viernes. 29.03.2024

ibar2El único español sobre el que pesa una condena de muerte en el mundo se someterá a un nuevo juicio en Florida (Estados Unidos) en el plazo de un año. Después de pasar 22 años preso, 15 de ellos en el corredor de la muerte, Pablo Ibar, se enfrenta a un nuevo, largo y costoso proceso judicial con la esperanza de salir absuelto. La Asociación que lleva su nombre ha iniciado una campaña de recogida de fondos para costear su defensa que incluye un crowdfunding y un flashmob que se lanzará en las próximas semanas. El portavoz de la asociación, Andrés Krakenberger, también se ha reunido en los últimos días con representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y con los grupos parlamentarios en el Congreso. El objetivo: lograr reunir los 500.000 euros que faltan para cubrir los gastos del proceso y para que Ibar tenga por fin un “juicio justo”.

"Yo no era ningún santo, pero tampoco un asesino"

Los conocidos como los ‘crímenes de Miramar’, en el estado de Florida, ocurrieron el 26 de junio 1994. Dos sujetos entraron en la casa de Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno y acabaron con su vida y la de dos de sus bailarinas Sharon Anderson y Marie Rodgers. Los hechos quedaron grabados por una cámara de vídeo instalada en la vivienda. Por aquel entonces, en la otra punta de Miami, el joven Pablo Ibar, de 22 años, flirteaba con una chica puertorriqueña, Tanya Quiñones, su actual esposa, y trapicheaba con drogas, causa por la cual fue detenido, junto con Seth Peñalver, dos semanas después, en el marco de una investigación por robo y que le llevó a confesar en más de una entrevista realizada entre rejas que, aunque él no era “ningún santo”, tampoco “era un asesino”. En la comisaría, un agente le identifica como el sujeto del vídeo grabado en Miramar, una imagen borrosa que siempre ha permanecido como prueba nuclear de su inculpación junto al testimonio de Gary Foy, que, tras el anuncio de recompensa promulgada por las autoridades de Miami para recabar pruebas de cualquier testigo, identifica a Ibar como uno de los ocupantes del vehículo con el que los dos atacantes huyeron de la escena del crimen. Gary Foy se encontraba dentro de su propio auto, de lunas tintadas, delante del Mercedes que conducían los asaltantes y coincidió con ellos en un semáforo, por espacio de 17 segundos.

Con estas pruebas, Pablo Ibar y Seth Peñalver fueron condenados a muerte el 28 de agosto de 2000. Ibar no saldría del corredor de la muerte hasta el verano de 2016 tras la decisión del Tribunal Supremo de Florida de celebrar un nuevo juicio.

Unas pruebas poco concluyentes

Pese al fallo del Supremo, el Estado de Florida ha vuelto a solicitar la pena de muerte para Ibar

Tras un largo periplo judicial, el 4 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo de Florida se pronuncia sobre la última apelación formulada por la defensa de Ibar declarando que “no podemos tener y no tenemos confianza en el resultado de este juicio [se refieren al juicio en el que fue condenado a muerte]. En consecuencia, revocamos la denegación por el tribunal de primera instancia de recurso poscondenatorio y ordenamos la celebración de un nuevo juicio”. En consecuencia, el Alto Tribunal revocó la pena de muerte a Ibar, ordenando la repetición de juicio, al entender que las pruebas que le incriminaban no fueron concluyentes. Utilizando los mismos argumentos que la defensa de Ibar, Seth Peñalver fue absuelto en 2012 por un jurado popular que consideró que no había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. (La gran diferencia con Ibar es que el otro asaltante iba tapado con gafas y gorra y apenas se le ve en el vídeo, de ahí la imposibilidad de relacionarlo con Peñalver).

