“Además, la independencia se encuentra nuevamente comprometida porque la función de transparencia, acceso a la función pública y buen gobierno que correspondían al Consejo Consultivo se le atribuyen ahora al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, es decir, a un órgano cuyo nombramiento, nuevamente, depende del Gobierno”
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha votado en contra del Proyecto de Ley de Supresión del Consejo Consultivo porque el modelo impuesto por el Gobierno “no garantiza la independencia, la imparcialidad y, por lo tanto, es un modelo que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos”.
La diputada socialista Pilar Llop, encargada de defender la posición de los socialistas durante el debate en la sesión plenaria de hoy, explicó que este proyecto de Ley, “impuesto” por el Partido Popular y Ciudadanos, “no garantiza la independencia” porque el Gobierno se erige en juez y parte. “Al ser un órgano dependiente del Gobierno al que va a observar, informando a través de sus dictámenes, no garantiza la necesaria independencia” apuntó Llop.
El Grupo Parlamentario Socialista señala que el modelo que plantearon es “mejor”, puesto que “refleja un ejercicio importante de democracia al proponer que sea un órgano independiente el que ejerza la función consultiva y de verificación de la actividad del Gobierno”.
Nuestro modelo, dijo la portavoz socialista, “es, además, más eficiente económicamente que el que plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque, a efectos de racionalizar el gasto, nuestro sistema concentraba en un solo órgano -la Comisión Asesora de Transparencia y Contratación Pública-, las funciones tanto del Consejo Consultivo como del Tribunal Administrativo de Contratación Pública.
Pilar Llop indicó que el modelo propuesto por el Gobierno -y finalmente aprobado- está “contaminado”, ya que la Comisión Jurídica Asesora propuesta por el Gobierno “no es independiente”. Los integrantes de la Comisión serán únicamente letrados de la Comunidad de Madrid, “sin dar cabida a otros cuerpos o funcionarios o personas de relevante prestigio en el ámbito de los servicios públicos”, y porque la independencia exigible en un órgano de estas características “se encuentra comprometida” porque el nombramiento de los integrantes de la Comisión corresponde exclusivamente al Consejo de Gobierno.
“Además, la independencia se encuentra nuevamente comprometida porque la función de transparencia, acceso a la función pública y buen gobierno que correspondían al Consejo Consultivo se le atribuyen ahora al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, es decir, a un órgano cuyo nombramiento, nuevamente, depende del Gobierno” remarcó Llop.
Los socialistas consideran, según indicó Llop “que el modelo que han planteado no responde a nuestro espíritu de lograr instituciones democráticas independientes, habiendo intentado hasta el último momento, hasta hoy mismo, consensuar un modelo sin haber sido posible”.
La Ley de Supresión del Consejo Consultivo fue aprobada con los votos de Ciudadanos y Partido Popular.
