viernes. 29.03.2024
Boris Johnson en el Parlamento británico.

Boris Johnson no se anda con chiquitas. Parece dispuesto a sostener el pulso con quienes intentan detener un Brexit sin acuerdo con la UE. La decisión de suspender el actual Parlamento (“prorogation” es el término político) entre el 9 o 12 de septiembre y el 14 de octubre implica una reducción severa del tiempo legislativo útil y, por tanto, limita de manera decisiva una posible iniciativa parlamentaria para bloquear los planes del Primer Ministro.

La decisión de suspender el actual Parlamento limita de manera decisiva una posible iniciativa parlamentaria para bloquear los planes del Primer Ministro

La maniobra de Johnson es formalmente legal, pero muy cuestionable políticamente. “Cínica”, sanciona The Economist. No es la primera vez que ocurre, por supuesto. Pero el periodo de suspensión (entre 32 y 35 días) es inacostumbradamente prolongado: el más largo de hecho desde 1945. El speaker del Parlamento, un tory muy independiente, ha dicho que se trata de un “atropello”. Corbyn, el líder de la oposición laborista, ha acusado al Primer Ministro de “aplastar y apoderarse” de la democracia. Incluso la líder conservadora de Escocia, Ruth Davidson, se está planteando dimitir de su cargo. Londres ha vivido una noche de protestas contra la decisión del primer ministro.

Destacados dirigentes conservadores, actuales e históricos, han venido advirtiendo, en público y en privado, sobre las intenciones del amigo Boris. El exprimer ministro John Major planteó la conveniencia de acudir a los tribunales si Johnson pretendía imponer el Brexit duro con maniobras como la que ahora se ha confirmado. Un exsecretario del Foreign Office se permitió incluso jugar con delicadas analogías históricas. Malcolm Rifking comparó la crisis actual con la revuelta parlamentaria Cromwell en el siglo XVII. “Carlos I perdió la cabeza por burlar la constitución; Johnson querrá conservar la suya, aunque algunos de quienes lo rodean parecen haberla perdido ya”, escribió Rifking en una carta a The Times.

En este clima de tensión y sospechas, se especuló con la posibilidad de que la Reina se opusiera a la ya intuida pretensión de Johnson de estrechar el calendario. A lo largo de su reinado, Isabel II se ha mostrado escrupulosamente neutral en las batallas políticas. Pero la situación que vive el Reino Unido es excepcional. El temor a un caos económico y social como efecto de un Brexit duro hizo que se evocara el papel moderador de la Corona. De momento, la Reina ha optado por aceptar la propuesta del jefe del gobierno, sin entrar en las consideraciones políticas que lo hayan motivado.

Los brexiteers duros que arropan a Boris sostienen con esa tópica flema británica que en absoluto se ha pretendido acallar a los diputados ni cercenar la democracia, y que hay tiempo para debatir sobre el Brexit. Sólo habrá dos semanas desde que la Reina pronuncie el discurso de apertura de la nueva legislatura (14 de octubre) y la fecha fijada para la salida del Reino Unido de la UE (31 de octubre).

Expertos en el sistema político británico consideran que hay mecanismos y antecedentes que habilitarían a la oposición para hacer saltar el cerrojo ideado por Johnson

No obstante, expertos en el sistema político británico (Gran Bretaña no dispone de una Constitución escrita) consideran que hay mecanismos y antecedentes que habilitarían a la oposición para hacer saltar el cerrojo ideado por Johnson, pero admiten que los tiempos son tan cortos que parece poco realista ensayar esa estrategia.

La alternativa consistiría en plantear una moción de confianza. El líder laborista ya manifestó su disposición favorable a lo largo del mes de agosto y se lo comunicó a sus aliados potenciales, que son el resto de grupos políticos y no pocos conservadores aterrados ante las consecuencias de una salida sin acuerdo. Si el primer ministro perdiera la votación, la Ley de plazos fijados en el sistema electoral (en vigor desde hace pocos años) contempla un período de 14 días para que se forme un gobierno nuevo con la confianza del Parlamento; en caso contrario, se deben celebrar elecciones anticipadas (snap elections).

Pero la mencionada ley no estipula explícitamente que el primer ministro derrotado en la moción de confianza tenga que dimitir inmediatamente. Según la interpretación que algunos juristas hacen, Johnson podría aprovechar esta ambigüedad para adelantarse a la formación del gobierno alternativo y convocar elecciones para después del 31 de octubre, probablemente a primeros de noviembre.

Naturalmente, esta medida despertaría mucho rechazo incluso en las propias bancadas conservadores. Pero Boris retaría a los suyos, para comprobar si se atreverían a derribar a un dirigente conservador recientemente elegido en las internas del Partido por amplia mayoría y favorecer la llegada a Downing Street de un laborista como Corbyn, al que todos los tories consideran un peligroso radical.

El ‘golpe’ de Boris