Según la defensa de Ibar “no hay ninguna prueba física incriminatoria”. Ninguna de las pruebas halladas en el lugar del crimen inculpaban ni a Ibar ni a Peñalver. Ni las huellas encontradas en la casa ni el ADN que se encontró en la camiseta que dejó tirada uno de los presuntos asesinos. En el coche de Peñalver tampoco había rastros de sangre. En cuanto a la grabación del vídeo, es una cinta en blanco y negro y de muy poca resolución, las imágenes “carecen de la calidad necesaria para realizar una identificación”, según señaló Raymond Evans, experto en reconocimiento facial de la Universidad de Manchester (Reino Unido). La identificación de Gary Foy es desmontada también por Ronald Fisher, profesor de psicología de la Universidad Internacional de Florida por la manera en que se lleva a cabo el reconocimiento en las fotos y en la rueda de reconocimiento. A todo esto se une la situación por la que pasaba el primer letrado de oficio que le asistió en 1999, Kayo Morgan, detenido durante la instrucción por agredir a su pareja y con otros problemas personales, hasta el punto que Ibar presentó una moción de cese del letrado que fue denegada.

“El Tribunal Supremo de Florida decidió el 4 de febrero de 2016 anular la condena de muerte porque tuvo una defensa letrada ineficaz y, precisamente porque tuvo una defensa letrada ineficaz, fue condenado a muerte -palabras textuales del Tribunal-, con pruebas escasas y débiles que son básicamente el vídeo y un testimonio que es harto dudoso”, subraya en declaraciones a este periódico Andrés Krakenberger, a su vez expresidente de Amnistía Internacional Sección Española.

Pese a este fallo, el Estado de Florida volvió a notificar en junio de 2016 (con los mismos argumentos que el Tribunal Supremo no da por válidos) su intención de solicitar la pena de muerte. Pablo Ibar tiene en la actualidad 42 años. Lleva en la cárcel desde 1994 y permaneció en el corredor de la muerte desde el año 2000 hasta 2016.

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Campaña para recabar fondos

Se prevé que el nuevo juicio a Ibar se celebre durante el primer trimestre de 2018

Según explica a este periódico Krakenberger, distintas administraciones públicas han venido ayudando económicamente a Pablo Ibar y su familia. Durante la legislatura de Ibarretxe, el Gobierno vasco aprobó partidas anuales para españoles que afrontaban condenas a muerte por un valor de 100.000 euros. Con Patxi López subió hasta los 125.000 euros al año, que fueron destinados en la práctica totalidad al caso Ibar. Con el Gobierno de Zapatero, se destinó, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, 35.000 euros anuales. Hubo también una tercera vía de financiación, de la Diputación Foral de Guipúzcoa (por ser Pablo de origen guipuzcoano) que empezó aportando 15.000 euros para pasar después, debido a la crisis, a los 8.000.

Pero ahora “hay que apretar el acelerador”, inquiere Krakenberger, de ahí que se haya puesto en contacto con los grupos parlamentarios para incluir alguna partida en los PGE. El nuevo juicio cuesta 1.200.000 euros, de los cuales ya se ha recaudado alrededor del 57%. La Asociación Pablo Ibar (desde su web ya se pueden realizar donaciones) lanzará una campaña de crowdfunding, bajo el lema “Pablo Ibar, juicio justo”, que arrancará con un flashmob realizado en Vitoria con la ayuda de la Escuela de Música Jesús Guridi y en el que participarán alumnos y profesores de la escuela, además de amigos y familiares.

La semana pasada, Krakenberger se reunió con el tercer teniente de Alcalde del ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, y con Enrique Ruiz Escudero, viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. Entre algunos de los actos previstos para dar visibilidad al ‘caso Ibar’, se valora la posibilidad de que el padre de Pablo, Cándido, viaje a Madrid para participar en una serie de conferencias. También se aprovechará la celebración, el 10 de octubre, del Día Internacional contra la Pena de Muerte, con las acciones que llevarán a cabo la red de “Ciudades por la Vida”, impulsada por Amnistía Internacional y a la que pertenece Madrid.

Se prevé que el nuevo juicio a Ibar se celebre durante el primer trimestre de 2018. La familia, esperanzada, confía en su absolución.

El español Pablo Ibar: media vida bajo la amenaza de pena de muerte