lunes. 17.06.2024

Andalucía, primera comunidad en regular el derecho del paciente a una muerte digna

No se trata de eutanasia como denuncian determinados grupos ultracatólicos sino de preservar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad y dignidad. El Pleno del Parlamento andaluz dio luz verde a la ley en la que el PP pretendía introducir la objeción de conciencia de los médicos.
NUEVATRIBUNA.ES 17.03.2010

Es la primera ley de esta naturaleza que se aprueba en España. El Parlamento de Andalucía dio este miércoles luz verde a la denominada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte en medio de un debate en el que de nuevo los grupos ultracatólicos volverán a la carga para arremeter contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que sitúan como instigador de un “proyecto ideológico” que comenzó con la reforma de la ley del aborto y que ahora pretende legalizar la “eutanasia”, un planteamiento que no se corresponde con la realidad.

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó la norma que contó con el rechazo parcial del grupo parlamentario popular a tres artículos de los 33 que conforman el nuevo cuerpo de ley, los relativos a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden al paciente ante el proceso de la muerte (artículos 18 y 21) por no incluir la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, así como el artículo 27, referido a la composición de los comités de ética de los hospitales, al entender que requeriría de una regulación más específica tal.

Tal y como ha venido manteniendo la Consejería de Salud, no se trata de legalizar la eutanasia sino de aprobar una norma de “buenas prácticas” que garantice la voluntad del paciente terminal para que sea aliviado su dolor pese a que ello signifique acortar su vida, un asunto que no genera un conflicto de conciencia. La norma regulará los "derechos" del paciente durante la última etapa de la vida para asegurar su autonomía y el "respeto a su voluntad y dignidad", así como los "deberes" de los profesionales encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios públicos y privados.

La ley reconoce el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. El proyecto ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas.

De acuerdo con el texto, entre los derechos reconocidos se encuentra el de recibir, o no, si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

EL PP RECONOCE QUE NO ES EUTANASIA

Durante su intervención en la Cámara autonómica, la portavoz del grupo parlamentario popular, Ana María Corredera Quintana, mostró la "decepción" de su grupo ante lo que consideró una "falta de diálogo" y una postura "inflexible" del Gobierno andaluz durante el proceso de enmiendas, tras recordar que, de las 29 que presentó su formación, "sólo se han aprobado dos".

En este sentido, reprochó que la nueva ley no recoja "el derecho de los profesionales sanitarios" a acogerse a la objeción de conciencia, en el sentido de que dicho derecho "no lesionaría" el derecho del paciente a recibir el tratamiento que solicitase acorde con sus principios éticos, religiosos y morales, ya que, en su defecto, "otro profesional" acorde con los principios del paciente "se encargaría de esa atención".

De hecho, Corredera opinó que la objeción de conciencia del profesional "no choca con una supuesta desobediencia civil, como ha apuntado el ministro de Justicia Francisco Caamaño".

La diputada 'popular' se refirió también a la "incertidumbre presupuestaria" a la hora de hacer valer la nueva ley. Así, advirtió de que "aún no se ha cumplido el compromiso de habitaciones individuales en todos los hospitales andaluces para los pacientes terminales", ya que, según dijo, "hasta ahora sólo hay un 15 por ciento de estas habitaciones".

Corredera, quien también lamentó "no saber quien integrará los comités de ética asistencial en los distintos centros sanitarios", justificó, no obstante, que su grupo ha apoyado el resto de la ley, entre otros motivos "porque no se apoyan las prácticas de eutanasia".

IU APELA AL GOBIERNO CENTRAL PARA REGULAR LA EUTANASIA

Por su parte, el portavoz de IU José Manuel Marical Cifuentes destacó el "avance en el reconocimiento de los derechos y autonomía de los ciudadanos" que supone la aprobación de la nueva ley, como síntoma, dijo, "de la modernidad y el abandono de la cultura paternalista".

Aún con todo, aprovechó para pedir al Gobierno central el que se abra un debate sobre la necesidad de que se regule la eutanasia y el suicidio asistido. "No podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un llamamiento al Gobierno central para que legisle en materia de eutanasia y suicido asistido", enfatizó Mariscal Cifuentes, quien aludió en este punto a estudios nacionales "que revelan que un 67 por ciento de españoles se muestran partidarios de regular la eutanasia". Además, recordó que la "obligación" del Gobierno autonómico es ahora la de "garantizar" que estos derechos se cumplan, "ya que no sólo basta con aprobar la ley".

En cuanto a la cuestión relativa a la objeción de conciencia, afirmó que la misma "no tiene cabida" en dicha ley, que si recoge por contra el que se lleven a cabo a partir de la misma estudios sobre "cómo se muere en Andalucía".

SOLVENTA LA INDEFENSIÓN JURÍDICA DE LOS PROFESIONALES

Por su parte, la portavoz socialista Rosa Ríos valoró lo "oportuno y sensato" de esta ley, que la misma "mantiene conectado al PSOE con la sociedad", que "garantiza los derechos de la ciudadanía y sus convenciones morales" y que solventa la "indefensión jurídica" de los mismo profesionales sanitarios ante casos como el de las sedaciones de Leganés.

Sobre la objeción de conciencia dijo que su grupo y la Junta "siempre ha mantenido que su regulación debe ser estatal" y que "no cabe una regulación autonómica", mientras que en el apartado del régimen de sanciones se refirió a la "necesidad" de que toda norma tenga un apartado sancionador ante potenciales quebrantamientos de la misma. En concreto, el régimen sancionador de la Ley de Muerte Digna se regirá por el que ya recoge la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

En cuanto al Plan de Cuidados Paliativos aseguró que se conseguirá alcanzar una red sanitaria "ajustada a los recursos que marcan este plan", toda vez que dijo que "el 75 por ciento de las habitaciones de paliativos son ya individuales en la comunidad".

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar sus decisiones, hasta el punto de que el sanitario no podrá imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica.

EVITAR CASOS COMO EL DE INMACULADA ECHEVERRÍA

La Ley de Muerte Digna es la primera norma de estas características que se aprueba en el conjunto del país y que hará prevalecer, dentro de la legalidad vigente, los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.

Tal como han venido defendiendo desde el propio Gobierno andaluz, con esta ley se solventa así situaciones como la vivida en 2007 con la paciente Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

La Junta sostiene que la inmensa mayoría de los andaluces coinciden en el hecho de que "todo el mundo tiene derecho a morir dignamente", extremo por el que esta ley ha puesto el acento en la autonomía y voluntad del paciente, por encima de otras consideraciones que pudiesen plantear las instituciones sanitarias.

Sea como fuere, quedará fuera de este nuevo paraguas legal la eutanasia activa, ya que, entre otras consideraciones, la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia, además de que está tipificado como delito dentro del Código Penal.

Así, esta norma hará prevalecer los derechos del paciente que exprese su deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Andalucía, primera comunidad en regular el derecho del paciente a una muerte digna