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19 de agosto de 2009, 12:49
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 19.8.2009
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, su portavoz, Antonio García, le ha recordado al Partido Popular que, bajo un punto de vista jurídico, una denuncia es "una relación circunstanciada de hechos que aparentemente presentan caracteres delictivos, no una manifestación puramente general e inespecífica".
El portavoz de la APM admite que las filtraciones de un sumario declarado secreto son "una circunstancia que nuestro Código Penal contempla como delito", pero puntualiza que "no parece que eso agote las manifestaciones de María Dolores de Cospedal sobre escuchas ilegales, que es un tema distinto a la revelación de secretos sumariales". "Las escuchas ilegales", explica, constituyen "un delito de vulneración de derechos fundamentales por violación del secreto de las comunicaciones". Por tanto, exigirían "ir a un juzgado de instrucción, una comisaría de policía o a una oficina del fiscal" y decir: "los teléfonos que creeemos que están pinchados son éstos, y lo creemos porque se han hecho públicas tales conversaciones, tales días en tales medios", siendo "lo más específico y preciso posible, para facilitar en la mayor medida que se pueda una investigación mínimamente eficaz".
El portavoz concluye que "eso es interponer una denuncia, y eso, que además es una actuación obligada legalmente dada la gravedad de los hechos, es lo que parece que no se ha hecho. Si políticamente las denuncias se entienden de otra manera, y se pueden hacer ante la opinión pública, pues muy bien, pero desde el punto de vista jurídico una denuncia es esto". En opinión de Antonio García, que el PP diga que podría acudir a las instituciones europeas o que el Gobierno tenía que haber investigado "es abonar el terreno de la confusión", y alimentar lo que ha calificado de una polémica "más política que jurídica, y más de contenido barriobajero que de política de altura", que sospecha "que a los ciudadanos no les gusta mucho".
Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a pedir "prudencia" y "responsabilidad" al PP y le ha señalado que "las posiciones extremistas casi nunca conducen a nada", después de que este partido haya insistido en que el Ejecutivo utiliza las instituciones del Estado para perseguirle.
En rueda de prensa en Lanzarote, donde se encuentra veraneando con su familia, Zapatero ha dicho que había oído "de lejos" las acusaciones repetidas estos días por dirigentes del PP acerca de que miembros del partido habrían sido objeto de escuchas ilegales. El jefe del Ejecutivo ha recordado que ya recientemente apeló a "la responsabilidad" del PP, "un partido político que es el princpal partido de la oposición y que gobierna en muchos sitios". Por ello, ha reiterado por "segunda vez" su "llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia" de los miembros del PP. Además, Zapatero les ha instado a respetar el Estado de Derecho y las instituciones, que "afortunadamente en España funcionan bien".
Poco antes, el presidente del PP, Mariano Rajoy, había pedido, en una entrevista concedida a Europa Press, que "nadie se rasgue las vestiduras" por las denuncias que está realizando el PP contra el Gobierno por lo que consideran una persecución utilizando los medios del Estado. Y ha querido apuntalar sus afirmaciones recordando que ya tuvo que dimitir un vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, por espionaje a políticos y diez años antes, en 1985, un juez investigó el espionaje del Gobierno a AP y al PCE. Se refería a la investigación que realizó en 1985 el titular del Juzgado número 21 de Madrid, José María Vázquez Honrubia, a raiz de las denuncias de Alianza Popular y del Partido Comunista de España (PCE) tras comprobar que algunos dirigentes socialistas estaban utilizando documentos y discursos suyos que aún no se habían hecho públicos.
Mariano Rajoy ha criticado también de lo que considera una desigualdad de trato a los militantes del PP cuando se les detiene por parte de la Fiscalía, a quien reclama conocer su postura sobre las subvenciones concedidas por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, a la empresa en la que trabaja su hija y sobre los gastos del ya ex director del CNI, cuando estaba al frente del centro.
Además, el dirigente popular ha puesto de manifiesto su preocupación por las filtraciones de los sumarios que afectan a militantes populares y de las conversaciones telefónicas que no se han incorporado al sumario. En este sentido, ha apuntado que se trata de un delito y ha recordado que ya el Estado italiano fue condenado en su día por las filtraciones que se produjeron en el sumario contra Bettino Craxi --el que fuera primer ministro italiano entre 1983-1987, que fue condenado en 1994 a 27 años de cárcel por corrupción en el caso Manos Limpias--.
Rajoy ha afirmado que estos hechos, las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a partidos políticos "jamás" se produjeron cuando gobernaba el Partido Popular y ha reclamado al Gobierno que actúe "como lo hice yo cuando fui ministro del Interior, el señor Mayor Oreja o el señor Acebes: con normalidad, tranquilidad y respetando los derechos de la gente". En este sentido, ha añadido que "el señor Aznar, desde luego, no tuvo que dar explicaciones por acontecimientos como estos".
Mariano Rajoy ha insistido en que el Gobierno y Zapatero tienen "una "responsabilidad muy grave en este asunto" y ha recalcado la necesidad de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comparezca en el Parlamento para explicar "cómo está utilizando ella a la Fiscalía". A Rajoy, las declaraciones de De la Vega desde América, nada más conocerse el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps, anunciando el recurso, le lleva a preguntarse "quién es ella para recurrir eso y para darle instrucciones a la Fiscalía sin haberse leído ni siquiera el auto de archivo porque no tuvo tiempo material para hacerlo".
