Artículo 14 de la Constitución española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Es muy claro. Pero, por el tema que voy a relatar a continuación observamos un incumplimiento manifiesto.
Me estoy refiriendo a los numerosos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos en la Iglesia Católica hasta ahora impunes. El testimonio del escritor y ganador del Premio Nadal de 2018, Alejando Palomas, en la Cadena Ser fue estremecedor, al denunciar los abusos sexuales, que sufrió cuando era niño a manos de un religioso. Ya en noviembre de 2021, a través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, la Iglesia católica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, una postura inquietante en un país, en el que un millón y medio de niños estudian en escuelas concertadas de dicha confesión.
En febrero de 2022, la Iglesia católica española señaló que encargaría una auditoría sobre los abusos sexuales de menores, a un bufete de abogados, Cremades&Calvo Sotelo. José Luis Pérez, Portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra se quejó: “No me inspira ninguna confianza, porque es como meter al zorro a cuidar las gallinas, no le doy credibilidad”.
Luego se encargó al Defensor del Pueblo una investigación al respecto. La Fiscalía General del Estado ordenó en enero de 2022 a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitieran en un plazo de 10 días todos los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. Y se ha convertido en lamentable actualidad la escasa colaboración por parte de la Iglesia católica con la Fiscalía, ya que solo el 40% de las 70 diócesis le han enviado datos sobre los casos de abusos sexuales a menores en el seno de Iglesia. El resto han remitido una respuesta modelo.
En una reciente entrevista en la Cadena SER, Alejandro Palomas: “Cuando escucho al ministro Bolaños hablar del compromiso del Gobierno con las víctimas, no puedo evitar mi enfado”. "Este señor miente. Las medidas que tomó el Gobierno no eran las adecuadas. Está dejando pasar el tiempo". En su opinión, "no existe voluntad política" para que se esclarezcan estos abusos: "Hay algo aquí que no interesa y siguen tratándonos por idiotas, pero no solo a las victimas, a todos", sentencia. Palomas cree que la queja de la Fiscalía, como si no pudiera hacer nada más, también es falsa: "No es no podemos hacer más, es no queremos hacer más. Esa es la diferencia. Todos los poderes fácticos que podrían hacer más no lo hacen. Ya lo dije hace tiempo, vivimos bajo un paraguas que se llama Iglesia Católica, bajo la que hemos vivido y nos ha puesto ese manto durante muchos años".
Este posicionamiento lamentable contrasta con el reconocimiento que el papa Francisco ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, con su llamada a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas.
En Francia la Iglesia católica reconoció la responsabilidad institucional y la dimensión sistémica de los ataques; ya que se vieron sometidos a abusos unas 300.000 personas por parte de unos 3.200 religiosos en los últimos 60 años. En Alemania, la Iglesia financió un estudió que halló 3. 677 casos entre 1946 y 2014, y en Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes de los abusos.
Esclarecer y castigar estos delitos no es de derechas ni de izquierda. Es una cuestión de dignidad. Una sociedad que se respete a sí misma, no puede permanecer pasiva ante unos hechos tan vergonzosos
En el caso de Francia la actuación fue realmente ejemplar a la hora de abordar estos abusos sexuales por parte de clérigos católicos. El Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric Moulins-Beaufort reconoció su responsabilidad institucional, y su culpabilidad por falta de control interno y el haber cerrado los ojos ante el problema. Por ello, afirma que es un deber de justicia una reparación. El episcopado francés, reunido en el santuario de Lourdes, un lugar emblemático para el catolicismo francés, declaró que venderán bienes mobiliarios e inmobiliarios de las diócesis, y si es necesario, se solicitarán préstamos para hacer las indemnizaciones que sean precisas.
En Portugal, al menos 5.000 menores fueron objeto de abusos por sacerdotes que se aprovecharon del silencio de las víctimas y de la “cultura de la ocultación” de la jerarquía católica en Portugal. Estas son las principales conclusiones del informe presentado ahora mismo en Lisboa por la Comisión Independiente creada por la Conferencia Episcopal de Portugal a finales de 2021, formada por seis expertos psicólogos, sociólogos, juristas y una cineasta, liderada por el psiquiatra infantil Pedro Strech que durante un año ha estado investigando los abusos ocurridos en el seno de la Iglesia católica lusa desde 1950. El informe -de unas 500 páginas- confirma que Portugal no fue una excepción y que, como en países vecinos, los abusos fueron una práctica durante años, en especial entre las décadas de 1960 a 1990. “Hubo una cultura de la ocultación” en la Iglesia durante décadas, denunció uno de los miembros de la comisión.
En este tema España es diferente. Es el poso de nuestra historia. ¿La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar estos delitos sexuales está relacionada con su enorme poder económico e influencia política, mediática y social de que disfruta? No hay que olvidar que en España la Iglesia católica ha gozado siempre de grandes privilegios en la dictadura y también la democracia ha sido muy generosa con ella, estando fuertemente subvencionada por el Estado.
