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Con la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 y la celebración de elecciones generales el 28 de junio, se inicia un proceso constituyente, con lo que el Estado republicano quedaría legitimado democráticamente. Fue entonces cuando se acometieron las reformas que iban a modernizar las estructuras de la sociedad española, aunque los intereses creados de la derecha lo impidieron; primero con las contrarreformas abordadas durante el llamado bienio radical-cedista (1934-1936), después con el golpe de Estado del 18 de julio, la guerra y la dictadura franquista.
El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones generales a Cortes Constituyentes, que elegirían a 470 diputados. El decreto de convocatoria, estableció que las Cortes estarían compuestas por una sola Cámara, elegida por sufragio universal masculino (la mayoría de edad se redujo de 25 a 23 años). Se reformó el sistema electoral en el que la candidatura mayoritaria obtenía el 80% de los escaños a elegir, siempre que hubiese obtenido el 20% de los votos emitidos; el 20% de escaños restantes se les adjudicaba a las minorías. Provincias y ciudades se constituyeron como circunscripciones electorales, eliminando el sistema característico en la Restauración.
La derecha en España ha dominado históricamente los resortes del Estado. Desde el fin de la guerra en 1939 –provocada por ellos para defender sus intereses– hasta hoy, no ha dejado de estar en el poder
Se enfrentaron dos grupos ideológicos de presión: la Conjunción republicano-socialista, contra la derecha monárquica y antirrepublicana que concurrieron divididos. Las elecciones dieron un triunfo rotundo a la Conjunción, quedando el Congreso constituido en torno al Partido Socialista Obrero Español (115 escaños) y al Partido Radical Socialista (61). El Partido Radical Republicano obtuvo 90; la Derecha Liberal Republicana 25 y Acción Republicana de Manuel Azaña 26 escaños.
Era necesario aprobar una nueva ley de leyes republicana y democrática, que identificara al nuevo régimen surgido de las urnas y por la voluntad popular. Tras acalorados debates y tras la dimisión de Alcalá Zamora, las Cortes Constituyentes aprobaron el 9 de diciembre la Constitución de la Segunda República, que fue la más avanzada de su tiempo, siendo Presidente de las Cortes, Julián Besteiro. La Constitución recogió las ilusiones colectivas que suscitó el cambio de régimen político en España. La República y la Constitución fueron la consecuencia inevitable de la dictadura agotada de Primo de Rivera y la monarquía borbónica.
Declaraba la Constitución que todos los españoles son iguales ante la ley; el estado español no tiene religión oficial, y estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Se reconoce el castellano como idioma oficial de la República, que todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
El programa de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de conflictos.
La Constitución de 1931 fue la primera en plantear el principio de igualdad entre los sexos. En el artículo segundo se reconoce que todos los españoles (y españolas) son iguales ante la ley. El artículo 36 planteó el derecho de voto: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. El artículo 53 reconoce el derecho, tanto a hombres como a mujeres, a ser elegidos diputados. El 25, afirmaba que no se aceptaban privilegios jurídicos por razones de sexo. El artículo 43 otorgaba la igualdad de derechos para hombre y mujer en el matrimonio y anulaba el concepto de ilegitimidad en los hijos naturales. Por último los artículos 33 y 40 relacionaban el mundo laboral y la mujer, afirmando la libertad de elección laboral y que todos los nacionales son admisibles en los empleos sin distinción de sexo.
La Constitución reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de libre residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza. Se suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos.
A principios de 1936, el descrédito del partido en el gobierno de Lerroux, sus escándalos del estraperlo y la desconfianza hacia Gil-Robles, llevan a la disolución de las Cortes. El 16 de febrero se celebran elecciones y vuelven a concurrir dos bloques ideológicos irreconciliables. El Frente Popular, formado por la izquierda republicana y los partidos obreros, ganan las elecciones. Cesa Alcalá Zamora como presidente de la República y es sustituido por Manuel Azaña, quién encarga a Casares Quiroga formar gobierno. El nuevo gabinete reinicia la acción reformista: amnistía para los represaliados de octubre del 34; restablecimiento del Estatuto catalán; alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo; reanudación de la reforma agraria; y tramitación del estatuto de Galicia.
A lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la libertad, como acto contrario a la dominación
El programa de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de conflictos.
Largo Caballero, como ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral, que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, se organizó la negociación colectiva, y los Jurados Mixtos, con facultad de arbitraje vinculante. Se estableció la Inspección de Trabajo, se impulsaron los seguros sociales, se amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero, que llegó a beneficiar a más de cinco millones de trabajadores.
El Gobierno reformó el sistema educativo, adaptándolo al modelo que la Constitución establecía, basado en la escuela única, pública, obligatoria y gratuita, y estableció la enseñanza mixta. La eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas, provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica. Entre 1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros, con mejores salarios.
La reforma del ejército fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el número de unidades militares, modernizar la dotación de material y la mejor formación de sus mandos. Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y se reformó la Academia Militar de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y tradicionalista. Se derogó la ley de jurisdicciones, que identificaba los delitos contra el Ejército, como delitos contra la patria, bajo la jurisdicción militar.
El gobierno radical-cedista entre 1933 y 1936, presidido por Lerroux, y sostenido por la derecha católica de la CEDA de Gil Robles, derogó la mayoría de las medidas anteriores. Aprobó la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria; paralizó la reforma militar, amnistió a los golpistas de la sanjurjada y designó, para los puestos claves, a Franco, Goded o Mola; se concilió con la iglesia e inició la negociación con el Vaticano; paralizó el programa de construcciones escolares y anuló la enseñanza mixta.
El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las últimas elecciones que se celebrarían durante la Segunda República antes del golpe de Estado militar y fascista. No se celebraron otras en libertad hasta el 15 de junio de 1977. El Frente Popular constituía una nueva fórmula de alianza de las fuerzas de la izquierda, tras las derrotas sufridas en Europa y la llegada de Hitler al poder.
La derecha en España ha dominado históricamente los resortes del Estado. Desde el fin de la guerra en 1939 –provocada por ellos para defender sus intereses– hasta hoy, no ha dejado de estar en el poder. Controló la Transición a la democracia y pese a lo que pudiera parecer, se mantuvo en el poder económico durante los gobiernos socialistas. Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo contrarreformitas, ejerciendo el poder para beneficio de sus propios intereses, muy alejados de los de la mayoría trabajadora.
El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las últimas elecciones que se celebrarían durante la Segunda República antes del golpe de Estado militar y fascista
A lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la libertad, como acto contrario a la dominación. Se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y todos iguales ante ella; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana, como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia, como oposición a la corrupción política.
