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James Fernández Cardozo |
El presidente Gustavo Petro ha anunciado que recurrirá a una consulta popular como última estrategia para salvar sus reformas laboral y de salud, luego de que estas enfrentaran serios obstáculos en el Congreso. Este mecanismo de democracia directa, aunque poco utilizado en Colombia, abre un camino jurídico y político lleno de retos, fechas críticas y antecedentes que pueden influir en su desarrollo.
I. El recorrido de la consulta popular
Una propuesta con preguntas claras
La consulta popular debe comenzar con la iniciativa formal del presidente, respaldada por la firma de todos sus ministros. Según la Ley 1757 de 2015, las preguntas propuestas deben ser claras, sencillas y redactadas de manera que puedan ser respondidas con un "sí" o un "no". Esto significa que las reformas laborales y de salud tendrán que ser transformadas en preguntas generales, algo que podría generar debate sobre si estas reflejan adecuadamente el contenido de las propuestas originales.
El reto de Petro será encontrar un equilibrio entre formular preguntas lo suficientemente claras, como exige la Corte Constitucional, y conseguir que estas representen fielmente los objetivos de sus reformas. Por ejemplo, en lugar de preguntar sobre artículos legislativos específicos, las preguntas deberán enfocarse en aspectos generales, como: “¿Está de acuerdo con reformar el sistema de salud para garantizar un acceso más equitativo y público a los servicios médicos?”.
La revisión por el Senado
Una vez presentada la solicitud, el Senado de la República debe pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria. Según la legislación vigente, la decisión se toma en plenaria por mayoría simple. Esto implica que el gobierno podría enfrentar resistencia política, especialmente si los partidos de oposición logran bloquear la aprobación.
Si la propuesta es presentada antes de finales de marzo de 2025, el Senado tendrá aproximadamente un mes para dar su respuesta. Esto sitúa la decisión en abril de 2025. En este punto, las alianzas políticas jugarán un papel clave. Petro necesitará fortalecer su coalición en el Congreso para evitar que los partidos de oposición saboteen el trámite.
La definición de la fecha de votación
Si el Senado aprueba la consulta, el presidente tendrá un plazo de ocho días para emitir un decreto que convoque oficialmente la votación y defina la fecha. Según la Ley 1757, la consulta debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del Senado. Esto sitúa la posible votación en julio de 2025 como fecha límite.
Sin embargo, el contexto temporal plantea un desafío. La consulta podría coincidir con las vacaciones de mitad de año, lo que podría reducir la participación. La baja asistencia a las urnas es un riesgo significativo, especialmente considerando que el éxito de la consulta depende de alcanzar un umbral de participación equivalente al 33% del censo electoral.
La campaña electoral y el umbral de participación
Durante los meses previos a la votación, los promotores y opositores de la consulta tendrán derecho a realizar campañas para convencer a los ciudadanos. Para que la consulta sea válida, debe superar el umbral de participación de 13.517.912 votantes, basado en el censo electoral actual.
Este umbral es un desafío monumental. Por ejemplo, en la consulta anticorrupción de 2018, aunque se lograron más de 11 millones de votos favorables, no se alcanzó el umbral requerido, quedándose a 500.000 votos de la meta. Petro deberá movilizar no solo a sus bases políticas, sino también a sectores más amplios de la población para superar este obstáculo.
Los resultados y la ejecución de las reformas
Si el "sí" supera el umbral y obtiene la mayoría de los votos, el Congreso estará obligado a tramitar las reformas dentro del período legislativo en curso o el siguiente. Si el Congreso no cumple con este requisito, el presidente estará facultado para emitir un decreto con fuerza de ley para implementar las reformas.
Esto significa que Petro podría imponer sus propuestas en los últimos días de su mandato, cuyo término está previsto para agosto de 2026. Si la consulta se realiza en julio de 2025 y el Congreso no actúa, Petro podría emitir los decretos en junio de 2026, justo antes de dejar el cargo.
II. Los desafíos del recorrido
Un Congreso fragmentado y oposición fuerte
La consulta popular se enfrenta a un Congreso donde las mayorías están fragmentadas y los partidos de oposición han mostrado resistencia a las reformas de Petro. La reciente derrota de la reforma laboral en el Senado es un claro indicador del terreno adverso que enfrentará la propuesta. Petro necesitará fortalecer su coalición y buscar el apoyo de sectores moderados que puedan inclinar la balanza.
El desafío del umbral de participación
Superar el umbral de 13.5 millones de votos será una tarea monumental. Para ponerlo en perspectiva, Petro fue elegido en segunda vuelta en 2022 con 11.291.978 votos, y en las elecciones locales de octubre de 2023 votaron 23 millones de personas. La abstención histórica en Colombia, que ronda el 50%, será un obstáculo importante.
Además, el gobierno deberá lidiar con la apatía de los votantes y la falta de confianza en las instituciones, factores que podrían reducir la participación en una consulta de esta magnitud.
El precedente de la consulta anticorrupción de 2018
Aunque la consulta anticorrupción de 2018 fue impulsada por diversos sectores políticos y logró un apoyo significativo, no alcanzó el umbral requerido. Esto evidencia el riesgo de que la consulta de Petro enfrente un destino similar. La clave será movilizar a sectores tradicionalmente abstencionistas, como los jóvenes y las zonas rurales, y generar un debate público que inspire mayor participación.
El filtro de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional ha sido enfática en que las preguntas de la consulta deben ser claras y no incluir textos normativos complejos. Esto podría limitar la capacidad del gobierno para presentar preguntas que reflejen fielmente el contenido de las reformas. La redacción de las preguntas será un punto crítico que podría definir el éxito o fracaso de este intento.
III. ¿Un último intento o un nuevo comienzo?
La consulta popular anunciada por Gustavo Petro es, sin duda, un movimiento audaz que busca sortear los bloqueos políticos en el Congreso. Sin embargo, está cargada de riesgos y desafíos que pueden definir el legado de su gobierno. Desde la redacción de las preguntas hasta el logro del umbral de participación, cada etapa será una prueba de fuego para el presidente y su capacidad de movilizar a los colombianos en torno a su proyecto político.
El éxito o fracaso de este intento no solo determinará el futuro de las reformas, sino también el impacto de la democracia directa como herramienta para superar la crisis política y social que enfrenta Colombia.
Si Petro logra superar los obstáculos, abrirá un nuevo capítulo en la historia política del país. Si falla, su último intento será recordado como un símbolo de las dificultades de gobernar en un sistema profundamente dividido.
James Fernández Cardozo PhD / Análisis del Discurso
