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lunes. 26.09.2022
Colegio Madrid

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de “engordar” el negocio privado de la educación en Madrid con 43,5 millones de dinero público -que es la cantidad que va a transvasar a los centros privados el próximo curso escolar a través de las becas para bachillerato- al tiempo que “debilita intencionadamente” la enseñanza pública.

“Si hay algo que se le da bien a la derecha cuando gobierna es utilizar el patrimonio y los fondos de toda la ciudadanía para favorecer a las empresas privadas, siempre a costa de debilitar y abandonar los servicios públicos. Madrid es el mejor ejemplo de esta política, como tan claramente estamos viendo, y la educación pública es la gran perjudicada”, ha declarado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

El sindicato exige al Gobierno regional que destine ese presupuesto a mejorar la enseñanza pública y le recuerda que con la cantidad que está dedicando a becas para estudios privados se podrían construir en la Comunidad de Madrid cinco institutos de 600 plazas cada uno. “Estos 43 millones”, subraya Galvín, “es una cantidad muy superior a la que se destina en el Presupuesto de 2022 para inversiones de obra nueva o reposición en educación secundaria, y deja muy claro el modelo de educación que defiende la Comunidad de Madrid: una educación que usa el sistema público de becas para reforzar el negocio educativo privado, y por el camino acabar con la igualdad de oportunidades”.

CCOO calcula que con la cantidad que Ayuso dedica a subvencionar estudios privados se podrían construir en la  Comunidad de Madrid cinco institutos públicos de 600 plazas cada uno

Además, todo esto sucede mientras se reduce la oferta de plazas públicas en Institutos, ya que la Consejería de Educación ha decidido cerrar unidades antes del inicio del proceso de admisión.

Confundir a las familias

CCOO acusa también a Ayuso de confundir a las familias madrileñas mediante el "truco" de las becas. En primer lugar, porque la cuantía de las becas no garantiza la gratuidad de los estudios, por lo que las familias se verán obligadas a realizar pagos que se ahorrarían en los institutos públicos de bachillerato, y porque las becas van a ir a parar a las familias de mayor de renta. “El Gobierno regional no atiende la demanda de educación pública en Madrid, vulnera el principio de libertad de elección si las familias eligen institutos públicos y promueve la competencia desleal desde la propia institución". Practica el "dumping educativo”, asegura Galvín. Añade que este tipo de política está pensada para atraer fondos de inversión al ‘mercado educativo’ madrileño, como está ocurriendo con la Formación Profesional.

“Si hay algo que se le da bien a la derecha es utilizar el patrimonio y los fondos de toda la ciudadanía para favorecer a las empresas privadas, a costa de abandonar los servicios públicos”

Estas becas, cuya implantación comenzó en el curso 2019-2020, estaban pensadas para que el alumnado de centros concertados pudiera seguir cursando estudios en el mismo centro. “Inicialmente se destinaron a ellas 4,5 millones a estas becas, una cantidad que el Gobierno de Díaz Ayuso ha decidido multiplicar por diez, incluyendo no solamente centros concertados sino todo tipo de centros privados. Está claro que la derecha no concibe las becas como mecanismo igualador, y otorga los fondos públicos a familias de mayor renta”.

No hay que confundir estas mal llamadas “becas” con las auténticas becas que concede el Ministerio para estudiantes de diferentes enseñanzas, incluyendo el bachillerato, que van asociadas al nivel de renta y no al tipo de centro que elija la familia, con lo que suponen un verdadero elemento compensador de desigualdades y no un mecanismo de desviación de fondos públicos a empresas privadas.

Contra el interés general

En todo caso, mantiene CCOO, es evidente que el sistema más igualitario y justo es el que ofrece la red pública de centros educativos, que se sostiene con los impuestos en función del nivel de renta. Y es, además, sobre el que los poderes públicos ejercen un mayor control en todos los sentidos. “Dejar tales competencias en manos privadas sin control alguno y que se rigen por otros intereses -lícitos, pero no generales-, supone un menoscabo de la justicia social y del interés general, tanto en la salvaguarda de derechos fundamentales individuales como en el del progreso social”, concluye Isabel Galvín.

Ayuso ‘engorda’ el negocio privado de la educación en Madrid