martes 30/11/21

El Senado brasileño ve indicios de crímenes contra la humanidad en el manejo de la pandemia por parte de Bolsonaro

El presidente y otras 65 personas, incluyendo tres de sus hijos, figuran entre los acusados.

Bolsonaro

@jgonzalezok | RÍO DE JANEIRO

En el día en que Brasil llegó a casi 605.000 muertos por el Covid-19, se conoció un resumen del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigó posibles crímenes cometidos por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro para enfrentar la pandemia. Después de seis meses de instalada y 68 sesiones retransmitidas en directo por televisión para todo el país, la CPI llegó a la conclusión de que el gobierno cometió 22 tipos de crímenes. Y achaca personalmente al presidente Bolsonaro por 9 de ellos, entre los que destacan: crímenes contra la humanidad, epidemia con resultado de muerte, charlatanismo, incitación al delito y prevaricación.

El relator del informe, el senador Renan Calheiros, aseguró: “Esta CPI es la primera en comprobar las huellas digitales de un presidente de la República en la muerte de millares de ciudadanos. Llegamos a una de las mayores letalidades del planeta, resultado nefasto, sepulcral, derivado de los muchos errores y prácticas mortales que conjugaron herejías científicas fatales (…) y experimentos de triste memoria nazi con seres humanos. Nunca, excepto en regímenes autoritarios y sanguinarios, la vida fue tan despreciada y vilipendiada”.

De las más de 600.000 víctimas mortales causadas por el virus, al menos 120.000 se podrían haber evitado, según el informe. Para el senador Renan Calheiros, el principal delito del gobierno fue al atraso deliberado en la compra de las vacunas. Y la decisión de apostar a que el virus infectase libremente a las personas para alcanzar lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”, exponiendo a la población a propósito al incentivar conductas contrarias al aislamiento.

Además se insistió en lo que se llamó “tratamiento precoz”, y se recomendaron medicamentos comprobadamente ineficaces -y en ocasiones contraproducentes-, como la cloroquina. Acciones respaldadas por una gigantesca operación de desinformación y noticias falsas, impulsadas por el propio gobierno, con el comando de los hijos del presidente.

Del informe leído este miércoles se excluyeron dos acusaciones que había incluido el relator. La de genocidio contra los pueblos indígenas y la de homicidio cualificado. Pero varios miembros de la comisión estimaron que habría problemas técnicos para clasificar los actos de Bolsonaro como genocidio y faltaría la identificación específica de las víctimas para el caso de homicidio cualificado.

El informe puso de manifiesto que, mientras se obstaculizaba la vacunación y se trataba de desprestigiar determinadas vacunas por criterios ideológicos, en el ministerio de Salud se montó un esquema corrupto para comprar a determinados laboratorios, con sobornos de por medio. Al mismo tiempo, se ignoraron más de 100 mails de la empresa Pfizer, que tuvo vacunas disponibles meses antes de que Brasil empezara a inmunizar a sus ciudadanos.

Además del presidente, la CPI señaló a tres hijos del mandatario: el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro. También el jefe del bloque parlamentario del gobierno en el Senado, cuatro ministros, dos ex ministros, 5 diputados, activistas, empresarios y miembros del llamado gabinete paralelo, que aconsejaba a Bolsonaro contra todas las evidencias científicas. Entre ellos hay también varios militares, como el ex ministro de Salud Eduardo Pazuello, que estuvo al frente de dicha cartera en los meses más álgidos de la pandemia.

Antes de que el relator diera lectura al resumen de su informe, el senador oficialista Marcos Rogério intentó una maniobra para blindar al presidente. Argumentó que la Constitución exime a los presidentes de prestar declaración ante las comisiones del Congreso, por tanto la CPI no tendría competencia para proponer la acusación de Bolsonaro. La estratagema fue rechazada por el presidente de la Comisión, Omar Aziz, que aseguró que ningún ciudadano está por encima de la ley y que esto valía incluso para Bolsonaro: “El presidente va a ser investigado, sí, porque hay pruebas muy grandes de su conducta (…) cometió muchos crímenes y va a pagar por ellos”.

Este informe será votado por la comisión el próximo martes (26), y está abierta todavía a modificaciones o añadidos, pero el sentido general del mismo es el que se presentó este miércoles y su aprobación está asegurada, ya que hay siete miembros de la oposición -conocidos con el G7-, que tienen la mayoría necesaria.

Cuando se apruebe el informe, la semana que viene, será enviado a la Procuraduría General de la República, órgano encargado de conducir las investigaciones de los acusados que tienen foro privilegiado, como el presidente, ministros y parlamentarios federales. Aquí hay un problema: el procurador, Augusto Aras, fue nombrado por Bolsonaro y su actuación hasta ahora es cuestionada por la oposición, por falta de imparcialidad. Frente a esta posibilidad, los integrantes de la CPI estudian estrategias alternativas, como tratar de que el caso sea aceptado por el Supremo Tribunal Federal y entregarlo a otros órganos de investigación. También se presentará una denuncia contra Bolsonaro en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Los miembros de la CPI anunciaron que a partir de entregar su informe al Procurador General de la República, sus integrantes constituirán un frente parlamentario y un observatorio para dar seguimiento a sus denuncias. Renan Calheiros señaló que, cada día, el gobierno se da un tiro en el pie y produce un hecho contra él mismo. Este observatorio ayudará a que se pueda mantener la movilización de la sociedad.

La reacción ante este informe del presidente fue asegurar que no tenía culpa de nada, añadiendo que el gobierno hizo las cosas adecuadas desde el primer momento y que la CPI solo había producido odio y rencor. Cuando se le preguntó a uno de los hijos del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, cuál sería la reacción del presidente, provocó una escena patética, al escenificar la risotada característica del mandatario.

Esta Comisión Parlamentaria de Investigación marcó un hito histórico en Brasil. Sus sesiones fueron seguidas por millones de personas en las retransmisiones por radio y televisión. Y su relevancia política se traduce en el desgaste y desprestigio creciente del gobierno, como demuestran las encuestas. A un año de las próximas elecciones, Bolsonaro -que aspira a la reelección-, pierde de forma aplastante e incluso podría no pasar a la segunda vuelta.  

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