Según Europa Laica, el pago de salarios y costos sociales de las 19.000 personas que imparten religión en los centros educativos asciende a 600 millones de euros anuales; si añadimos todas las subvenciones y exenciones fiscales, el aporte estatal asciende a 11.000 millones de euros al año, más de 1% del producto interno bruto. La persistencia de estos subsidios, su arrogancia y displicencia ante el sufrimiento de las víctimas de abuso sexual, y la pasividad de las autoridades políticas –hasta ahora– y judiciales, nos retrotraen a tiempos pasados de triste recuerdo.
Quizá piensa la Iglesia y sus más acérrimos fieles que lo suyo son cuestiones divinas, que se resuelven o se dirimen en el terreo de la espiritualidad. Las violaciones en las iglesias, en los colegios, en las instituciones eclesiásticas son tan delito como lo son fuera del ámbito de la Iglesia, y deben someterse al Código Penal. Luego la Iglesia podrá decidir si es pecado, si los abusadores tienen que ir al cielo o al infierno, allá ella, pero eso no es óbice para que tengan que responder ante la justicia. Y no se puede olvidar el delito de encubrimiento. Por ello, son tan responsables de los casos de pederastia los que los cometen como los que los encubren y los silencian, y la Iglesia tiene ya una larga trayectoria de silencio.
Esclarecer y castigar estos delitos no es de derechas ni de izquierda. Es una cuestión de dignidad. Una sociedad que se respete a sí misma, no puede permanecer pasiva ante unos hechos tan vergonzosos. Esto no es un tema de católicos o del catolicismo, no. Creo que los católicos deberían ser los primeros interesados en descubrir lo que ha pasado y, además, en quitar esa losa de encima a la propia Iglesia. Por otra parte, sorprende que toda la derecha mediática, política y sociológica que se escandaliza por las rebajas de penas y las excarcelaciones por los delitos sexuales con determinada interpretación de la Ley del Sí es Sí, ni se inmuta ante los abusos sexuales con menores por parte de religiosos católicos.
Para ver en qué situación esta el tema en cuestión, expondré algunos antecedentes. Hubo una comparecencia en el Congreso de los Diputados de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, el 20 de junio de 2022 para informar sobre la elaboración del informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y el papel de los poderes públicos, que le ha sido encomendado por el Congreso de los Diputados. Merece la pena su lectura y podemos observar la postura de las fuerzas de la derecha sobre el tema.
Por el Grupo Parlamentario VOX tomó la palabra el diputado don Julio Utrilla. Y esto es lo más destacado. “Aquí hay dos formas de enfocar todo esto. Hay una parte judicial, evidentemente, y todos los organismos judiciales del país deben actuar para —como he dicho— que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han cometido estos abusos. Y también hay una parte política, que yo creo que es en la que estamos aquí, en hacer esta reflexión. No obstante, llama la atención que el Congreso de los Diputados le encargue esto a usted, cuando en el artículo 54 de la Constitución se recoge que el Defensor del Pueblo se encarga de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a las administraciones del Estado, y la Iglesia no lo es”. …Creo, señor defensor, que estamos perdiendo una oportunidad de que su organismo muestre su independencia y sea capaz de salirse de la senda que su predecesor marcó, quien claramente estuvo vinculado al Gobierno y fue defensor de todas sus decisiones. Salió en defensa de las decisiones de Gobierno en muchísimos casos, y recuerdo especialmente el de la no vacunación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, sobre lo cual no actuó de oficio, y recuerdo los estados de alarma, cuando tampoco lo hizo a pesar de la innumerable cantidad de personas —un récord histórico— que se dirigieron a su institución. Sinceramente, creo que esta era una ocasión para haber puesto de acuerdo a todo el mundo y actuar —usted lo puede hacer de oficio— en contra de los abusos a menores en todos los organismos del Estado; no solo en la Iglesia, sino en todos los ámbitos, como los educativos, y en todos los organismos donde se trate con menores y adolescentes. Aunque no sé si usted o todos nosotros habríamos puesto a todo el mundo de acuerdo, porque la realidad es que la izquierda de este país tanto en el Congreso, como en las Cortes Valencianas, como en el Parlamento balear se ha negado a investigar los abusos a menores en comisiones; en el caso de Valencia, los del exmarido de la señora Oltra, y en Baleares, respecto a la prostitución de menores tuteladas, y, sinceramente, lamentamos que sea así. Ellos aplauden esta investigación a la Iglesia, pero, cuando llega el momento, se niegan a hacerlo de otras instituciones…”
Pablo Calvo de Vox dijo: “Una comisión para perseguir a una etnia o religión está fuera del Estado de derecho y la Constitución. El acuerdo discrimina a todos los católicos, lo que vulnera el derecho recogido en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 9.3, que impide a los poderes públicos tomar decisiones arbitrarias y sin motivos suficientes, lo que ha traído como consecuencia el primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presentado por una organización el pasado viernes, 17 de junio”.
