de Esperanza Aguirre inició una caza de brujas abriéndose un proceso que terminó siendo archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia eliminaba toda referencia a la existencia de una mala práctica médica, dando así la razón a los facultativos.
La nueva ley anunciada por el Gobierno tomará como referencia la legislación francesa en la materia, “una excelente regulación” en palabras de Rubalcaba. El vicepresidente del Gobierno insistió que no se trata de eutanasia porque ésta “es una decisión de alguien que sencillamente por la razón que quiera decide morirse”. La normativa garantizará el derecho de los pacientes, pero también de los familiares y de los médicos: “Hoy la medicina tiene mecanismos para que la muerte que es inevitable se produzca dignamente, es decir sin sufrimiento y sin dolor para el paciente y sus familiares”, explicó.
Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) “una ley de muerte digna es absolutamente necesaria en estos momentos, ya que es importante que se garantice esta cobertura por ley y que se asegure que las comunidades autónomas la cumplan, ya que en muchas comunidades el criterio ideológico de sus dirigentes dificulta el acceso a estos cuidados”, dijo su portavoz Marciano Sánchez Bayle, quien también destacó el “retroceso importante” que se ha dado en este campo tras el caso de las sedaciones en el Severo Ochoa.
No obstante, el debate sobre la eutanasia sigue pendiente. El PSOE incluyó en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria para estudiar este asunto. Pocos años antes, en 1998, Ramón Sampedro, un tetrapléjico postrado en una cama desde los 25 años de edad, se quitó la vida con la ayuda de su novia, que no pudo ser juzgada por falta de pruebas.
La eutanasia activa está despenalizada en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, pero el debate llega regularmente a las instituciones europeas, que apelan de forma reiterada a la exclusiva competencia de los Estados miembros en estos temas éticos. Aquí en España, siempre se ha topado con la férrea oposición de los grupos ultracatólicos y del PP.