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, su portavoz, Antonio García, le ha recordado al Partido Popular que, bajo un punto de vista jurídico, una denuncia es "una relación circunstanciada de hechos que aparentemente presentan caracteres delictivos, no una manifestación puramente general e inespecífica".
El portavoz de la APM admite que las filtraciones de un sumario declarado secreto son "una circunstancia que nuestro Código Penal contempla como delito", pero puntualiza que "no parece que eso agote las manifestaciones de María Dolores de Cospedal sobre escuchas ilegales, que es un tema distinto a la revelación de secretos sumariales". "Las escuchas ilegales", explica, constituyen "un delito de vulneración de derechos fundamentales por violación del secreto de las comunicaciones". Por tanto, exigirían "ir a un juzgado de instrucción, una comisaría de policía o a una oficina del fiscal" y decir: "los teléfonos que creeemos que están pinchados son éstos, y lo creemos porque se han hecho públicas tales conversaciones, tales días en tales medios", siendo "lo más específico y preciso posible, para facilitar en la mayor medida que se pueda una investigación mínimamente eficaz".
El portavoz concluye que "eso es interponer una denuncia, y eso, que además es una actuación obligada legalmente dada la gravedad de los hechos, es lo que parece que no se ha hecho. Si políticamente las denuncias se entienden de otra manera, y se pueden hacer ante la opinión pública, pues muy bien, pero desde el punto de vista jurídico una denuncia es esto". En opinión de Antonio García, que el PP diga que podría acudir a las instituciones europeas o que el Gobierno tenía que haber investigado "es abonar el terreno de la confusión", y alimentar lo que ha calificado de una polémica "más política que jurídica, y más de contenido barriobajero que de política de altura", que sospecha "que a los ciudadanos no les gusta mucho".
Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a pedir "prudencia" y "responsabilidad" al PP y le ha señalado que "las posiciones extremistas casi nunca conducen a nada", después de que este partido haya insistido en que el Ejecutivo utiliza las instituciones del Estado para perseguirle.
En rueda de prensa en Lanzarote, donde se encuentra veraneando con su familia, Zapatero ha dicho que había oído "de lejos" las acusaciones repetidas estos días por dirigentes del PP acerca de que miembros del partido habrían sido objeto de escuchas ilegales. El jefe del Ejecutivo ha recordado que ya recientemente apeló a "la responsabilidad" del PP, "un partido político que es el princpal partido de la oposición y que gobierna en muchos sitios". Por ello, ha reiterado por "segunda vez" su "llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia" de los miembros del PP. Además, Zapatero les ha instado a respetar el Estado de Derecho y las instituciones, que "afortunadamente en España funcionan bien".
Poco antes, el presidente del PP, Mariano Rajoy, había pedido, en una entrevista concedida a Europa Press, que "nadie se rasgue las vestiduras" por las denuncias que está realizando el PP contra el Gobierno por lo que consideran una persecución utilizando los medios del Estado. Y ha querido apuntalar sus afirmaciones recordando que ya tuvo que dimitir un vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, por espionaje a políticos y diez años antes, en 1985, un juez investigó el espionaje del Gobierno a AP y al PCE. Se refería a la investigación que realizó en 1985 el titular del Juzgado número 21 de Madrid, José María Vázquez Honrubia, a raiz de las denuncias de Alianza Popular y del Partido Comunista de España (PCE) tras comprobar que algunos dirigentes socialistas estaban utilizando documentos y discursos suyos que aún no se habían hecho públicos.
Mariano Rajoy ha criticado también de lo que considera una desigualdad de trato a los militantes del PP cuando se les detiene por parte de la Fiscalía, a quien reclama conocer su postura sobre las subvenciones concedidas por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, a la empresa en la que trabaja su hija y sobre los gastos del ya ex director del CNI, cuando estaba al frente del centro.
Además, el dirigente popular ha puesto de manifiesto su preocupación por las filtraciones de los sumarios que afectan a militantes populares y de las conversaciones telefónicas que no se han incorporado al sumario. En este sentido, ha apuntado que se trata de un delito y ha recordado que ya el Estado italiano fue condenado en su día por las filtraciones que se produjeron en el sumario contra Bettino Craxi --el que fuera primer ministro italiano entre 1983-1987, que fue condenado en 1994 a 27 años de cárcel por corrupción en el caso Manos Limpias--.
Rajoy ha afirmado que estos hechos, las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a partidos políticos "jamás" se produjeron cuando gobernaba el Partido Popular y ha reclamado al Gobierno que actúe "como lo hice yo cuando fui ministro del Interior, el señor Mayor Oreja o el señor Acebes: con normalidad, tranquilidad y respetando los derechos de la gente". En este sentido, ha añadido que "el señor Aznar, desde luego, no tuvo que dar explicaciones por acontecimientos como estos".
Mariano Rajoy ha insistido en que el Gobierno y Zapatero tienen "una "responsabilidad muy grave en este asunto" y ha recalcado la necesidad de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comparezca en el Parlamento para explicar "cómo está utilizando ella a la Fiscalía". A Rajoy, las declaraciones de De la Vega desde América, nada más conocerse el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps, anunciando el recurso, le lleva a preguntarse "quién es ella para recurrir eso y para darle instrucciones a la Fiscalía sin haberse leído ni siquiera el auto de archivo porque no tuvo tiempo material para hacerlo".