En nombre y representación del Grupo Parlamentario Popular, tomó la palabra el diputado Celso Delgado: “La Iglesia católica no ha permanecido de brazos cruzados con relación a este problema, y no lo ha hecho con relación al surgimiento de esta comisión. Lleva muchos años luchando contra esta lacra desde distintos ámbitos, y lo ha reforzado porque es la primera interesada en que estos hechos execrables no se produzcan. En su ámbito ha iniciado actuaciones muy importantes desde el Vaticano, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero también desde España. Frente a aquellos que intentan mencionar una desidia por parte de la Iglesia, nada más lejos de la realidad, porque en España ya hay nada nada menos que 202 oficinas, entre diócesis y las diferentes congregaciones de una iglesia que es muy amplia y muy heterogénea, que están trabajando en ello. Muchas de esas congregaciones tienen oficinas en diferentes lugares del territorio nacional y cuentan con algunas experiencias. Así, me alegra ver que, por ejemplo, uno de esos expertos ha sido incluido en la comisión, precisamente de la Archidiócesis de Madrid, con el proyecto Repara, mediante el que se está atendiendo a las víctimas de estos abusos desde la perspectiva de una justicia restaurativa, con escucha activa a las víctimas y en condiciones de respeto y galantismo para la víctima pero también para el acusado, para el victimario, haciendo valer la presunción de inocencia, que, desde luego, todos los que creemos en el mundo del derecho siempre hemos de tener presente. Creemos que es también de valorar —se ha dicho en la última intervención— la hoja de encargo, la auditoría que la Conferencia Episcopal Española ha pedido a uno de los bufetes más prestigiosos de este país para que en el plazo de doce meses haga un mapa sobre cuál es la realidad en nuestro país, se investigue y se escuche a las víctimas. Creemos que esto acredita que la Iglesia católica está en una situación de colaboración activa”. .
¿En qué situación está ese Informe del Defensor del Pueblo? Vamos a verlo.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, advirtió el pasado 13 de marzo de 2023 al Parlamento que la investigación de los abusos en la Iglesia católica llevará “años”. “Espero que no sea el Defensor del Pueblo quien haga este trabajo” y remarcó que una vez que haga el informe que le ha encargado el Congreso “dé los pasos” para “proseguir, si así lo considera”.
Así lo dijo a la prensa tras presentar en el Congreso el Informe anual 2022 y remarcó que “antes de que dejen de ser diputados hay que contarles hasta dónde hemos llegado, el estado de la cuestión”, pues entiende que el encargo que ha recibido para investigar estos casos “sigue estando en vigor aunque se celebren elecciones”.
“En ese mismo informe se señala que necesitaríamos más tiempo para hacer más cosas”, prosiguió. También avanzó que en la redacción se recogerán las tres condiciones que se les ha solicitado desde la sede parlamentaria, para delimitar hechos y dirimir responsabilidades, que se busquen elementos de reparación y se adopten medidas para que no haya más abusos, enumeró.
“Si después de eso el nuevo Parlamento insiste, estamos dispuestos, seguiremos los años que haga falta. Con más años se puede hacer mejor”, agregó.
Durante su comparecencia ante los medios, Gabilondo repasó que ha pedido colaboración a la Conferencia Episcopal Española, a través de su presidente y secretario general, quienes trasladaron su colaboración, pero no su participación; el Defensor también ha remitido “un par de folios” a las 70 diócesis españolas en las que señala lo importante que es su colaboración con la investigación encomendada por el Congreso.
Por ahora hay pocos, pero habrá más”, dijo en referencia los casos que han trasladado las provincias eclesiásticas, algunas de las cuales “han empezado a contestar”. En este punto, remarcó, que en su informe, el Defensor dirá a los parlamentarios y a la opinión pública “la información que tenga y quiénes no la ha dado”.
El Defensor también confirmó los diferentes encuentros que ha mantenido con la Conferencia de Religiosos (Confer) y las cinco instituciones religiosas que tienen más casos; y con Escuelas Católicas, que aglutina a 2.000 colegios. “Nos han dado un documento sobre reparación y medidas, pero yo quiero también acercarme a hechos y dirimir responsabilidades”, dijo. Asimismo, añadió que la institución también se ha encontrado con el decano del Tribunal de la Rota.
Todos están en un proceso”, añadió. “Es el momento de los hechos, ver hasta dónde llega la colaboración para que la sociedad sepa cuál es el nivel de colaboración”, que por su “percepción” Gabilondo piensa que alguna de las 70 diócesis españolas no colaborarán esclarecer los casos de abusos sexuales”.
