La ONU ha puesto en marcha un nuevo laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 que proporcionará información jurídica clave y apoyo a la respuesta mundial a la pandemia.
La iniciativa auna y da acceso a documentos jurídicos de más de 190 países, entre ellos España, para ayudar a los estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia. “El objetivo es garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades y respeten las normas internacionales de derechos humanos”, explica la organización.
El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una base de datos de leyes que los países han adoptado en respuesta a la pandemia. Incluye declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas. La base de datos se engrosará a medida que se añadan más países y temas.
También incluirá estudios sobre diferentes marcos jurídicos relativos a la COVID-19. Esos análisis se centrarán en las repercusiones sobre los derechos humanos de las leyes de salud pública y ayudarán a los países a determinar las prácticas óptimas para orientar sus respuestas inmediatas y los esfuerzos de recuperación socioeconómica una vez que la pandemia esté controlada.
“Unas leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos; evaluar y aprobar medicamentos y vacunas seguros y eficaces; y tomar medidas para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros. Sobre todo, son fundamentales para la aplicación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: la vigilancia; la prevención y el control de las infecciones; la gestión de los viajes y el comercio; y la aplicación de medidas para mantener los servicios de salud esenciales”, afirma la ONU.
Achim Steiner, administrador del PNUD, asegura que “las leyes y las políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden lograr que las personas accedan a los servicios de salud, se protejan y vivan libres de estigmas, discriminación y violencia”, y añade que “el Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una herramienta importante para poner en común prácticas óptimas en materia de leyes y políticas”.
Durante la pandemia se ha producido un aumento desmesurado de las medidas legislativas urgentes para controlarla y reducirla. “Para hacer frente a la COVID-19, los países necesitan contar con marcos jurídicos sólidos. A menudo, hay leyes no estrictamente centradas en el sector sanitario que, sin embargo, afectan a la salud pública. Dado que la salud es una cuestión mundial, los marcos jurídicos deben estar alineados con los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrenta la salud pública. En estos momentos, es más importante que nunca disponer de una base jurídica sólida en materia de salud”, ha dicho Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
Sin embargo, las deficiencias en el diseño, la aplicación o el cumplimiento de las leyes pueden perjudicar a las poblaciones marginadas, enquistar la estigmatización y la discriminación y obstaculizar los esfuerzos por poner fin a la pandemia, advierte la organización.
“Las leyes nocivas pueden exacerbar el estigma y la discriminación, violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública", advierte la ONU
“Las leyes nocivas pueden exacerbar el estigma y la discriminación, violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública. Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los gobiernos deben utilizar la legislación como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por la COVID-19”, resalta Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA.
“Es preciso hacer un seguimiento de la forma en que se utilizan las leyes y las políticas durante la pandemia, evaluarlas y comprender qué soluciones dan resultado”, ha dicho Matthew M. Kavanagh, profesor del departamento de Salud Internacional de la Universidad de Georgetown.
Por su parte, Katie Gottschalk, directora ejecutiva del Instituto O'Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial en la Facultad de Derecho de esa misma universidad, considera que “debemos extraer lecciones de las políticas adoptadas en la etapa inicial de la pandemia para poner en práctica las leyes más eficaces en el futuro. El Laboratorio Jurídico sirve precisamente para ese fin”.
Este nuevo Laboratorio es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown.
Web oficial del Laboratorio Jurídico
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