El principal grupo de mercenarios se denomina Wagner, aunque existen otros menos conocidos. Se caracterizan por su brutalidad, violan, pegan espectaculares palizas, cortan miembros y sobre todo crean terror.
No tienen entidad jurídica por lo que de formalmente no se les puede relacionar con la administración de Putin, pero numerosos estudios y serios documentales les relacionan directamente con el Presidente ruso y sus allegados. Hombres muy poderosos económicamente hablando que hicieron sus fortunas quedándose con las principales compañías rusas cuando se desmembró la Unión Soviética.
Pero por muy en secreto que lleven sus operaciones hay numerosas imágenes en las que aparecen con Putin y sus hombres. De ellos reciben dinero y medallas. Si fallecen no cuentan como bajas y los que envejecen, no cobran pensión. Cobran importantes salarios, aunque nadie lo quiere reconocer.
Se comunican entre ellos a través de la parte encriptada de Telegram y su simbología y estética es nazi.
En la República Centroafricana controlan desde la seguridad del Presidente, sus calles, sus periodistas y especialmente sus minas de oro sacándoles toda la rentabilidad posible. Nada más aterrizar en dicho país se quedaron con la empresa canadiense Axmin y la convirtieron por la fuerza en la empresa Midas perteneciente a hombres en la sombra de Wagner.
La sociedad centroafricana no recibe un céntimo de sus excavaciones y a cambio sus mujeres son violadas sistemáticamente por los guerrilleros de Wagner.
Allí donde van causan terror.
Suelen ser reservistas del Ejército ruso y utilizan materiales del gobierno. A la zona del Donbás (al este de Ucrania, controlada por Rusia) comenzaron a llegar en 2014 y al año siguiente redoblaron sus efectivos. En estos momentos ya han entrado en acción en Ucrania.
Ahora, según 'The Times', han intentado, sin éxito, asesinar a Zelensky. Pero lo seguirán intentando.
Los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado recientemente un paquete de sanciones contra el Grupo Wagner, y la definen como “organización paramilitar con sede en Rusia entre cuyos dirigentes hay ex miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de espionaje de Vladimir Putin”.
La UE acusa a esta entidad militar privada de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos en los países en los que opera, en particular Libia, Siria, Ucrania, República Centroaficana o la región del Sahel.
Y afirman que “está extendiendo su influencia maligna en otros lugares, especialmente en la región del Sahel”. Por estas razones, constituye una amenaza para las personas de los países donde están presentes, sus respectivas regiones, y para la Unión Europea", señalan los ministros de Exteriores de los Veintisiete.
Las sanciones de la UE están dirigidas contra el propio Grupo Wagner y contra ocho personas y tres entidades conectadas con él. Las personas incluidas en la lista están implicadas en “graves abusos contra los derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, sumarios o arbitrarios”.
Entre los sancionados se encuentra Dimitri Utkin, exagente del Servicio de Información Militar ruso (GRU), que es el fundador del Grupo Wagner y el responsable de la coordinación y planificación de operaciones para el despliegue de mercenarios en varios países.
El Consejo de la UE le considera directamente responsable de los graves abusos de los derechos humanos cometidos por el Grupo. Entre ellos se cita la tortura hasta la muerte de un desertor sirio por cuatro miembros del Grupo Wagner en junio de 2017 en la provincia de Homs (Siria). Según un antiguo miembro de la organización, Utkin ordenó personalmente que se llevara a cabo este acto de tortura y que fuera filmado.
En estos momentos están instalándose también en el Sahel, una de las zonas más conflictivas a nivel mundial aunque apenas se habla de ello. En dicha zona de África el yihadismo campa a sus anchas mientras que las tropas extranjeras de Francia anuncian su retirada dejando que grupos como Wagner aumenten su capacidad. España también está presente en la zona.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, pide una acción internacional concertada para poner fin a los conflictos armados en la región del Sahel Central en África, que han obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus hogares en la última década.
El desplazamiento interno se ha multiplicado por diez desde 2013, pasando de 217.000 personas a la abrumadora cifra de 2,1 millones a finales de 2021.
El número de personas refugiadas en los países del Sahel Central -Burkina Faso, Malí y Níger-, asciende ahora a 410.000. La mayoría de los refugiados en la región han huido de la violencia en Malí, donde el conflicto comenzó en enero de 2012.
