Los datos sobre pobreza en América Latina son más que alarmantes. El último Informe sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional arrojó como resultado que 131 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable.
La pobreza y la desigualdad se incrementan en toda la región, impidiendo a millones de familias el derecho básico a alimentarse. El aumento de precios internacionales de los alimentos, y el alza en la inflación, han provocado un crecimiento exponencial de la malnutrición, especialmente entre niños y niñas menores de cinco años.
De modo que no es una exageración afirmar que en América Latina el impacto del Fondo Monetario Internacional es y ha sido históricamente decisivo en el crecimiento de las desigualdades, de la pobreza, la miseria y el hambre.
Mario Lubetkin, Subdirector y Representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, sostiene que “ninguna política por sí sola puede proporcionar la solución a esta problemática. Es necesario reforzar los mecanismos de coordinación nacionales y regionales para responder al hambre y la malnutrición”. Por su parte, el Secretario Ejecutivo de CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, señala que “la coyuntura económica es extraordinariamente dura por la sucesión de varias crisis, lo que está provocando un impacto negativo a nivel social que urge abordar. Hay que evitar el riesgo muy real de tener una generación perdida en América Latina”.
En América Latina más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza. Y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países.
Los compromisos que los países de la región han asumido con las entidades financieras de crédito (a las que han entregado su soberanía económica) agudizan la tragedia y suman a las cíclicas crisis políticas que fracturan a las sociedades y terminan por hacer mella en sus facciones más frágiles.
De momento no existe una solución tangible a lo que puede ya considerarse un desastre humanitario. Los discursos preelectorales son coincidentes. Erradicar la pobreza es uno de los mayores desafíos de los líderes de la región, maniatados muchos de ellos por los condicionamientos de un FMI usurero, cuyos desembolsos conllevan baterías de medidas que no solamente impiden una mejora de la calidad de vida de las clases desfavorecidas, sino que además la empeoran.
Las históricas revueltas provocadas por el alza de los precios de los alimentos de primera necesidad son el resultado de las políticas de “eficacia” impulsadas desde hace décadas por los organismos económicos internacionales. Es una lógica implacable que empuja a los campesinos pobres a abandonar sus campos y a adquirir a precio de importación los alimentos que antes cosechaban ellos mismos. Una lógica que arrasa con las economías regionales y produce el daño que, paradójicamente, pretende reparar.
La verdadera función del FMI es evitar que las crisis económicas pongan en riesgo los negocios de las grandes multinacionales imperialistas, incluso permitiendo el salvataje del capital líquido de los fondos de inversión.
El rol del FMI es garantizar que la economía no se hunda, o por lo menos no lo haga hasta que todos los fondos especulativos puedan terminar de salir de los países comprometidos. El objetivo es sostener la economía hasta que todos los acreedores cobren. En este marco adquiere una injerencia económica que utiliza para impulsar otras medidas estratégicas para los capitalistas, tales como reformas laborales, previsionales, ajustes y recortes que impactan brutalmente en quienes menos tienen.
De modo que no es una exageración afirmar que en América Latina el impacto del Fondo Monetario Internacional es y ha sido históricamente decisivo en el crecimiento de las desigualdades, de la pobreza, la miseria y el hambre.
