El pasado sábado 22 de enero a través de una información del diario El País conocíamos, al menos este diputado, que el Gobierno de Colombia aplicando una ley diseñada para actuar contra paramilitares y narcos expropiaba y vendía las acciones de la empresa “Triple A de Barranquilla”, propiedad en un 82% de la ya tristemente famosa Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel IIen Colombia.
Estamos, otra vez, ante una nueva vuelta de tuerca de uno de los episodios más vergonzosos de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en los que el saqueo dirigido por varios importantes dirigentes de esos gobiernos y de ese partido para beneficio propio y, no lo olvidemos, para facilitar la concurrencia tramposa del Partido Popular a las elecciones, ha tenido como consecuencia no sólo el continuo expolio de la caja del Canal, sinotambién un importante daño reputacional a la gran empresa pública de la Comunidad de Madrid.
Y esto, desgraciadamente, no es sólo una opinión mía. Ya lo advirtieron las agencias de calificación que cuestionaron cómo podía afectar a la solvencia de la compañía estas operaciones fraudulentas.
También lo dice el “Análisis de Mercado sobre la percepción actual y futura que tienen de Canal de Isabel II Gestión sus principales grupos de interés” que sirvió de base para el Plan Estratégico 2018-2030.
Pero es que también lo asume la Comunidad de Madrid, a través del Canal de Isabel II, contratan servicios de auditoría para, entre otras cosas y cito textualmente, “cuantificar el daño reputacional que Canal de Isabel II S.A. ha sufrido en España, así como el daño sufrido por CANAL EXTENSIA e INASSA en Colombia y en Brasil”.
Esto es parte de lo que sabemos hasta ahora. Digo parte porque lo que el Gobierno de la Comunidad no aclara cuánto han perdido los madrileños con sus operaciones fraudulentas en Latinoamérica. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que ha existido una pérdida patrimonial enorme, que esperemos cuantifiquen y se recupere, al menos parte, algún día, y de que el Canal ha perdido una extraordinaria reputación de una compañía pública de servicio público de calidad por culpa de sus intereses partidistas y privados.
La pregunta ahora, más allá de lo que sí sabemos, es qué va a pasar a partir de ahora. ¿Va a afectar al plan de inversión de infraestructuras del Canal esta caída reputacional? ¿Va a afectar a los planes financieros con los que engatusaron a los Ayuntamientos para que se subieran al nuevo modelo de gestión que sólo buscaba el beneficio privado? ¿Va a afectar a los trabajadores?
Y sobre todo, ¿seguirá cayendo la reputación del Canal o van a tomar medidas inmediatas y drásticas para frenarlo? Porque tras Colombia hemos tenido noticias de una expropiación en República Dominicana...
Pero, además, estas acciones no son estancas. La reputación de una empresa, pública o privada, en el exterior de España, es la reputación de España en el exterior. Esa España con la que se le llena la boca a la derecha madrileña y que no va sólo de mencionarla mucho y ondear su bandera. Con este daño a la reputación del Canal han dañado la reputación de las empresas españolas en el exterior que tanto esfuerzo y consenso ha llevado durante décadas. La expropiación de República Dominicana, de confirmarse, no es un hecho aislado de la de Colombia. Es fruto del desprestigio del Canal y de la imagen empresarial española que ustedes han causado.
La derecha extrema que gobierna Madrid, con el indispensable apoyo de la extrema derecha, siempre defiende como virtudes su liberalismo y pragmatismo frente a los valores sociales, pero es que además de carecer de valores sociales tampoco son buenos gestores. No son buenos gestores porque no saben cómo preservar la reputación de las empresas y las instituciones públicas, que es lo más importante de cualquier institución pública o privada. Sin reputación nadie presta, nadie compra, nadie vende. Más grave aún, no son capaces de preservar la imagen exterior de un país en sus acciones.
Con todo, y a pesar de sus malas prácticas y sus intereses, los y las socialistas estamos para apoyar a los madrileños y madrileñas en la defensa de lo suyo, del Canal de Isabel II, y de la imagen pública y empresarial de España. Para ello cuentan los ocasionales gestores de esta gran empresa con nuestro apoyo y con el del Gobierno de España tal y cómo ya han solicitado.Esperemos que entiendan, desde la humildad, sin soberbia, con cooperación, y sin echar culpas a otras instituciones. Ello no quita que deberán informar, transparentar y responder por esas acciones, pero si realmente quieren virar hacia otro modelo demuéstrenlo con hechos y con consenso al gestionar esta crisis.
Ya es preciso, es urgente, que afrontemos una nueva época para el Canal. Recuperando su prestigio y la confianza de sus directivos y trabajadores con el blindaje de su carácter público, y con la colaboración de ayuntamientos, agentes sociales, usuarios y ciudadanos madrileños en su conjunto para que, junto a su indudable capacidad de optima gestión del ciclo integral del agua y su potencia de investigación y desarrollo, vuelva a ser la empresa que queremos y de la que nos sentiremos orgullosos.
Diego Cruz Torrijos | Diputado del Grupo Parlamentario Socialista | Asamblea de Madrid
